Pareciera existir consenso de que mientras los partidos y el gobierno se ponen de acuerdo respecto a las reformas estructurales, se podrá avanzar en las reformas político-electorales. La idea del gobierno es establecer un mecanismo paulatino, de pequeñas o medianas reformas en todos los temas de la agenda.
Pareciera existir consenso de que mientras los partidos y el gobierno se ponen de acuerdo respecto a las reformas llamadas estructurales, la energética, la hacendaria y fiscal y la laboral, se podrá avanzar en las reformas político-electorales que están pendientes. Por lo menos esa parece ser la posición de Gobernación y en ello estarían de acuerdo los partidos: la reelección de legisladores (¿y de presidentes municipales?), el voto de mexicanos en el extranjero (aunque será muy difícil ponerse de acuerdo sobre hasta dónde puede llegar ese derecho para quienes viven fuera de México), la regulación de las precampañas y los mecanismos de financiamiento.
Se comenzará pues, por las reformas políticas. La idea del gobierno es establecer un mecanismo paulatino, de pequeñas o medianas reformas sucesivas en todos los temas de la agenda, más que apostar a las grandes reformas que saben que serán más difíciles de lograr. Por eso las reformas políticas, donde existen márgenes de acuerdo muy amplios, pueden ir cimentando el camino de los acuerdos, al tiempo que se va a apostar a reformas no tan ambiciosas en el terreno energético (tratando de avanzar sin modificar la constitución o con algún cambio menor que permita un consenso amplio), en lo fiscal (buscando un acuerdo para este año que mejore y simplifique la recaudación, preparando el terreno para que el grueso de ella se termine analizando en la convención nacional hacendaria que se convocará en Monmterrey a fin de mes) y en los temas más delicados, con la intención de generar un clima de negociación que permita otros avances posteriores.
Y está comprobado que, para crear un clima político idóneo en el Congreso, hay que comenzar por la política: así lo hizo la administración Salinas al inicio de su gobierno, también Ernesto Zedillo cuando estábamos en el clímax de los desencuentros por la crisis económica y ahora se deberá repetir el esquema. Se argumentará que así son los partidos los que sacan las reformas que les interesan y dejan en el cajón las que son de interés real para la gente. Y es verdad. Pero lo que sucede es que si no se parte de lograr un clima de diálogo y se acostumbra a la gente y al propio congreso a que pueden salir los acuerdos con rapidez y regularidad, será difícil avanzar. Esta estrategia de aproximaciones sucesivas no es mala y sirve para desactivar las posiciones más radicales de todos los partidos.
Pero hay temas que no se pueden obviar: en primer lugar, la cámara de diputados tendrá que designar al nuevo consejo general del IFE, donde se requieren dos tercios de los votos, o sea una amplia mayoría para que haya acuerdo sobre su nuevos integrantes. Pero también antes de fin de año, el senado deberá resolver sobre la reelección por un nuevo periodo del gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, que ha sido propuesto por el presidente Fox, y luego con base en las dos ternas que presentará el ejecutivo, en el senado tendrán que elegirse a los dos nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia que reemplazarán a Juventino Castro y Vicente Aguinaco. No son acuerdos sencillos porque, los tres, implican espacios de poder muy importantes.
El primero que entrará a discusión será el tema del IFE que irá acompañado con el debate de las reformas electorales y políticas. El gran temor de los especialistas al respecto es que el IFE se partidice, que vuelva, soterradamente, a épocas anteriores: antes los partidos ocupaban los espacios que hoy tienen los consejeros electorales. Ahora algunos quieren una distribución de posiciones para cada partido que, de todas formas, funcionaría igual. El consejo general del IFE en sus dos composiciones anteriores (la actual y la que se acordó en 1994) estuvo integrado por profesionales que, en muchos casos, terminaron incursionando luego en la política o que venían de ella, como en el caso de José Woldenberg. Pero la tesis que privó, teniendo cada partido obviamente sus opciones, fue apostar por la calificación de las personas y la integración del consejo no por posiciones específicas de cada partido. Así se logró una composición equilibrada y eficiente que hicieron del IFE (y la labor de Woldenberg en ello fue sencillamente notable) una institución no sólo legítima, sino legitimada y apreciada por la propia sociedad.
En esa lógica, lo deseable sería que en este proceso de renovación se pudiera aprovechar la experiencia de los consejeros que ya forman parte de la institución. Tres de sus integrantes han tenido un trabajo muy destacado: Alonso Lujambio, Mauricio Merino y Jacqueline Peschard. Otros, habiendo jugado papeles protagónicos tan importantes como Jaime Cárdenas saben que no obtendrán el voto de la mayoría de los priístas o panistas para continuar. Entre Lujambio, Merino y Peschard podría estar el futuro presidente del instituto, aprovechando en cualquiera de esos casos, la experiencia que han adquirido. El PRI está molesto con Lujambio al que identifica como demasiado cercano al PAN. Otros ven en Merino o Peschard mayor distancia con todos los partidos, pero los tres, porque han cumplido con su trabajo, no han dejado conformes a todos y así debe ser. Sería un grave error optar por desprenderse de especialistas con ese nivel de experiencia.
Quizás el presidente del Consejo tenga que provenir por ello de fuera. Será difícil porque tendrá que ser, nuevamente, alguien con un perfil de distancia respecto al juego político pero muy involucrado en él como para no ser sorprendido, y que tenga la confianza de los partidos. Y hay pocos personajes que reúnan esas características. Muy probablemente Federico Reyes Heroles sería uno de los hombres que podría tener un mayor grado de respaldo si no se opta por ninguno de los consejeros actuales para presidir el Instituto. Se ha hablado mucho de esa posibilidad y Federico sería, sin duda, un excelente candidato que difícilmente podría tener la oposición decidida de cualquiera de los partidos. Habrá que ver si Reyes Heroles está dispuesto a dejar las muchas actividades que ahora tiene, entre ellas, probablemente la más destacada, su labor en Transparencia Mexicana, para abocarse de lleno al IFE. Woldenberg lo hizo y los resultados fueron los mejores.
Pero Federico no sería la única opción. Se habla también del director del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, Carlos Elizondo, menos conocido públicamente que Reyes Heroles pero con una sólida formación política y administrativa. Carlos tendría todas las posibilidades, también, de ocupar esa posición y sería por lo menos difícil pensar en quién podría oponerse a su designación.
El problema, quizás, no esté tanto en la elección del presidente del IFE sino en los otros ocho integrantes del consejo. Allí es dónde los partidos pueden tratar de jugar con sus fichas en lugar de arriesgarse a buscar consejeros con amplia formación y visión de las cosas. En buscar actores en lugar de árbitros. Podría ser un golpe brutal para una de las maquinarias más eficientes del Estado mexicano. Y atención, porque si se partidiza el IFE, la primera consecuencia recaerá sobre el servicio civil que encabeza el secretario ejecutivo Fernando Zertuche (que podría ser otra buena opción para presidir el Instituto) que es el que hace que todo el sistema funcione, independientemente de los propios consejeros.
Esa decisión marcará, en buena medida, el destino de la 59 legislatura: si se equivocan en la designación de los integrantes del IFE, se seguirán equivocando en todo lo demás.