A veces no se comprende cuáles son las prioridades en la agenda del gobierno. Se ha instituto en las reformas eléctrica y fiscal, pero pareciera que el tema no es, para el gobierno federal, tan importante como dice, el líder sindical de los electricistas, Leonardo Rodríguez Alcaine, sostiene que en la comida que asistieron, en su casa, el presidente Fox y el secretario de energía, Luis Felipe Caldearon, los tres habían pactado ?modernizar la industria eléctrica? sin realizar reformas constitucionales ni privatizaciones.
A veces no se comprende cuáles son las prioridades en la agenda del gobierno. Es verdad que se ha insistido en las reformas eléctrica y fiscal, pero a veces pareciera que el tema no es, para el gobierno federal, tan importante como dice, porque, por ejemplo, el líder sindical de los electricistas, Leonardo Rodríguez Alcaine, sostiene que en la comida a la cual asistieron, en su casa, el presidente Fox y el secretario de energía, Felipe Calderón, los tres habrían pactado "modernizar la industria eléctrica" pero sin realizar reformas constitucionales ni privatizaciones. Al mismo tiempo, la CFE hace una colocación de 2 mil 600 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores, antes contrató un préstamo por 600 millones de dólares y ahora se anuncia que Pemex colocará en la BMV certificados por 20 mil millones de pesos. Quizás no es así, pero pareciera que en el gobierno federal ya se han resignado a que no habrá reforma y han comenzado a aplicar un plan B para financiar el sector energético y petroquímico por mecanismos bursátiles y crediticios.
Bueno, si esas no son las reformas más importantes, quedaría la fiscal, pero todo parece indicar que existe la decisión de avanzar primero en la convención nacional hacendaria y luego en la reforma fiscal, porque, para colmo, se vive una situación de cruda inestabilidad en el sector hacendario y financiero del gobierno federal, con presiones de todo tipo contra sus principales funcionarios, el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz (quien, por cierto, vive un momento personal difícil por el fallecimiento de su señora madre, Eva Díaz Perches) y Guillermo Ortiz Martínez, el gobernador del Banco de México. Las presiones se dan en el peor momento: cuando se está negociando el próximo presupuesto y la ley de ingresos 2004, cuando se debe ratificar o cambiar al gobernador del Banco de México, cuando comienza a existir una creciente volatilidad financiera y cuando la economía comienza su tercer año consecutivo sin crecer. El problema es grave, además, porque las principales presiones para hacer modificaciones en esa área no provienen ni de la iniciativa privada ni de la oposición, sino del propio PAN que quiere mover a Francisco Gil de Hacienda y deshacerse de Ortiz Martínez en el Banco de México. Parece absurdo, pero es real.
El presidente Fox desde julio le había adelantado a funcionarios del Banco Mundial, que lo hicieron público, que propondría la reelección de Ortiz Martínez al frente del Banco de México, y la medida fue recibida con beneplácito por los mercados. Sin embargo, han pasado los meses y el poder ejecutivo no ha enviado, aún, esa propuesta formal al Senado de la República, que es donde deben ratificar o no esa designación. La indecisión presidencial proviene, sobre todo, de la poca disciplina que mantienen el panismo con respecto a su gobierno y a la presión de un grupo importante de legisladores del blanquiazul para reemplazar a Ortiz, no por su labor de los últimos seis años en Banxico, sino por lo actuado en el Fobaproa en 1995. El argumento, a estas alturas, parece absurdo: el Banco de México ha cubierto en estos años sus objetivos, ha logrado mantener la inflación en los márgenes en los que se propuesto hacerlo, ha tenido una política monetaria elástica que ha impedido choques externos y ese trabajo ha sido reconocido por los especialistas. No parece haber una razón sensata para hacer ese cambio en este momento. Un destacado panista me decía que Ortiz, como cualquiera, es reemplazable, y tiene razón. El problema es que en esas posiciones muy técnicas los reemplazos no son sencillos.
