Hoy, se cumple un nuevo aniversario del famoso balconazo, un crimen múltiple organizado desde el propio gobierno. Mañana, miércoles, se publicará oficialmente el reglamento de la nueva ley de información y transparencia. La ley debe ser entendida como un instrumento para poder acceder, en forma oficial a información de todo tipo sobre la función del gobierno, sus funcionarios y dependencias.
Hoy, cuando se cumple un nuevo aniversario del famoso halconazo, un crimen múltiple organizado desde el propio gobierno y del que a más de 30 años aún no podemos saber, a ciencia cierta quién o quiénes fueron los verdaderos responsables para que sean castigados como corresponde, es una fecha idónea para recordar la ineludible necesidad de contar con información transparente y oportuna de parte del Estado mexicano.
En este sentido, hoy tendría que ser, también, un día para festejar. Mañana, miércoles, se publicará oficialmente el reglamento de la nueva ley de información y transparencia y, al día siguiente, el jueves 12 ésta entrará en vigor en forma plena. La ley debe ser entendida como un instrumento para poder acceder, como sucede en otros países, en forma oficial a información de todo tipo sobre la función del gobierno, sus funcionarios y dependencias, también como una instancia para poder tener acceso a documentos e información que, por distintas razones, se haya considerado confidencial o secreta en un momento determinado: están definidos los campos en que se debe abrir esa información, están creadas las instancias responsables de entregarla y se cuenta con un ciudadanizado Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) que está encargado de fomentar la utilización de esos instrumentos y de garantizar que la ley se cumpla.
Pero debemos quedarnos con el interrogante sobre las posibilidades reales de la nueva ley y las nuevas instituciones que de ella emanan, porque desde distintos ámbitos del Estado se quiere utilizar la nueva ley como coartada, no para abrir la información sino para restringirla, no para tener una sociedad más informada sino para limitar y delimitar la información que se puede o quiere entregar. La ley de acceso a la información está sirviendo, vía la expedición de diversos reglamentos, sobre todo en organismos autónomos del gobierno federal, para generar intensos debates sobre los límites de la información más que sobre los mecanismos de acceso a ésta. Un ejemplo es lo que está sucediendo en el IFE; otro lo que se dijo ayer en la cámara de diputados de que no se podrá informar, por ejemplo, sobre el avance en comisiones del debate respecto a iniciativas de ley, hasta que haya un acuerdo para presentarlas al pleno. Es una estupidez, la propia comisión y sus integrantes deberán analizar, por ejemplo, si se debe o no difundir los avances en los debates de una iniciativa, pero la sociedad debe saber qué se está planteando, que diputado y qué partido apoya qué cosa y no dejar todo en una secrecía que lo único que fomentará será un flujo aún mayor de filtraciones.
Se debe destacar que ése no fue ni es el espíritu de la nueva ley: más bien es al contrario. Los problemas se están presentado por una interpretación insidiosa, falsa, de la ley con la intención, en determinados sectores, de enredar lo más posible el acceso a la información y dificultar la transparencia en la función pública. Nada mejor que excusarse en una ley que por sus propias características es difícil de comprender en plenitud fuera de los ámbitos especializados, para avanzar en algo en que, desde distintas instancias de poder, coinciden muchos actores políticos: se debe poner un alto a los medios, dicen, porque están "fuera de control".
Existe, sin embargo, una instancia cuya responsabilidad no sé si la han aquilatado en su verdadera dimensión sus nuevos integrantes. Se trata del IFAI: la ley establece con toda claridad que debe ser allí donde se deberán dirimir todas las contradicciones que se generen en la interpretación de la ley y donde la ciudadanía en general podrá recurrir para obligar a que determinadas instituciones proporcionen información que, en un momento dado, hubieran negado. Y decimos que quizás los nuevos comisionados (son cinco, encabezados por la presidenta del Instituto, María Marván Laborde, además de Horacio Aguilar Alvarez del Alva, Alonso Gómez Robledo Verduzco, Juan Pablo Guerrero Amparán y José Octavio López Presa) no terminan de ser plenamente conscientes de su responsabilidad porque todo indica que la carga de trabajo que tendrán apenas comience el jueves a trabajar plenamente el Instituto será, lisa y llanamente, enorme, precisamente por los intentos, en muchos casos involuntarios y en otros plenamente deliberados, para transformar la ley de acceso a la información en una limitante para ésta.
