Dos de octubre. Treinta y cinco años de la matanza de Tlatelolco. Cada vez existe mayor certidumbre histórica respecto a lo ocurrido aquella tarde en la plaza de las Tres Culturas: Intervinieron diferentes dependencias de seguridad y el número de muertos y detenidos. Treinta y cinco años después, ¿Quién patrocina los grupos de provocadores que cada año convierten esta marcha en un vergonzoso escenario de vandalismo. El IFE del DF comprobó que el candidato panista Fernando Aboitiz había rebasado los limites autorizados de gastos de campaña.
1) Dos de octubre. Treinta y cinco años de la matanza de Tlatelolco. Cada vez existe mayor certidumbre histórica respecto a lo ocurrido aquella tarde en la plaza de las Tres Culturas: fue una intervención directa del gobierno federal encabezado entonces por Gustavo Díaz Ordaz, operada por el secretario de Gobernación, Luis Echeverría y en la que participaron, sobre todo, grupos paramilitares organizados por el propio gobierno federal. Intervinieron diferentes dependencias de seguridad y el número de muertos y detenidos aquella tarde se estima en decenas entre los primeros y centenares entre los segundos. Allí están, ahora, las fotos, las filmaciones, los archivos gubernamentales rigurosamente organizados y ahora abiertos al escrutinio público. La fiscalía especializada en asuntos el pasado que encabeza Ignacio Carrillo Prieto ha realizado una investigación escrupulosa sobre el tema, pero se ha topado con un sistema judicial que de poco ha servido para intentar hacer justicia. En los hechos, está en las manos de la Suprema Corte de Justicia el definir si se podrá avanzar o no penalmente en estos casos: la Corte deberá definir si esos delitos han prescrito o si todavía continúan vigentes. Si la Corte se inclina por la prescripción de los delitos, legalmente quedará muy poco por hacer. Sería lamentable. De todas formas, el comité asesor del fiscal tendría que transformarse, desde ya, en una suerte de comisión de la verdad: debería quedar constancia histórica de lo sucedido en el 68 y en los años posteriores e identificar a los responsables con nombre y apellido: si la justicia no responde y se mantienen impunes los responsables, como ahora ocurre, la justicia histórica debería ser mucho más severa con ellos.
2) Dos de Octubre. Treinta y cinco años después. ¿Quién patrocina los grupos de provocadores que un año sí y el otro también, convierten esta marcha en un vergonzoso escenario de vandalismo y ataques cuasi fascistas?¿porqué a pesar de estar identificados por las propias instituciones policiales y pese a su accionar vandálico en muchas otras manifestaciones similares, estos sujetos continúan en libertad y, ellos también, impunes?. Es paradójico: un grupo de invasores de tierras en Tláhuac, al sur del DF, fueron retirados con lujo de violencia, con golpes y gases lacrimógenos, por fuerzas policiales de un paraje denominado rancho Las Tablas: hubo por lo menos ocho detenidos y varios heridos, las casas fueron destruidas y el centenar de familias expulsadas del lugar en la madrugada. Se argumentó, probablemente con razón, que estaban violando la ley. Pero el día anterior, un centenar de manifestantes, desnudos la mayoría de ellos invadió el edificio de oficinas del senado de la república, en pleno centro de la ciudad, ocuparon el lobby y literalmente lo destrozaron. Permanecieron en el lugar durante un par de horas, alguno de ellos se masturbó a la vista del público sobre el techo de un automóvil allí estacionado, en pleno Reforma y Juárez, pero no llegó al lugar siquiera una patrulla: quedaron impunes. Quizás la diferencia es que los invasores de tierra castigados eran de la CNC y los manifestantes impunes pertenecían a ese grupo políticamente inclasificable denominado "de los 400 pueblos". ¿Algún se logrará hacer justicia con los provocadores que revientan marchas como las de ayer o seguirán, ellos también, quedando impunes como los que ocuparon las oficinas del senado?.
