El IFE finalmente cerró la investigación del caso Amigos de Fox aunque, por razones de tiempo y boicot que tuvo la investigación por parte de autoridades federales, no pudo terminar de ahondar en el caso, se llego a conclusiones importantes: la campaña de Vicente Fox en el 2000, no se reportaron ingresos de 98 millones 800 mil pesos; se recibieron recursos del exterior por un millón de pesos y poco más de 160 mil dólares. Se trata de una suma de graves faltas administrativas y penales.
El IFE finalmente cerró la investigación del caso Amigos de Fox aunque, por razones de tiempo y por el boicot que tuvo la investigación de parte de autoridades federales, no pudo terminar de ahondar en el caso todo lo que hubiera deseado. Con todo, se llegó a conclusiones importantes: en la campaña de Vicente Fox en el año 2000, no se reportaron ingresos por 98 millones 800 mil pesos; se recibieron recursos del exterior para la campaña por un millón de pesos y poco más de 160 mil dólares. Tuvieron aportaciones mercantiles, o sea de empresas, lo que también está prohibido por la ley, por 18 millones 200 mil pesos. Se rebasaron los topes de campaña por 21 millones 700 mil pesos y se encontraron 77 millones 486 mil pesos que no se pudo identificar qué origen tenían.
Se trata de una suma de graves faltas administrativas y penales que, además, dejan en entredicho al propio presidente Fox, que había asegurado que no habo dinero del extranjero en su campaña ni tampoco recursos no identificados. Ahora sabemos que hubo eso y mucho más o sea que el presidente lo ignoraba o no dijo la verdad. Habrá que esperar cinco días hábiles para que el PAN y el Partido Verde (que en términos estrictos no tuvo demasiado que ver en todo esto) presenten sus pruebas de descargo para que el IFE decida cuál será la multa a aplicar y cómo interpretará las faltas, porque si bien son por un monto menor al pemexgate, en otro ámbito pueden ser consideradas faltas mayores. La multa en sí podría oscilar entre los 200 y los 500 millones de pesos.
Pero ¿cuál será la verdadera trascendencia de todo esto, fuera del pago de una multa de la que, evidentemente, por lo menos el PAN, no se podrá librar? El hecho es que el caso Amigos de Fox ya se ha equiparado, no sólo en los medios sino también en términos legales con el llamado pemexgate, con la diferencia de que en la investigación que involucra al PAN aún se está avanzando y queda la impresión de que todavía podría haber mucho por descubrir, mientras que el caso Pemex ya casi se agotó, porque la fuerte ofensiva mediática que se ejerció el año pasado, se fue desinflando y se llegó, apenas esta misma semana, a la conclusión de que no se ejercería acción penal por el principal delito del que estaban acusados los involucrados en el pemexgate: el lavado de dinero, estableciendo que esos recursos tuvieron un origen lícito, la propia paraestatal.
El proceso sigue ahora, pero sólo por peculado y peculado electoral, y el caso ya no está en la UEDO sino en la Fiscalía para Delitos Electorales. En ese sentido, algunos sectores del panismo, sobre todo los allegados a Francisco Barrio y éste mismo, levantaron la voz contra la PGR argumentando, como dijo Barrio, que le gustaría verla "más echada para adelante" en estos casos, aunque reconoció también que quizás no hay argumentos legales para avanzar en ese sentido.
