El martes, en El Noticiero, Joaquín López Dóriga presentó información proveniente de la Procuraduría General de la República, en la cual el Auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, habría cobrado cheques, equivalentes a 1.8 millones de dólares, entre 1992 y 1993.
El martes en la noche, en El Noticiero, Joaquín López Dóriga presentó información proveniente de la Procuraduría General de la República, según la cual, el actual Auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, habría cobrado cheques provenientes de la partida secreta de la presidencia de la república, equivalentes a 1.8 millones de dólares, entre 1992 y 1993.
La noticia, por supuesto, es de llamar la atención. La pregunta, sin embargo, es porqué surge ahora y porqué las autoridades están manejando esa información. En principio, no parece haber delito en el cobro de esos cheques: el gobierno tenía discrecionalidad, desgraciadamente, en la utilización de esa partida secreta y González de Aragón argumenta que esos pagos eran destinados al despacho de auditores que encabeza, que en esas fechas estaba encargado de la auditoria externa, precisamente del presupuesto de la presidencia de la república y del programa nacional de solidaridad. Pero eso no explica ni la filtración ni el porqué, insistimos, de la información.
El punto está en otra parte. Hace unos meses, el auditor González de Aragón presentó sus observaciones sobre la cuenta pública 2001 y los resultados cayeron como un balde de agua fría en el gobierno federal: presentó observaciones por 340 mil millones de pesos, casi un tercio del presupuesto total ejercido por la administración Fox en su primer año de gobierno. Buena parte de esas cantidades observadas corresponden a recursos relacionados con Pemex y, sobre todo, con operaciones del Fobaproa. De todas formas, quitando Pemex y Fobaproa, quedaban unos 120 mil millones de pesos como reportados por el auditor superior de la federación, que el gobierno federal debió aclarar a más tardar hacia fines de mayo. Esas observaciones no significan, necesariamente, que se trate de malversaciones pero sí de operaciones no regulares que deben ser explicadas por las distintas dependencias federales para establecer si hubo fallas administrativas o incluso delitos si se trató de operaciones ilegales. La cantidad no es precisamente menor: en el año en que mayor cantidad de observaciones hubo en una cuenta pública, éstas nunca sobrepasaron los 20 mil millones de pesos. Ahora estamos hablando de una cantidad casi quince veces superior.
Con un agravante: González de Aragón ha demandado el descuento de los intereses moratorios improcedentes y de los créditos irregulares del Fobaproa, una operación calculada en 40 mil millones de pesos. Ello ha provocado una controversia constitucional del poder ejecutivo en contra del legislativo (la auditoria superior de la federación, aunque es autónoma depende institucionalmente del congreso) argumentando que la ASF no tiene atribuciones para realizar esa recomendación. También se ha generado otra controversia promovida por el antecesor de González de Aragón, Gregorio Guerrero Pozas que demanda que se reponga el procedimiento mediante el cual fue reemplazado al frente de la ASF y elegido su sucesor. Ambas controversias están en manos de la Suprema Corte de Justicia cuyas resoluciones podrían modificar, por una parte, todo el esquema de rescate bancario organizado en torno al Fobaproa y autorizarían una capacidad de intervención del legislativo sobre el ejecutivo hasta ahora inédita. Pero también la Corte decidirá la propia permanencia de González de Aragón al frente de la ASF, un cargo en el que fue electo por dos terceras partes de la cámara de diputados, con el voto del PAN y el PRI, y en el que puede permanecer hasta el año 2009, con posibilidad de reelegirse incluso por otros nueve años.
La presentación de los resultados de la Cuenta Pública 2001 despertó el conflicto entre la Auditoria y el gobierno federal. Este se acrecentó cuando, inmediatamente después de la presentación de las observaciones sobre la misma, se recrudecieron las auditorias fiscales de Hacienda contra el propio González de Aragón, su despacho contable y un grupo radiofónico del que es propietario, Grupo Nueva Radio.
