Mientras se decidía anoche la posibilidad de que el IMSS viviera la primera huelga en su historia, otra negociación se estaba generando entre los partidos políticos, para tratar de definir la renovación del consejo general del IFE. El actual consejo concluye sus labores el 31 de octubre, la verdadera negociación se acordó pasará, básicamente, por las dirigencias nacionales del PRI, PAN y el PRD que llevarán sus acuerdos a sus propios diputados.
Mientras se decidía anoche la posibilidad de que el IMSS viviera la primera huelga en su historia (ya abordaremos nuevamente el tema de la política de pensiones que ha generado muchas repercusiones de nuestros lectores), otra negociación se estaba generando entre los partidos políticos, pero en esta ocasión para tratar de definir la renovación del consejo general del IFE. El actual consejo concluye sus labores el 31 de octubre y para el primer día de noviembre tiene que haber nueve consejos nuevos que permanecerán en esa posición los próximos siete años. Los consejeros deben ser elegidos por las dos terceras partes de los votos de la cámara de diputados, aunque en este momento la verdadera negociación se acordó que pasará, básicamente, por las dirigencias nacionales del PRI, el PAN y el PRD que llevarán sus acuerdos a sus propios diputados.
Mucho se habló sobre la posibilidad de que algunos de los actuales miembros del IFE pudieran repetir en esa posición, pero luego de lo sucedido en torno a la multa del PAN y el Partido Verde por el caso Amigos de Fox, el PRI decidió que pediría la renovación total de los consejeros. Incluso cuando se habla de la necesidad de que quede en el consejo general gente con experiencia la respuesta priista es terminante: en el IFE trabajan diez mil personas, incluyendo toda un área de carrera que es la que realmente realiza la operación del Instituto, no es necesario que los consejeros repitan y menos que alguien se mantenga, repitiendo en el cargo, catorce años en la misma posición. En los hechos, en sectores del PRI, antes de iniciar la negociación iban a más: pensaban volver a presentar la reforma que planteaba la transformación de los consejeros en consejeros magistrados: en otras palabras, que los miembros del IFE tuvieran las mismas exigencias que los magistrados del poder judicial, lo que le daría un perfil indudablemente jurídico al Instituto pero le quitaría tanto su carácter ciudadano como el sentido político que se requiere para la organización y el control de los procesos electorales (y para cubrir ese aspecto está, precisamente el Trife). Ahora el PRI ha decidido no presentar esa propuesta pero, de todas formas insistirá que entre los nueve consejeros haya más juristas que en la actualidad y con un perfil más técnico que político.
De todas formas, al inicio de la negociación todo parece indicar que los tres partidos utilizarán un esquema de dos consejeros propuesto por cada uno, dejando la designación del consejero presidente a propuesta del PRI que tendrá que ser respaldada, por lo menos, por el PAN para que sea viable mientras que otros dos consejeros podrían ser repetidores o posiciones que se acordaran con los partidos pequeños. También habrían decidido que, primero, se buscaría consensar la propuesta del consejero presidente, antes de definir los otros ocho miembros del consejo, porque teniendo ese nombre se delimitarían los equilibrios internos y el resto de los integrantes.
En una reunión que se debería haber realizado ayer, se presentaba ya un nombre para la presidencia del IFE: se trata del ex procurador y actual director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés, que llenaría muchos de los requisitos planteados: es un jurista muy destacado, tiene experiencia política y si bien ha participado en diferentes administraciones priistas, su último paso por ellas fue de la mano de Manuel Camacho, ahora diputado federal, pero por el PRD. Aparentemente, el PRI le tiene confianza y el PAN también. Incluso en el perredismo podría pasar sin mayores problemas. Esa posibilidad se fortalece porque José Woldenberg ha dicho hasta el cansancio que no aceptaría una reelección en el IFE; Federico Reyes Heroles, al que mucho veíamos como un candidato casi natural para llegar a esa posición, también se ha descartado en forma pública y contundente; y Carlos Elizondo, el director del CIDE que era otro fuerte candidato, ha hecho trascender su opinión de que prefiere continuar con sus labores académicas.
