Después del triunfo político que obtuvo el PRI en la cámara de diputados en torno al caso Aldana y cuando ha comprobado que puede, incluso sin el PAN y el PRD, obtener mayorías propias en el congreso. Y se le exigirá que tome posición respecto a varias reformas e iniciativas que son clave para el futuro del país.
Después del triunfo político (para algunos pírricos, para otros de contundente real politik) que obtuvo el PRI en la cámara de diputados en torno al caso Aldana, cuando está a punto de quedarse con las comisiones más importantes de la cámara de diputados y cuando ha comprobado que puede, incluso sin el PAN y el PRD, obtener mayorías propias en el congreso (en el senado esa mayoría es suya, en la de diputados puede conformarla con los mismos integrantes con que logró dar marcha atrás al desafuero de Aldana), ahora el PRI tendrá que decidir qué hacer con esa amplísimo margen de poder que ha obtenido en el poder legislativo, y se le exigirá que tome posición respecto a varias reformas e iniciativas que son clave para el futuro del país, atenazado por una parálisis legislativa que, sobre esos temas nodales, se ha impuesto en el congreso en las dos últimas legislaturas.
El congreso, desde 1997, está casi incapacitado de obtener mayorías claras como para resolver con certidumbre en temas como la reforma hacendaria, la energética o varias de las reformas políticas y electorales que se han englobado (en un lenguaje grandielocuente) como reformas estructurales, las primeras, y del Estado, las segundas. Ahora, no será precisamente sencillo pero se ha demostrado que esas mayorías sí pueden obtenerse. Y el PRI es fundamental para sacar esos acuerdos.
Hay quienes han dicho, en parte con razón como Jorge Castañeda, que las reformas hacendaria o energética, no son determinantes, que sería más importante comenzar por las reformas políticas, de Estado, y en ese marco, en un proceso posterior, abocarse a las estructurales: en los hechos, una reforma hacendaria tardaría un par de años en mostrar sus virtudes y la energética quizás aún más. Lo que sucede es que ambos procesos de reformas, las de Estado y las estructurales tendrían que, de alguna forma, marchar de la mano. La modificación de las estructuras del Estado es necesaria por la sencilla razón de que en estos momentos, el sistema institucional muestra que no ha tenido capacidad de adecuarse a las exigencias de un sistema político democrático: el Estado actual, que ha sufrido innumerables parches pero que fue construido para un sistema de partido prácticamente único, simplemente es ineficiencia en la democracia.
Pero las reformas hacendaria (por lo menos en su vertiente fiscal) y la energética, deben realizarse ahora si no se quiere pagar graves consecuencias en los próximos años. En eso la administración Fox tiene toda la razón. Es verdad, que la inexistencia de esas reformas no puede explicar el porqué el gobierno no ha utilizado en toda su capacidad la aplicación de políticas públicas para activar el mercado interno y así paliar el desempleo creciente o la pobreza o para realizar esa reforma educativa que prometió y que languidece tras los escritorios de Reyes Tamez. Pero también es verdad que mientras no haya una reforma hacendaria que permita aumentar drásticamente la recaudación como porcentaje del PIB (nuestra tasa anual, de 11 por ciento es equivalente a países como Haití y casi la mitad de lo que recaudan países como Chile, Argentina o Brasil) no habrá recursos para los programas de largo plazo y para aplicar políticas públicas realmente eficientes, que tenga efecto en la calidad de vida de la gente.
Y para esa reforma hacendaria el tema del IVA, aunque no sea popular, es ineludible. Por supuesto que se deben tomar muchas otras decisiones: ampliar el padrón de contribuyentes, reducir drásticamente los sectores exentos, simplificar el sistema, hacerlo más justo y equitativo, pero está comprobado que el centro de la recaudación, sobre todo en países como México, con un amplio espectro de personas involucradas en la economía informal, debe pasar por el tema del IVA: es el impuesto más universal, porque todos deben pagarlo; es justo porque quien más paga es quien más gasta y su recaudación puede ser sencilla y directa. Hoy no lo es porque las tasas diferenciadas, los sectores exentos, los mecanismos utilizados, terminan haciendo el pago de impuestos tan tortuoso para los contribuyentes que pareciera una invitación a la evasión fiscal.
El PRD presentó hace algunas semanas una propuesta de generalizar el IVA, bajándolo al 10 por ciento pero dejando exentos todos los alimentos y bebidas. La secretaría de Hacienda le presentó a los partidos una propuesta de efectivamente reducir el IVA al 10 por ciento, homologándolo así en todo el país, pero incluyendo todos los sectores exentos, que van mucho más allá de los alimentos y las medicinas, pero dejando fuera una canasta básica de alimentos y medicinas. Incluso se ha hablado, retomando aquella propuesta que el presidente Fox presentó tan torpemente de "regresar el IVA completo y copeteado" a los sectores más pobres, vía el programa Oportunidades, y establecer así un mecanismo de reembolso para las familias que lo requieran.
Es una buena propuesta. Si se va a homologar el IVA en todo el país y para todos los sectores, lo mejor es reducirlo al nivel existente hoy en la franja fronteriza, al tiempo que se amplía el espectro de contribuyentes. Eso, por supuesto, tendría que ir de la mano con una incorporación a la economía formal de los millones (algunos estudios dicen que la mitad de la población económicamente activa del país) que están viviendo en la informalidad, aunque sea con mecanismos poco ortodoxos para ello. Pero también es bueno ampliar esa carga fiscal a los alimentos y medicinas, dejando fuera una canasta básica que sea realmente benéfica para los sectores más pobres, y que se base en el consumo de éstos en ambos ramos: me parece absolutamente lógico dejar exento del IVA a las tortillas y los frijoles o las aspirinas y el jarabe para la tos, pero es absurdo que ello termine incluyendo alimentos sofisticados o cremas para no engordar. Decirle no a los impuestos de los alimentos y medicinas, incluyendo absolutamente todos los productos de esas carteras, es ilógico y termina siendo, se ha dicho muchas veces, lo forma más injusta e inequitativa de recaudar.
Los partidos, y en particular el PRI puede tomar esa propuesta y hacerla avanzar sin demasiados problemas, sobre todo si logran que se mueva en forma conjunta con una convención hacendaria que permita una mejor distribución para los estados y municipios.
El tema energético pareciera incluso hasta más sencillo: la experiencia internacional ha demostrado que lo adecuado es un sistema mixto, donde el Estado y el capital privado pueden participar en la generación de energía, mientras que la distribución de ésta debe quedar exclusivamente como un servicio público, o sea en manos del Estado. Pero allí la politización es mayor, y en el camino se están perdiendo oportunidades únicas como todo lo referente a la explotación del gas que se termina importante, como buena parte de los hidrocarburos de Estados Unidos. Pero insistimos, una reforma que comenzará por lo eléctrico (incluyendo probablemente el tema de la explotación del gas) no debería tener ninguna dificultad en avanzar.
El punto está, insistimos, en el PRI. El 30 de septiembre se está convocando a un consejo político nacional del tricolor con el fin, se ha dicho, de tratar el tema de la licencia de Elba Esther Gordillo (y quizás de otros miembros del comité ejecutivo) a la secretaría general del partido, para concentrarse en la coordinación legislativa en San Lázaro. Allí tiene el PRI el espacio y las condiciones para acordar mecanismos concretos que le permitan avanzar en éstas y otras reformas. Si su respuesta será simplemente no o si demuestra que sólo puede estar unido para su autodefensa, será una demostración de fracaso que le terminará costando muy caro.