El asesinato de una joven edil de Atizapán de Zaragoza, María de los Angeles Tamés, ocurrido en septiembre pasado, comienza a esclarecerse dejando al descubierto una trama de corrupción que confirma, como hemos dicho en muchas otras oportunidades, que el control real del Estado, en muchos puntos del país, y en este caso en uno de los municipios más cercanos a la capital, no lo tienen las distintas instancias del gobierno federal, estatal o municipal, sino grupos de poder, relacionados con el crimen organizado que, asociados con grupos del poder político, establecen ese control sobre poblaciones, regiones, a veces entidades completas. Lo de Atizapán es, además, una demostración que en esta penetración del crimen organizado, no existen fronteras ideológicas: en este caso, el PAN se enfrenta al primer caso desde que está en el poder, de un crimen político cometido por funcionarios ligados a ese partido y, además, ligados al crimen organizado.
