Fue Joaquín López Dóriga quien comenzó a decir, hace ya varios años, que había que comercializar nuestros celulares, vender anuncios que pasaran en medio de una conversación, ya que había varias personas que estaban, de una u otra forma colgadas de esas llamadas, escuchándolas. Después en los últimos días de Andrés Manuel López Obrador al frente del PRD, se publicó una entrevista en Proceso donde Andrés Manuel hablaba de cómo el gobierno de Zedillo había realizado un supuesto operativo en las elecciones de Zacatecas, la acusación estaba basada en una llamada telefonía que yo había realizado desde el hotel Quinta Real.
Creo que fue mi amigo Joaquín López Dóriga quien comenzó a decir, hace ya varios años, que había que comercializar nuestros celulares, vender anuncios que pasaran en medio de una conversación porque en pocos foros uno tenía tanto auditorio, tantas personas que estaban, de una u otra forma colgadas de esas llamadas, escuchándolas. Un tiempo después, en los últimos días de Andrés Manuel López Obrador al frente del PRD salió publicada una entrevista en Proceso, donde Andrés Manuel hablaba de cómo el gobierno de Zedillo había realizado un supuesto operativo en las elecciones de Zacatecas, cuando había ganado Ricardo Monreal para impedir ese triunfo. Para mi sorpresa, la acusación estaba basada en una llamada telefónica que yo había realizado desde el hotel Quinta Real de esa ciudad, donde estábamos buena parte de los reporteros que cubríamos esa elección, con el entonces subsecretario Emilio Gamboa: yo quería saber si SG ya tenía resultados o encuestas y en eso Gamboa (al que en el semanario que creó Julio Scherer, identificaban como otro subsecretario, Jesús Salazar Toledano) tomó otra llamada y habló con alguien sobre cómo iba el proceso electoral y si se habían movilizado brigadas y cosas por el estilo. La conversación de ambos funcionarios se escuchaba por mi teléfono y alguien más me estaba grabando, seguramente desde el propio hotel donde estábamos cubriendo la elección. Al día siguiente de esa publicación vi a Andrés Manuel, quien me dijo que sí, que "alguien" había interceptado teléfonos y celulares ese día en Zacatecas porque temían que se produjera un fraude contra Monreal que, afortunadamente, no se produjo. Amistoso como era en aquella época, Andrés Manuel me regaló la cinta con la grabación. Ahí la conservo como recuerdo.
Ha habido otros casos, mucho más importantes que éste, de grabaciones telefónicas difundidas por los medios. Pocas con el dramatismo y la contundencia de aquella entre Raúl Salinas de Gortari y su hermana Adriana, en septiembre de 1999. Pero no recuerdo una utilización tan extensa y contumaz que la realizada con el libro llamado algo así como Lady Mabecht Gordillo o Elba de Troya armado para golpear a Elba Esther Gordillo.
Fuera de la poca precisión de las analogías escogidas para titular la obra, de alguna forma hay que llamarla, resulta notable que se pueda gestar con base en 43 supuestas llamadas obtenidas en forma ilegal, a través de métodos ilegítimos, un documento de estas características y que no pase nada. No sé, nadie puede saberlo, si esas llamadas son auténticas. Probablemente sí lo sean y quizás también alguna o muchas pueden haber sido modificadas o entrelazadas (como a algunos les ha dado por hacer ahora) con cosas totalmente falsas o fuera de contexto. Pero Elba Esther, por teléfono, suele ser muy vehemente e indiscreta y puede decir éstas y muchas otras cosas. Todo eso puede ser motivo de análisis: la personalidad de Elba Esther Gordillo, que está lejos de ser una dirigente política ingenua, que es controvertida y, para algunos objeto, de la mayor animadversión; sus posiciones políticas pueden ser criticadas, así como la forma en que ejerce sus espacios de poder. Pero lo realizado simplemente no se vale, es un capítulo más de una forma de hacer política escandalosamente rupestre y sucia.
Siempre se han "pinchado" teléfonos, eso ha sido más sencillo aún desde la existencia de los celulares. Siempre se supo que no sólo algunas autoridades sino también que distintos personajes de poder, en el ámbito político, económico y financiero y de la seguridad, recurrían constantemente a la intervención telefónica con los más diversos fines. Pero, antes, se sabía que la divulgación de esa llamadas podría ocasionar enfrentamientos que normalmente no se inscribían en el contexto de la legalidad y la justicia. Esas intervenciones se utilizaban como armas internas, como elementos para la información, así fuera sucia, y en ocasiones incluso hasta para el chantaje o para obtener ventajas políticas o económicas. Pero se sabía que esos golpes, cuando eran públicos, no quedaban impunes aunque eso nada o poco tuviera que ver con la actuación de las leyes.