3) El Instituto Electoral del Distrito Federal comprobó que el candidato panista a la delegación Miguel Hidalgo, Fernando Aboitiz había rebasado los límites autorizados de gastos de campaña en los comicios del 6 de julio pasado, donde había ganado por una mínima diferencia. Avaló esa decisión el Tribunal Electoral del DF y por esa razón anuló la elección, determinó la necesidad de realizar una elección extraordinaria y como sanción por el delito cometido prohibió la participación en esos comicios de Aboitiz y de su partido, el PAN. Poco después, el mismo IEDF, determinó que también el candidato del PRD, Agustín Barrios Gómez había rebasado los gastos de campaña y se esperaba que el tribunal electoral local sancionara a Barrios Gómez y al PRD de la misma forma que al PAN. Pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió el 30 de septiembre, con un voto dividido de sus magistrados (cuatro contra tres), que la elección era válida aunque aceptaban que se había cometido un delito electoral que según el código del DF amerita la anulación de los comicios. El fallo del Tribunal es incomprensible: se pierde en consideraciones respecto a si influyó o no el gasto no reportado en el resultado, considera que como el candidato del PRD también se excedió en el gasto entonces la situación se equilibra y termina diciendo que no importa la violación de la ley sino el voto ciudadano. ¿Es siquiera lógico ese razonamiento en unos comicios donde la diferencia entre el primer y segundo lugar fue de un uno por ciento de los votos y cuándo ambos candidatos violaron la ley?. Se dice que los magistrados del TEPJF no quisieron dejar un precedente en este sentido porque a unos días de que se oficialice la sanción del IFE al PAN por el caso Amigos de Fox, alguno podría argumentar que, ante la similitud del caso, la elección federal del 2000 sería ilegítima. Puede ser pero, de todas formas ello sería legal y políticamente inocuo en estos momentos. Por el contrario, la sanción que habían aplicado el IEDF y el tribunal local, tenía una virtud ejemplificadora, que sí hubiera podido servir como precedente para el futuro y para cualquier elección: el que viole la ley y se compruebe que rebasó los gastos de campaña puede, por esa causa, perder la elección. Se perdió la oportunidad, se dejó impune un grave delito electoral (me imagino que entonces terminará exonerado también el rival de Aboitiz, el perredista Barrios Gómez) y, para colmo, se premió a quien violó la ley con un puesto público. Una pregunta: ¿por qué el TEPJF decidió de esta forma en el caso Miguel Hidalgo y a fines del 2000, por una acusación similar, decidió anular las elecciones en Tabasco?.
4) El ex banquero Carlos Cabal Peniche fue acusado de un fraude multimillonario contra su propio grupo financiero, Banpais-Cremi. Unas horas antes de que el grupo fuera intervenido, en septiembre de 1994, alguien tuvo el detalla de advertirle al banquero de lo que ocurriría y éste escapó a Miami y luego a Europa. Después de cuatro años de investigaciones y persecuciones, finalmente fue detenido en Melbourne, Australia. Siguió otro largo juicio de extradición y cuando finalmente Cabal Peniche llegó a México no estuvo ni un día detenido: obtuvo toda clase de amparos. Para uno de los procesos que se le siguen, un juez le fijó una fianza equivalente a la suma por la que es acusado de fraude: poco más de 4 mil millones de pesos. El ex rey Midas (así apodaban a Cabal en Tabasco) apeló. El último día de septiembre, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en votación dividida (seis contra cuatro) decidió que la fianza era inconstitucional, porque consideró que el monto de lo defraudado no debe ser tomado en cuenta para fijar el monto de la fianza, de forma tal que ordenó al juez que lleva el caso reducir en forma sustancial la fianza para que Cabal pueda seguir siendo encausado en libertad. No hay forma de que Cabal u otro personajes similares siquiera se acerquen a una prisión. Pero si a usted le toca aleatoriamente en el DF, por ejemplo, ser objeto de una prueba de alcoholímetro y se tomó más de tres tequilas, irá preso, sin derecho a fianza, 36 horas. Se podrá argumentar que así es la ley, pero ¿cómo no entender que lo de lo que se trata de es un ejercicio más de impunidad?. El hecho es que resulta mucho más probable que usted termine en la cárcel por unos tequilas de más que por estar acusado de un fraude de cuatro mil millones de pesos.
5) No abundaremos en el caso. El cardenal Sandoval Iñiguez, usted lo sabe, es investigado por las autoridades a causa de una denuncia presentada por el ex procurador Jorge Carpizo, con base en un documento en el que se acusa al cardenal y un grupo de personajes cercanos, de lavado de dinero. El cardenal y sus seguidores no exigen que se haga justicia sino que se cancele la investigación, que nlisa y llanamente no se investigue. El presidente Fox recibe en su rancho al cardenal y según éste se compromete a resolver su caso en "diez, quince días". El procurador Macedo de la Concha se enteró del encuentro por la prensa pero dice que la investigación no se dejará influenciar por esos hechos. El cardenal declara que las leyes del Estado mexicano tienen "el defecto" de no basarse en la ley natural ni en la ley eterna de Dios. "La cultura de la ley es la ley y debe cumplirse", dice el cardenal, hace ciudadanos "esclavos, oprimidos y maltratados". El cardenal asegura que él no se sujeta a las leyes de los hombres sino a la de Dios. Macedo declara que "velará" por la vigencia del estado de derecho y da a entender, en una reunión con empresarios, que hay traidores en el propio poder. El cardenal obtuvo un fuero de facto.