Un ejemplo: Alan Greenspan, es un reconocido republicano que asumió la presidencia de la Reserva Federal en 1987, con Ronald Reagan. Antes había sido el coordinador de asesores económicos de un presidente tan gris como Gerald Ford. Con el sucesor de Reagan, George Bush, el presidente de la Reserva Federal, se llevó mal: el padre del actual mandatario estadounidense no estuvo de acuerdo con el diagnóstico económico ni con la política monetaria de Greenspan, pero lo mantuvo en el cargo. Bush perdió las elecciones precisamente por el fracaso de su política económica. El nuevo presidente Bill Clinton, demócrata y liberal, tenía una visión de la economía diferente a la de Greenpsan, pero luego de un encuentro entre ambos en el periodo de transición, Clinton modificó su política económica, ratificó a Greenspan y ambos trabajaron con enorme éxito durante los ocho años de gobierno de Clinton. Llegó a la Casa Blanca, el hijo de George Bush, y el nuevo presidente, que tampoco se entiende bien con el jefe de la Reserva Federal, fue presionado para que cambiara a Greenspan y en su fuero interno sin duda hubiera preferido no tener en la Reserva Federal a alguien tan autónomo y poderoso. Pero asumió que el cambio podría ser muy costoso en un momento en el cual la economía de su país comenzaba a funcionar mal (y ahora, como Bush está repitiendo la receta de su padre, está funcionando aún peor) y decidió apoyar una nueva reelección de Greenspan. Y sin duda, los dos Bush, padre e hijo, o Clinton, deben haber tenido muchos buenos candidatos para reemplazar a Greenspan: lo que sucede es que decidieron no jugar a los reemplazos políticos en una posición técnica donde es tan difícil combinar la capacidad profesional con la intangible confianza de los mercados. Los panistas, varios de ellos, no piensan lo mismo.
Peor aún, pareciera que la intención de no ratificar a Ortiz tiene origen en otra ambición: la secretaria de Hacienda para un panista. La intención sería enviar a Gil Díaz al Banco de México (donde inició su carrera profesional) y colocar a uno de los suyos en Hacienda. El problema es que el PAN no parece tener entre sus cuadros de primera línea a alguien capacitado para esa posición: desde el gobierno se habla de Eduardo Sojo, y el canciller Luis Ernesto Derbez no oculta el deseo, desde antes de que comenzara la administración, de despachar desde las oficinas de Hacienda. Desde los ámbitos muy cercanos al foxismo, se está tratando de impulsar el regreso de Pedro Aspe, una opción que el propio Fox había considerado al inicio de su gobierno. Pero lo único seguro es que el gobierno no parece tener claro qué quiere en esa área estratégica para su presente y futuro o si lo sabe, no lo está trasmitiendo a la sociedad o por lo menos a los mercados, que están, ya, confundidos con tantas versiones.
Ayer mismo, se inauguró el seminario sobre globalización que organizaron el Banco de México y el Senado de la República. Allí, en la extrema prudencia que mostró Guillermo Ortiz en su discurso y en la falta de definiciones que sobre el tema tuvo el presidente Fox en la apertura (hubiera sido un espacio idóneo para anunciar la ratificación de Ortiz), se mostraron la profundidad de las dudas existentes en ese ámbito.
Pero no es el único tema donde persisten esas dudas: si las reformas estructurales son fundamentales pero parecen no serlo tanto, si la designación del gobernador del Banco de México es una señal clave para los mercados pero el gobierno no ha decidido aún qué hacer (y si lo ha decidido no termina de poner orden en su propio partido), entonces se pensaría que es la hora, por lo menos, de las reformas políticas. Pero éstas tampoco terminan de entrar del todo en la agenda de los partidos y el Congreso. Es más, dentro de tres semanas tendrá que tomar posesión el nuevo consejo general del IFE y apenas pareciera que los partidos comienzan a analizar con alguna seriedad el tema. Y no se trata, precisamente, de decisiones sencillas.
Algo está sucediendo en el gobierno federal, pareciera como si después de las decisiones tomadas en septiembre, el propio gobierno y el PAN hubieran comenzando a dudar de su propia ruta y comenzaron a transitar, nuevamente, por los caminos de la incertidumbre.
Una para Carrillo Prieto
Por fin el fiscal especial para delitos del pasado, Ignacio Carrillo Prieto ha ganado una, aunque su victoria no sea definitiva. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia decidió ejercer la facultad de atraer los casos referentes a la guerra sucia para decidir, la propia Corte, si los delitos derivados de ella han prescrito o no. Todas las investigaciones penales al respecto dependerán de esa decisión que la Corte deberá tomar probablemente antes de fin de año.