Esa posibilidad crece también porque, por la oposición del PRI a la reelección de los consejeros, las dos opciones viables que existían para ocupar esa posición, los actuales consejeros Jacqueline Peschard y Jesús Cantú, quedarían descartados y, por lo menos en el caso de Peschard (sin duda una mujer que cumplió un espléndido papel en este proceso y que sería una muy digna cabeza del Instituto, una opción que los partidos no tendrían que descartar de buenas a primeras), se ve difícil que pudiera aceptar repetir en el consejo sin ascender a la presidencia. Cantú tuvo muchos movimientos en la historia del consejo general pero terminó, también, ganándose la confianza de la mayoría de los partidos. Pero, insistimos, la posibilidad de la reelección de alguno de los miembros termina siendo remota, o en todo caso objeto de negociación del PRI con un PAN que estaría abierto a esa posibilidad y un PRD que insistirá en que por lo menos tres consejeros pudieran repetir en su actual responsabilidad.
En ese contexto, de la misma forma que se buscará fortalecer la presencia de juristas y técnicos, crece también la posibilidad de que lleguen al consejo general funcionarios del área ejecutiva del Instituto o que pudieran haber tenido un paso previo por la misma: en esas categoría se encuentran, por ejemplo, personajes como Luis Carlos Ugalde, del CIDE; Alberto Begné, actual secretario ejecutivo del IFAI y que tuvo un paso importante por el IFE, siendo uno de los funcionarios, en su momento, más cercanos a Woldenberg; Hugo Concha (que si no llegara a concretarse la posibilidad de Valadés vería crecer las suyas porque es el segundo de Diego en Jurídicas de la UNAM); Alejandro Poiré del ITAM y dentro de la actual estructura ejecutiva del IFE, María del Carmen Alanís, que además cubriría la demanda que han hecho mujeres de todos los partidos políticos de que por lo menos tres de los nueve consejeros sean de ese género: hoy, la única es Peschard. En ese sentido, el PRD, en las primeras negociaciones ha insistido con el nombre de Clara Judsiman, una mujer, además de muy reconocida en el tema de los derechos humanos, que tiene la confianza de Andrés Manuel López Obrador y en el PAN no verían mal a Soledad Loaeza.
Por supuesto que hay muchas otras opciones: se ha hablado de académicos destacados como José Fernández Santillán o Leo Zuckerman (aunque el investigador del CIDE se habría descartado de esa posibilidad), de miembros de varios consejos estatales (en forma destacada de algunos de los del DF), incluso de comunicadores como Carmen Aristegui (¿dejaría Carmen su exitosa carrera en los medios para ir siete años al IFE?) y de muchos más: a diferencia de cuando se integró el actual consejo o el que controló las elecciones del 94, ahora virtualmente han salido precandidatos, reales o ficticios, hasta de debajo de las piedras.
Las fórmulas pueden ser muchas, tantos como los candidatos, pero lo que los partidos no pueden perder de vista es de no caer en la tentación de transformar al IFE en un instrumento partidario, en otras palabras de retroceder en el tiempo y elegir a los consejeros como posiciones propias para la defensa estricta de sus intereses. No es una posibilidad remota: la tentación ahí está. Todos los partidos han salido, de alguna forma lastimados con el actual IFE: el PRI tuvo una multa de mil millones de pesos, el PAN de 360 millones de pesos, el Verde de 180 millones, el PRD ha tenido mejor suerte pero ha tenido multas menores y constantes a lo largo de todos estos años. Pero, paradójicamente y pese a los errores cometidos por el propio IFE y por sus consejeros (sin duda, en términos políticos, el mayor fue la decisión de algunos de ellos de abandonar esas responsabilidades para asumir cargos políticos y partidarios), el Instituto ha logrado convertirse en un árbitro que, como todos, comete errores pero tiene legitimidad y credibilidad. Hace unos años, el instituto electoral de Nicaragua, creado sobre bases muy similares a nuestro IFE, sucumbió a la tentación de los partidos de distribuir tácitamente entre ellos sus asientos: desde entonces la regulación electoral en ese país ha sido catastrófica. No podemos seguir ese camino, en términos electorales nos falta, sin duda, mucho por hacer, sobre todo en el ámbito de la regulación financiera, pero regresar a los viejos tiempos de la partidización de las autoridades electorales sería un retroceso costosísimo para los avances democráticos.