Pero ese fue precisamente el problema y Barrio lo sabía desde un principio porque fue motivo de debate durante semanas entre Barrio, entonces en la secretaría de la Contraloría, y la PGR: la procuraduría argumentaba que, en la forma en que la gente de Barrio había integrado el expediente sería imposible fundamentar el cargo de lavado de dinero, por la sencilla razón de que se sabía de dónde habían salido esos recursos y a dónde habían ido: se obtuvieron mediante un convenio entre Pemex y el sindicato, aprobado por lo menos por siete secretarías de estado y refrendado por documentos públicos. Se podrá argumentar y tratar de procesar a los responsables argumentando que no tenían atribuciones para realizar esa acción, como se está haciendo, pero evidentemente no había base para hablar de lavado de dinero, cuando éste proviene de fuentes legítimas. Puede ser un acto inmoral, poco ético, perverso como dice Barrio e incluso, en su modalidad de peculado, ilícito, pero no era lavado de dinero. Eso se lo dijeron a Barrio y éste lo rechazó, filtrando información contra la PGR hasta que ésta, por órdenes presidenciales, tuvo que actuar prácticamente contra su voluntad realizando esa acusación.
¿Por qué era necesario el cargo de lavado de dinero? Porque era la única forma de poder presentar órdenes de aprehensión y de que los inculpados no obtuvieran inmediatamente la libertad bajo fianza. Barrio se impuso y fue cuando habló de que no se cambiarían cacahuates por lingotes de oro y cuando aseguró que, ahora sí, iban por los peces gordos. Cuando el martes en Ciudad Juárez el procurador Macedo de la Concha dijo que la PGR "no fabricaría culpables" estaba hablando de algunos procesos controvertidos sobre las historias de las mujeres muertas en esa ciudad, pero también estaba mandando un mensaje en su tierra, en Ciudad Juárez, al propio Barrio Terrazas.
De todas formas, la procuraduría había compensado con anterioridad al PAN cuando decidió que tampoco ejercería acción penal contra los Amigos de Fox por el mismo delito de lavado de dinero. Y decimos que compensó porque, pese a que evidentemente se trataba de cantidades diferentes, mucho mayores en el caso Pemex, había una diferencia sustancial: mientras en el pemexgate, con peculado o sin él, se conocía el origen de todos los recursos que terminaron en la campaña de Labastida, en el de Amigos de Fox , nos dice ahora el IFE que hay 77 millones de pesos cuyo origen no se conoce, y que no pudo identificarse en el sistema financiero…y allí sí, sobre esa base, se hubiera podido abrir una averiguación previa por lavado de dinero, porque se cumple con una de las condiciones para fundamentar ese delito: el origen desconocido de los recursos.
De todas formas, todo pareciera quedar en una suerte de empate legal. Los dos grandes partidos quedan libres de responsabilidades en las acusaciones más importantes, los dos serán sancionados con fuertes multas económicas (el PRI fue multado en mil millones de pesos, el PAN tendrá su multa la semana próxima), ambos podrían sufrir alguna condena accesoria por delitos menores desde la Fiscalía para Delitos Electorales (y los castigados serán más figuras del pasado que del futuro), los dos están a mano y, aparentemente se impondrá la propuesta que hicieron los senadores Enrique Jackson, del PRI y Diego Fernández de Cevallos, del PAN: cerrar este capítulo y mirar hacia delante, buscando acuerdos legislativos, de los cuales, por cierto, ambos serán artífices. Y los dos son, uno en forma explícita (Jackson) y el otro dejándose querer (Diego) precandidatos de sus respectivos partidos.
Quizás para la política nacional sea lo mejor, quizás, por fin, se podrá avanzar en los acuerdos y reformas sin tener esa presión recíproca. Pero todo nos deja con un mal sabor de boca, con la idea de que había mucho más, en los dos casos, de lo que realmente se supo y que todos, finalmente, decidieron dejarlo sepultado hasta nuevo aviso.
Con todo habrá damnificados, quizás más en el PAN que en el PRI, porque en el tricolor, la gente se esperaba que algo como el pemexgate podía ocurrir (en realidad, ese caso actuó como una confirmación de lo que muchos suponían), pero la bandera histórica del PAN de legalidad y transparencia interna ha quedado, con este caso, enlodada y muy probablemente es en el propio blanquiazul donde se tendrá que tomar medidas más radicales con su propia gente, para recuperar la confianza.