El viernes se produjo el retiro total de tropas del ejército mexicano en Río Euseba y Guadalupe Tepeyac, con esto, se dio pleno cumplimiento a una de las principales demandas del EZLN para reiniciar las negociaciones de paz. La liberación de presos que el zapatismo considera como detenidos dependerá de los gobiernos de Tabasco y Querétaro. Por último, la aprobación de la ley de derechos y cultura indígenas, la Comisión de Asuntos Constitucionales parece haber llegado a un acuerdo para colocar la nueva legislación en el ámbito constitucional. Se trata de señales sin duda positivas para avanzar en la solución del conflicto armado. Sin embargo el conflicto en Chiapas trasciende en mucho a la posibilidad de la firma de la paz entre el EZLN y el gobierno federal.
El viernes se produjo el retiro total de las tropas del Ejército mexicano en Río Euseba y Guadalupe Tepeyac, con lo que se dio pleno cumplimiento a una de las principales demandas del EZLN para reiniciar las negociaciones de paz. Las otras dos, la liberación de los presos que el zapatismo considera como detenidos de conciencia, dependerá ya de la decisión de los gobiernos de Tabasco y Querétaro, donde permanecen los 5 últimos detenidos. Respecto al último punto, la aprobación de la ley de derechos y cultura indígenas, la comisión de asuntos constitucionales que preside Manuel Bartlett parece haber llegado a un acuerdo para colocar la nueva legislación en el ámbito constitucional en un solo artículo de la carta magna para solucionar así el conflicto que se generaría de modificar una serie de artículos y compatibilizar la nueva redacción. De aprobarse esa interpretación, la ley podría estar aprobada antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, esta misma semana.
Se trata de señales sin duda positivas para avanzar en la solución del conflicto armado. Sin embargo, los propios hechos nos demuestran, un día sí y el otro también, que el conflicto en Chiapas trasciende en mucho a la posibilidad de la firma de la paz entre el EZLN y el gobierno federal, que como hemos insistido en múltiples oportunidades, el verdadero conflicto, el profundo, el que no se resolverá se llegue o no a acuerdos con los zapatistas, es el que se ha generado a lo largo de estos años en las comunidades, donde los simplificadores de todos los colores insisten en percibir, simplemente, un enfrentamiento entre bases zapatistas y grupos paramiliatares.
Por supuesto que unos y otros existen y operan, pero la verdad es que la comunidades están profundamente divididas por razones que trascienden la lucha política: hay enfrentamientos políticos y armados, pero también por la propiedad de la tierra, por razones religiosas, por diferencias familiares ancestrales, por la presencia del crimen organizado en muchas comunidades. Todo ello existía antes y siguió existiendo después del surgimiento del zapatismo, pero desde el primero de enero de 1994 todos esos conflictos intracomunitarios se han agudizado y la salida de la violencia (en Chiapas hubo más de dos mil muertes violentas el año pasado que no pueden identificarse como consecuencia del conflicto zapatista) es cada vez más recurrente. Y querer encasillar la violencia, buscar respuestas fáciles, identificar a las víctimas como buenas o malas, optar por la solución de blancos y negros, obviando los grises, es siempre y sobre todo en Chiapas, un grave error.
El mejor ejemplo de esta situación la tuvimos el mismo viernes. Pudimos atestiguar la salida de las tropas en Guadalupe Tepeyac y lo que ello implica para la búsqueda de la paz. Pero casi al mismo tiempo que el último soldado abandonaba Guadalupe Tepeyac y se dirigía hacia el nuevo centro de reunión que tienen las fuerzas armadas en esa región, ubicado en Nuevo Momón, a muchos kilómetros de allí, en el municipio de Venustiano Carranza, en el poblado conocido como Las Antenas, un grupo de hombres encapuchados y armados con Ak-47 masacraba a ocho campesinos pertenecientes a una organización catalogada como priísta, llamada Bartolomé de los Llanos, en constante enfrentamiento con otra, calificada como perredista, por la posesión de distintos predios en la entidad, entre ellos uno que acababa de desalojarse de unas dos mil hectáreas.
Un enfrentamiento de estas características no se puede simplificar. El propio gobernador Pablo Salazar no minimizó el hecho y aseguró que en lo sucedido en Venustiano Carranza nadie puede engañarse, que se trató de una emboscada y una ejecución. ¿Tuvo relación este hecho con el desalojo que se estaba escenificando a la misma hora en Guadalupe Tepeyac, en la noche del jueves?. Nadie podría asegurarlo: es más, el municipio de Venustiano Carranza, está marcado por una fuerte presencia del narcotráfico y del tráfico de gente, es casi una ruta obligada para los más importantes grupos de polleros que trasladan gente, armas y drogas desde Centroamérica. Allí no hay presencia del zapatismo pero sí hubo del Procup y se considera que sigue habiendo del EPR que podría estar infiltrado en las estructuras del PRD. Y sin duda entre los llamados priístas, hay grupos armados, algunos de ellos relacionados con los polleros.
