Los gobernadores de la Conago le propusieron al gobierno federal una serie de reformas fiscales que giran en torno a una nueva convención hacendaria que permita redistribuir en forma más equilibrado entre la Federación, los estados y los municipios, los recursos fiscales.
Los gobernadores de la Conago le propusieron al gobierno federal una serie de reformas fiscales que giran en torno a una nueva convención hacendaria que permita redistribuir en forma más equilibrada entre la Federación, los estados y los municipios, los recursos fiscales. Hablan de redistribuir también, potestades tributarias (o sea que ciertos impuestos puedan ser cobrados y utilizados por los estados), de simplificación fiscal, de que el gobierno federal absorba los costos que generará la entrada en vigor del seguro popular y piden mayores recursos para los propios estados, para vivienda, apoyo al campo y combate a la pobreza, en salud, educación y construcción de carreteras. A cambio prometen, en forma vaga, apoyar una reforma hacendaria global que permita un incremento de la recaudación fiscal.
Son varias, y muchas de ellas justificadas, las cosas que no les gustan a los gobernadores. Sobre todo están molestos con el hecho de que, desde inicios de la administración Zedillo, buena parte de los recursos del llamado ramo 33 (el gasto social) que se entrega a las entidades federativas, va directamente, etiquetado, a los municipios, sin pasar por los gobiernos estatales. Una de las demandas es que, efectivamente, el manejo del ramo 33 pase íntegramente o en su mayor parte, a los gobernadores, para que ellos decidan cómo lo aplican en sus estados.
La medida, como muchas otras, es controvertida, aunque podría existir voluntad política para, con matices, avanzar en ella a cambio de otros acuerdos, como el apoyo a la reforma hacendaria. De todas formas la Convención Nacional Hacendaria y de la redistribución de las potestades fiscales parecen propuestas correctas. Sin embargo, tienen un condicionante de enorme peso: la mayoría de los gobiernos estatales no quieren ser supervisados, auditados, respecto a cómo utilizan los recursos provenientes de la federación (y obviamente tampoco los que ellos obtienen por su propia recaudación fiscal). En los hechos, las complejas reformas que para supervisar y transparentar el accionar del gobierno federal se llevaron a cabo durante años, no se han vivido en la mayoría de los estados, cuyas estructuras políticas, de justicia y gobierno, siguen siendo muy similares a las de antaño.
Un ejemplo lo tuvimos apenas ayer cuando el Auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, divulgó una carta que le enviaron los gobernadores del país después de la reunión en Boca del Río, Veracruz, del 5 de junio pasado, exigiéndole que la ASF no audite los recursos del ramo 33 destinados a los estados porque ello "vulneraría la soberanía de las entidades federativas y la autonomía de los municipios". Por el contrario, demandan que "con cargo al presupuesto de ese organismo del Congreso" (o sea que con el presupuesto de la Auditoria) se destinen recursos a las legislaturas locales para que sean ellas las que auditen a los gobiernos locales, sin utilizar, para ello, siquiera su propio presupuesto. La demanda fue rechazada por el auditor que destacó, además, que aún 9 estados de la república no han suscripto siquiera los convenios de coordinación y colaboración para la fiscalización de recursos federales.
En otras palabras: los estados demandan, con razón, mayores apoyos y recursos del gobierno central, pero, al mismo tiempo, no quieren tener controles serios sobre cómo los utilizan. Y en eso no parece haber mayores diferencias: priistas, panistas y perredistas suscribieron esa demanda. Vemos ahora los temas hacendarios, pero ello se está reflejando en muchos otros capítulos de la vida nacional. En el ámbito de las instituciones federales se han realizado desde hace años reformas muy importantes: existe un IFE ciudadanizado y confiable; existe un instituto para la información y la transparencia, el IFAI, y una ley que la reglamenta funcionando; existe una Suprema Corte de Justicia que ha tenido avances notables; una Auditoria Superior de la Federación que puede ser controversial por la cantidad de atribuciones de las que goza, pero que ejerce un control real sobre el manejo de las finanzas públicas; una Comisión Nacional de Derechos Humanos activa y en general eficiente; existe un equilibrio de poderes que comienza a funcionar como tal. Pero mientras tanto, cuando se va a los estados, nos encontramos con que esas reformas están aún muy lejos de haberse concretado, o siquiera iniciado, en el ámbito local: muchos de los institutos electorales locales aún dependen en mayor o menor medida de los ejecutivos estatales; en muchos estados las comisiones de derechos humanos no sólo no son autónomas sino están bajo el control hasta de ex procuradores gravemente cuestionados por la propia CNDH, por violaciones de derechos humanos; sólo once estados tienen una ley de información y transparencia e incluso en algunos de ellos, como en el DF, existen enormes resistencias para echarla a andar; no hablemos de la auditoria sobre los recursos públicos o de sus propios sistemas de justicia, subordinados en la mayoría de los casos a los propios gobernadores. En otras palabras, vivimos en el contexto de varios Méxicos, no sólo sociales o económicos, sino también jurídicos y políticos, donde la transición que se ha llevado a cabo durante muchos años en un ámbito todavía ni siquiera ha iniciado en otros.
Por eso la demanda de la Convención Nacional Hacendaria y de la redistribución de potestades y recursos fiscales para los estados y municipios, siendo justa, tendría que ir de la mano, por lo menos, de una homologación de leyes e instituciones con la federación para que también se redistribuyan las responsabilidades y los mecanismos de control sobre esos recursos. No es un tema menor: los gobernadores y la Conago como su instancia de aglutinación, son un factor decisivo de poder en el México de hoy. Por lo tanto, debe haber un avance de los estados para concluir sus propias transiciones institucionales. Sino es así vamos hacia una suerte de balcanización del poder, con 32 poderes locales con crecientes grados de autonomía, pero sin corresponsabilidades comunes con el desarrollo del país. Y habría que recordar que la federalización es muy diferente a la balcanización y que el poder de los gobernadores y los estados no puede devenir en la entronización de feudos por definición alejados de un poder central. Eso es lo que realmente está en debate: ojalá así lo entiendan tanto los miembros de la administración Fox como los propios gobernantes locales, porque con la ambición de sacar acuerdos rápidos se puede caer en el grave error de entronizar mecanismos que en lugar de tender hacia un desarrollo homogéneo del país nos lleve precisamente en la ruta contraria.
Bill Gates en Televisa
La noticia se conoció en Estados Unidos, no en México, y es mucho más importante de lo que se supone: el hombre más rico del mundo, Bill Gates es el dueño del 7 por ciento de las acciones de Televisa. No son acciones compradas por la empresa que encabeza Gates, Microsoft, sino del propio empresario, de su cartera personal y, una parte, del fondo que administra la Fundación Bill y Melinda Gates. ¿Por qué es importante?. Porque se sabe de la buena, magnifica dicen algunos, relación personal y de negocios que mantiene el señor Gates (que no suele invertir sin objetivos muy concretos) con Carlos Slim, uno de los principales accionistas de Televisa. Nos encontraríamos entonces con que tres accionistas: Gates, Slim y María Aramburuzavala, si no nos equivocamos, serían hoy, si suman sus paquetes accionarios, los que estarían en condiciones de tener el control efectivo sobre Televisa. Insistimos, no es un tema menor, implica la posibilidades de muchos y distintos movimientos dentro y fuera del país, recordemos por ejemplo, el interés de Televisa de entrar de lleno al mercado hispano de Estados Unidos, una ambición que, por cierto, comparte con Telmex y otras empresas del grupo Carso que encabeza Slim Helú.