Historias hay muchas: basta recordar, por ejemplo, el costo que tuvo para Joaquín Hernández Galicia haber financiado aquel libelo Un asesino en la presidencia contra Carlos Salinas, o años después, aunque fue mucho más discreta su distribución, otro creado por sectores de la iglesia en el cual se atacaba a Luis Donaldo Colosio, meses antes de su destape, por la supuesta relación que mantenía con distintas mujeres y los matrimonios que había tenido, anteriores al de sostuvo con Diana Laura. En aquella ocasión fue la propia iglesia la que paró su distribución.
Desde el sexenio de Ernesto Zedillo se dijo que finalizarían esas prácticas y al inicio de este sexenio, se repitió, una y otra vez, que se acabaría con la intervención telefónica ilegal. Y quizás así haya sido desde algunas oficinas de gobierno que antes de encargaban de esas tareas. Pero la práctica en lugar de disminuir se ha generalizado, a grado tal de que existe ya, en los hechos, un mercado para intervenciones y filtraciones basado en esas grabaciones que se utilizan de la forma más diversa. Si en el pasado fue el enfrentamiento entre poderes el que ponía de alguna forma coto a esa forma ilegal e ilegítima de hacerse de información, hoy ese papel debe ser realizado por las leyes.
De la misma forma que el Estado tiene mecanismos y los ha utilizado para saber de dónde provino, por ejemplo, un mail con una amenaza, también está en condiciones de seguir el origen de esta obra, y castigar a los culpables. Como sea se ha cometido un delito: si las grabaciones divulgadas son falsas, se incurre en el delito de difamación, si son verdaderas estamos ante un caso evidente de intervención telefónica ilegal y en ese sentido es tan culpable quien haya realizado esas intervenciones como quien las está divulgando en el texto que se atribuye la fundación Ignacio Altamirano. No sé si Elba Esther Gordillo ha presentado ya o no una denuncia penal contra los autores del texto, pero debería hacerlo. El periódico La Jornada, varios de cuyos materiales se utilizan en el mismo, sí ha presentado una denuncia para que se realice una investigación. Y lo mismo podrían hacer varios de los involucrados en la divulgación de esas llamadas.
Y las autoridades tienen recursos que, si los utilizan, les podrían permitir descubrir sin mayores problemas de dónde surgió ese material y avanzar en la consignación de los responsables. Porque se debe ser conciente de que con esa publicación (independientemente de lo que se piense de Elba Esther y de sus adversarios de todo tipo) se ha cruzado un límite, se ha roto incluso con formas de hacer y presentar denuncias que terminan lastimando todo el sistema de libertades.
Se podrá argumentar que se hace por un interés superior: no es verdad. Ahí está, por ejemplo, la investigación de Jaime Avilés respecto al caso Belsasso: Avilés, obtuvo datos, los cotejó, se hizo pasar por un inversionista italiano, obtuvo la colaboración de un periodista italiano para presentarse ante Belsasso y grabó las conversaciones. Hay diferentes opiniones sobre el método utilizado: para algunos es tremendamente eficaz pero no fue ético. El tema se puede debatir pero el hecho es que Avilés, publicó la historia con su nombre en un periódico, dijo cómo obtuvo la información y la presentó públicamente. Mis respetos. Ahora estamos ante una flagrante ilegalidad que se escuda, además, en el anonimato, sin dar la cara ni afrontar sus dichos, robando materiales a otros autores y medios y combinándolos con elementos que no se puede comprobar si son o no (ya no digamos legales, que no lo son) siquiera verídicos.
Si las autoridades no realizan una investigación real, a fondo, de éste y otros casos, si no cortan de tajo (y la única forma de cortarla es exhibiendo y castigando a los responsables) estaremos ante una espiral de prácticas ilegales para sacar ventajas políticas o personales, profesionales o económicas, inadmisibles en un estado que pretende ser, algunas vez, democrático. Y demostrará, por cierto, una debilidad de ese Estado para hacer cumplir la ley, francamente preocupante. Recordemos, sólo como antecedente que hace ya casi treinta años que Richard Nixon fue obligado a renunciar por haber intentado instalar micrófonos ocultos en la sede del partido demócrata. Eso, por supuesto, no detuvo el espionaje político en Estados Unidos, pero ejemplificó el delito de tal forma, que, aún hoy, los actores políticos y los propios medios, piensan mucho antes de dar a conocer públicamente una información que tenga ese origen porque saben que tendrá un costo ético y legal.