Esta semana está prevista una reunión del presidente Fox con la dirigencia del PRI para comenzar a negociar la agenda legislativa. Los priístas llegarán a ese encuentro después de su triunfo electoral del seis de julio habiendo superado sin rupturas el proceso de elección de su coordinadora legislativa en la cámara de diputados. El encuentro se dará en una semana difícil para el gobierno de Vicente Fox que comenzará, de esa forma, a acusar la debilidad en la que lo dejaron las pasadas elecciones.
Esta semana está prevista una reunión del presidente Fox con la dirigencia del PRI para comenzar a negociar la agenda legislativa. Los temas pendientes son muchos y los priistas llegarán a ese encuentro después de su triunfo electoral del seis de julio y habiendo superado sin rupturas el proceso de elección de su coordinadora legislativa en la cámara de diputados, una responsabilidad que como era previsible (pero con muchas más dificultades que las esperadas) recayó en Elba Esther Gordillo, una mujer a la que el presidente Fox le tiene confianza y con la que se sentirá más seguro en una negociación que con Manlio Fabio Beltrones e incluso que con Roberto Madrazo. Pero Elba Esther también, y eso no se puede negar, llega a esa posición con muchos más límites, más acotada políticamente de lo que se pensó originalmente.
Pero el encuentro se dará en el contexto de una semana difícil para el gobierno de Vicente Fox que comenzará, de esa forma, a acusar la debilidad en la que lo dejaron las pasadas elecciones. Esas dificultades se reflejarán en dos procesos que deberá afrontar pagando costos políticos en ambos.
El miércoles o jueves, finalmente, después de más de tres años de que se realizara la primera denuncia formal sobre el caso, el Instituto Federal Electoral presentará formalmente la acusación contra el PAN (y también contra el partido Verde) por los recursos ilegales que fluyeron a la campaña de Vicente Fox en el año 2000. Un día después, el viernes, el auditor superior de la federación, Arturo González de Aragón, dará a conocer, también luego de un largo retraso motivado por razones estrictamente políticas, los resultados de las auditorias a la cuenta pública del año 2001, ya después de la respuesta que los distintos funcionarios realizaron a las observaciones originales presentadas por el auditor que involucraban nada más y nada menos que 340 mil millones de pesos observados, o sea casi una tercera parte del presupuesto federal.
En el primer caso, el del IFE, las acusaciones contra el PAN por el caso Amigos de Fox, incluye diversos delitos, como aportes provenientes del exterior, donativos de empresas mercantiles y la superación de los topes de campaña, además de gastos ilegales en medios de comunicación y el falsear la información sobre donativos de sus militantes. La acusación del IFE demostrarán que vía Amigos de Fox y con conocimiento del PAN, se montó toda una operación para financiar de manera irregular la campaña de Vicente Fox que podría, debería tener, también consecuencias penales.
Una vez que el IFE presente su acusación emplazará a los partidos de la Alianza por el Cambio, el PAN y el PVEM, a que presenten pruebas de descargo y pocos días después emitirá su sentencia que se estima en una multa de cientos de millones de pesos (se calcula que rondará, como mínimo entre los 400 y 500 millones). Nadie podrá dudar que, para el gobierno y para el PAN serán un golpe, sobre todo, a su credibilidad y legitimidad.
No tendrán demasiado tiempo para recuperarse porque un día después, el viernes 25 el auditor superior de la federación presentará sus conclusiones sobre la cuenta pública del 2001 que puede ser, para el gobierno federal, un problema mucho mayor que el de Amigos de Fox. Porque si el financiamiento de la campaña de Fox pudiera justificarse políticamente por la ambición de sacar al PRI de Los Pinos, como en su momento dijo Lino Korrodi, las irregularidades en la utilización del presupuesto en el primer año de gobierno sólo podrá justificarse por inexperiencia o directamente por corrupción. Y ambos mensajes son los peores que podría esperar el gobierno federal en estos momentos. Es verdad que los 340 mil millones de pesos "observados" por Arturo González de Aragón no tienen, necesariamente porqué convertirse en irregularidades o hechos ilícitos, pero imaginémonos que sólo un uno o dos por ciento de esa cantidad resulte en ilícitos y tendremos en puerta un gran escándalo en un momento de real debilidad política.
El propio gobierno federal, o personajes cercanos a él, lo han acrecentado con el acoso al que ha sido sometido el auditor superior de la federación, Arturo González de Aragón, acoso que ha aumentado en las últimas fechas con la divulgación, como si fueran producto de relaciones ilícitas, de pagos realizados al despacho de auditores que presidía González de Aragón realizados por distintas dependencias de gobierno desde los años 90. En realidad, el despacho del actual auditor era, es, uno de los más importantes del país para esos menesteres y solía ser utilizado por distintas dependencias, incluyendo la propia presidencia de la república, para las auditorias externas de sus propias cuentas. González de Aragón lo que hizo fue brindar, vía su despacho, un servicio profesional y cobrar por ello. Utilizar la filtración de esa información para intentar desprestigiarlo, parece ser un golpe bajo de bastante mal gusto y sin demasiado sentido.
Por lo pronto, ha sido la propia PGR la que ha especificado que no hay ninguna averiguación previa en contra del auditor y éste, en medio de ese clima presentará el viernes sus conclusiones sobre la cuenta pública del primer año del foxismo. Paradójicamente, si el viernes el auditor sostiene que no hubo irregularidades, muchos creerán que las presiones surtieron efecto, no que no hubo ilícitos. Si las confirma se interpretará como que el gobierno, pese a sus presiones, no pudo doblegar al auditor. En todos los casos, significará, en términos de opinión pública, un golpe difícil de ignorar.
Quizás, la administración Fox ha decidido asumir todos los costos pendientes en estas semanas, antes del inicio del próximo periodo legislativo, para tener una suerte de nuevo comienzo. El hecho es que casualmente, la PGR decidió ayer mismo que contra todos los involucrados en el caso pemexgate no se ejercitara acción penal por el delito de lavado de dinero, manteniendo sólo la acusación por delitos electorales, lo que abre una gran espacio para la defensa de estos funcionarios entre los que están Rogelio Montemayor, Jorge Cárdenas, Carlos Almada y los dirigentes del sindicato petrolero, no sólo respecto al delito que les queda pendiente sino incluso para la revisión ante el tribunal electoral del poder judicial de la federación de la multa por mil millones de pesos que les aplicó el IFE. El único punto que convierte el pemexgate en delito es determinar, en última instancia si el dinero que la paraestatal le entregó al sindicato efectivamente ingresó ilegalmente al PRI y de qué forma. Lo demás queda para un juicio ético de los funcionarios y dirigentes sindicales involucrados, pero difícilmente se podrá avanzar mucho más en el ámbito penal.
En realidad, como lo consignamos en su momento, la PGR era conciente de que no se podría acreditar el delito de lavado de dinero, si se avanzó en esa ruta fue porque entonces el contralor Francisco Barrio presionó al gobierno federal para que se fincaran acusaciones y la única vía que tenían las autoridades para poder librar órdenes de aprehensión era por ese delito, por más endeble que fuera la acusación. Fue la época del debate entre Francisco Barrio y Francisco Gil Díaz, cuando el primero le dijo al presidente Fox que no tenía que cambiar cacahuates (refiriéndose a la reforma fiscal) por lingotes de oro (en relación al pemexgate, que consideraba que sería un arma mortal contra el priismo). Las cosas terminaron siendo diferentes, los resultados electorales castigaron al gobierno y ahora, los lingotes de oro parecen haberse convertido en cacahuates.