El conflicto entró en una suerte de cono de sombra cuando a mediados de junio se decidió postergar la presentación de las conclusiones de la Auditoria sobre la cuenta pública 2001 hasta después de las elecciones. Pero ahora, apenas el lunes, se había informado que sería el 25 de julio cuando González de Aragón haría esa presentación que, de acuerdo con lo que considere la Auditoria, podría resultar un golpe político fatal para un gobierno federal seriamente debilitado, ya, por los resultados electorales del domingo pasado. Imaginémonos que sólo un uno por ciento de las observaciones originales terminaran siendo denunciadas como ilícitas por el auditor y estaríamos hablando de irregularidades por más de 3 mil millones de pesos. Y fue el propio PAN, cuando presentó el proyecto de ley para crear al auditoria (y no imaginó que un año después serían ellos quieren estarían a cargo del gobierno federal), el que otorgó tantas atribuciones legales a la ASF que sus acusaciones pueden transformarse inmediatamente en una multitud de procesos penales en contra de distintos funcionarios del gobierno federal, lo que le crearía un gravísimo problema adicional, a los muchos que ya tiene, a la administración Fox. Para colmo, pese a que se esperaban las resoluciones de la Corte para mediados de junio, éstas no se han producido y todo indica que la confrontación es inevitable. El problema es que el ejecutivo no tiene, legalmente, como frenar al auditor.
Por eso la información sobre los cheques de la partida secreta en la época de Salinas, pero también para direccionar la acusación política (si no necesariamente judicial) sobre algo que señalábamos el 16 de junio pasado en Milenio Semanal: se asegura en el gobierno federal que González de Aragón es socio en la empresa Nueva Radio del ahora diputado virtualmente electo del PRI, Francisco Rojas Gutiérrez, ex director de Pemex, ex contralor de la Federación y sin duda, hoy, el hombre de mayor confianza política del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Incluso se asegura que el actual auditor fue durante la administración de Carlos Salinas, el asesor financiero y contable del propio presidente. Ahora, presentados los cheques de la partida secreta, se confirma no sólo la cercana relación de González de Aragón con Carlos Salinas, sino también que su despacho tuvo en sus manos la auditoria del programa nacional de solidaridad (que recordemos que era manejado por el ahora senador Carlos Rojas Gutiérrez, hermano de Francisco Rojas) y de los manuales de operación de ese programa que fue la piedra medular del salinismo.
Pero el problema es que nada de eso, por lo que se ve, resulta ilegal, como tampoco lo es, si se confirmara, la relación de negocios de González de Aragón con Rojas Gutiérrez. Y si esas relaciones eran públicas, resulta desconcertante que el panismo haya llegado a un acuerdo con el PRI, luego de un largo proceso de auscultación de innumerables candidatos, para darle esa responsabilidad a González de Aragón sin saberlo previamente. Hoy podríamos decir que, quizás, sólo quizás, por esas relaciones políticas el actual auditor no era el más adecuado para ser designado en ese cargo, pero lo que resulta incomprensible es porqué hace año y medio, cuando fue electo, esas relaciones no fueron consideradas un problema por el PAN y por el presidente Fox y ahora sí lo son.
El tema de controversia, por lo tanto, no está ni en los cheques de la partida secreta, ni en las relaciones políticas pasadas o presentes de González de Aragón, sino en los resultados de la cuenta pública 2001, en las acusaciones que dentro de unos días podría presentar el auditor superior contra varios funcionarios federales como resultado de la auditoria de la misma y en el debate que él mismo ha generado en torno a los pagarés del Fobaproa. Si en junio decíamos que era urgente una resolución de este conflicto porque dejaba en medio de la bruma a una de las instituciones que se habían creado precisamente para otorgar transparencia al accionar del ejecutivo federal, ahora, menos de un mes después, esa bruma se ha convertido en una guerra sucia. Ese conflicto entre personalidades, poderes, instituciones, puede derivar uno de los más graves problemas de la administración Fox no sólo para los próximos meses sino para su propio futuro.