El IFAI debe definir con rapidez y precisión muchos aspectos de la política de acceso a la información que no pueden restringirse a la simple letra del reglamento y sus diferentes apreciaciones de parte de cada dependencia federal. Tampoco el IFAI podrá esperar a analizar uno por uno cada caso que se le presente, sin contar con normas y criterios claros y afianzados entre sus miembros para disminuir al mínimo posible el margen de discrecionalidad y ampliar, al máximo, el del acceso a la información.
Los temas son muchos y deben ser analizados con cuidado. Se establece, por ejemplo, que los temas que afecten a la seguridad nacional no pueden ser divulgados. Muy bien, pero ¿quién define qué es y qué no es lo que afecta la seguridad nacional?. Hace ya muchos años, el New York Times y el Washington Post terminaron demandados ante la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos por difundir información que, según el Pentágono, afectaba seriamente la seguridad nacional: se trataba de los célebres papeles del Pentágono que demostraban que el grado de involucramiento de Estados Unidos en Vietnam iba mucho más allá de los asesores y apoyos de los que hablaba la Casa Blanca. El proceso duró años, pero dos décadas después se reconoció oficialmente que, en realidad, lo que se afectaba con esa información no era la seguridad nacional sino la credibilidad de los mandos civiles y militares de aquella época que, lisa y llanamente, le habían escondido la verdad a la gente, habían mentido. ¿Tienen el Instituto y sus cinco comisionados claridad sobre qué sí y qué no se puede divulgar en ese ámbito que es, desde ya, uno de los más conflictivos?. Porque si se deja al criterio de las instituciones encargadas de la seguridad pública y nacional, hasta por una definición profesional, de allí no saldrá nada. Y será responsabilidad del Instituto definir qué temas pasan y cuáles, efectivamente deberán ser restringidos o confidenciales.
Pero no se trata sólo de la seguridad. Hay datos económicos. Por ejemplo, la real capacidad de Pemex de explotación, de exploración, el dato exacto de sus reservas. Hay empresas privadas que ya han anunciado que solicitarán toda esa información y en la paraestatal ya se les ha adelantado que no podrán acceder a ella. Yo no sé qué tanto de esa información es estratégica y debe permanecer en secreto (¿en un mundo como éste realmente alguien cree que esa información es todavía realmente secreta?), pero lo que es decisivo es que los miembros de la junta del IFAI lo tengan claro porque no podrán tomarse meses y convertirse en expertos petroleros para dar una respuesta. Y no pueden, en uno u otro sentido, equivocarse.
Está el siempre polémico debate entre lo público y lo privado: qué tiene derecho a saber la sociedad sobre la vida privada de un funcionario y qué no. Y ello involucra desde temas económicos y financieros hasta de salud. El límite es difícil de establecer: ¿debemos saber cuál es el patrimonio de un funcionario público?. En automático, la respuesta probablemente será que no, pero ¿cómo confirmar un posible enriquecimiento ilícito de alguien sin contar con esa información?
Hay muchos otros campos que exigen definiciones precisas, y van desde el ámbito de la política exterior hasta la política fiscal. Es más, incluso, en los casos en los que exista la convicción de que se debe mantener la confidencialidad sobre ciertos datos, la pregunta obvia es cuánto dura ésta y en qué casos esa interdicción se aplica.
Y los comisionados del IFAI no tendrán algunos años, ni siquiera meses, para definir todo esto y mucho más. Ojalá, a partir del jueves no se sorprendan al descubrir que la posición en la que están puede determinar, en buena medida, muchos de los cursos políticos actuales del Estado mexicano. Tendrán que adoptar decisiones trascendentes en numerosos casos y no tendrán demasiado tiempo para ello. Deben estar preparados.