Todo eso le da al caso Venustiano Carranza una dimensión muy peculiar. Pero nadie podría negar o justificar por eso la muerte a mansalva de ocho campesinos y querer minimizarla, como algunos intentaron hacerlo en los últimos días, con el argumento de que se trataba de priístas o, incluso, paramilitares. ¿Acaso hay vidas humanas, vidas de indígenas y campesinos que de acuerdo con su adscripción ideológica son más valiosas que las otras?. Para algunos participantes de la vida política chiapaneca pareciera que sí. Y no es la primera vez que ocurre, ni será la última. Hace unos años pude hacer un amplio reportaje sobre lo que ocurría en una localidad llamada Plátanos, ubicada exactamente enfrente de El Bosque, donde se dio un brutal enfrentamiento entre fuerzas policiales y zapatistas, con un saldo de varios indígenas de esta organización muertos. La denuncia sobre lo sucedido en El Bosque aún está en los medios. Pero en Plátanos pude atestiguar y mostrar cómo los asesinatos operaban en sentido contrario: como esa comunidad que no era zapatista, era emboscada por un contingente que se calificaba como zapatista cada vez que entraba o salía de su pueblo y bajaba a tratar de trabajar sus cafetales. Eran ya muchos los muertos y los heridos pero la denuncia pública prácticamente nunca se presentó. Cuando públique aquella historia uno de los más reconocidos colegas de indudables simpatías zapatistas, dijo y escribió que era un ardid publicitario para desprestigiar al zapatismo, que era una trampa para demostrar que había otros indígenas acosados por el EZLN. Nunca desmintió, ni él ni nadie los asesinatos de Plátanos, nunca tampoco nadie realizó un movimiento de solidaridad con esa comunidad tan castigada. Y sin embargo eran, son, tan indígenas, tan pobres, tan abandonados como sus vecinos del cerro de enfrente, de El Bosque.
Esa situación se repite día con día en la geografía chiapaneca y en la mayoría de los casos los grupos que se enfrentan son calificados como zapatistas o paramiliares, como priístas o perredistas, cuando en realidad el enfrentamiento, con los colores ideológicos que se le quiera dar, tiene orígenes en la propiedad de la tierra o en luchas religiosas potenciadas por el propio conflicto político.
Eso lo pudimos ver el mismo viernes en Guadalupe Tepeyac. Se retiraron los militares, se regresaron ls instalaciones militares para construir en ese lugar un centro de desarrollo comunitario con participación de los habitantes del lugar. El único problema es que las poco menos de cien familias que allí vivían y que abandonaron la comunidad luego de la ofensiva militar en febrero de 1995, no regresaron aún a su poblado. En el acto del viernes había unos pocos indígenas, algunos de ellos de las bases zapatistas de la región, estaban el médico y algunas enfermeras del célebre hospital que inauguró en agosto de 1993 Carlos Salinas de Gortari y que, desde el inicio del conflicto trabaja muy por debajo de su capacidad, y muchos exponentes del llamado turismo revolucionario que terminado el acto se apresuraron a pintar las bardas con algunos símbolos anarquistas (que le dirán mucho a algunos grupos urbanos, pero que nada le dicen a los indígenas chiapanecos). La gente de Guadalupe Tepeyac no volvió a sus casas que ahí están, que se supone que no han sido tocadas ni por el ejército ni por lo operadores de la Sedesol que recibieron el predio y mantienen el control de la zona. Mientras ese regreso no se dé, el retiro militar de Guadalupe Tepeyac funciona como un símbolo político pero no garantiza la reconciliación de la comunidad, misma que no sólo querrá ver qué hace con las instalaciones que ahora quedaron bajo su control, ni con sus casas si es que éstas siguen ahí, sino también con sus tierras. ¿Y alguien podría garantizar que éstas no han sido ocupadas por otras familias que decidieron no abandonar la comunidad o por quienes llegaron posteriormente?. Ahí está el factor de estabilidad o enfrentamiento y lo mismo se repite en prácticamente todas las comunidades chiapanecas: por ellas pasa, en realidad, la posibilidad o no de la pacificación del estado.