El debate sobre el paraje san Juan, en la ciudad de México, donde un tribunal ha impuesto al gobierno de la ciudad una indemnización para sus propietarios originales de más de mil 800 millones de pesos, ha generado conflictos inesperados para el gobierno capitalino y para el propio PRD. Federico Arreola y Carlos Marín (con colaboración de Jairo Calixto y Román Revueltas) han sostenido un largo debate sobre si debe o no pagar Andrés Manuel López Obrador esa indemnización.
Para Oralia, porque apenas comienza lo bueno
El debate sobre el paraje San Juan, en la ciudad de México, donde un tribunal ha impuesto al gobierno de la ciudad una indemnización para sus propietarios originales de más de mil 800 millones de pesos, ha generado conflictos inesperados para el gobierno capitalino y para el propio PRD.
Ya mis compañeros y directores Federico Arreola y Carlos Marín (con la colaboración de Jairo Calixto y Román Revueltas) han sostenido un largo debate sobre si debe o no pagar Andrés Manuel López Obrador esa indemnización. En última instancia tendrá que hacer lo que le ordene la justicia. Pero en términos políticos, el debate ha tomado caminos insospechados que se enmarcan en el enfrentamiento político interno que están protagonizando desde hace ya tiempo el jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador y su antecesor y dirigente histórico del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas.
El tema lo destapó el ex procurador y uno de los hombres más cercanos a Cárdenas, Samuel del Villar, con un artículo publicado en La Jornada el lunes pasado. Allí Del Villar asegura que el único fundamento legal que han tenido los jueces para otorgar la millonaria indemnización a los supuestos propietarios del llamado paraje San Juan, era un documento que firmó Marcelo Ebrard cuando era secretario de gobierno del Distrito Federal en 1993 (cuando el regente era Manuel Camacho) en el que se acredita la legítima posesión de los actuales demandantes como propietarios de ese predio.
En la mañana del lunes, un poco desconcertado por el artículo de Del Villar, cuando fue interrogado sobre el tema, Ebrard dijo que sí podía haber firmado ese documento pero le restó validez jurídica. En la noche del lunes, el actual secretario de seguridad pública dijo que consultó los archivos del caso, encontró el documento al que se refería Del Villar y descubrió que éste era, según la versión de Marcelo, apócrifo, que el documento era falso y su firma también. Ayer, martes, el secretario de seguridad pública presentó una denuncia ante la procuraduría capitalina para que se investigue quién y cómo habría falsificado ese documento.
El tema ya de por sí es grave, porque implicaría, como alega Ebrard, que alguien "coló" en el expediente de la expropiación ese documento para darle legitimidad al proceso y por lo tanto allí se aquilataría, sin más, el delito de fraude. Pero el problema va mucho más allá. Hasta ahora se había insistido en que la expropiación se había realizado en 1989 al inicio de la administración en la capital de Manuel Camacho y todo indicaba que hacia allí se enfocaban las baterías oficiales, sobre todo por la insistencia de Andrés Manuel de que en la búsqueda de la indemnización estaban involucrados viejos funcionarios priistas de la ciudad. Pero el debate interno, con el texto de Samuel del Villar, tomó un nuevo giro con la afirmación de que si bien la expropiación se realizó en el 89, la demanda se entabló nueve años después, en 1998, cuando ya el jefe de gobierno capitalino era Cárdenas y el procurador Ebrard. Fue entonces cuando se inicio el proceso de amparo de los supuestos propietarios que lo ganaron entonces en primera instancia y lo volvieron a ganar en el tribunal colegiado de segunda instancia en junio de 1999. Durante todo el periodo el procurador fue Del Villar y cuando dice que la resolución judicial se basó en el documento supuestamente firmado por Ebrard, el mismo ex procurador queda en falta porque, como alegó el actual secretario de seguridad pública, cuando tuvo que defender el caso fue cuando, muy probablemente, se "coló", en un acto de corrupción, ese documento apócrifo al expediente (antes no tenía sentido porque no tenía utilidad ya que no se había levantado demanda alguna), pero además, la procuraduría en aquella instancia no verificó la legitimidad y autenticidad del documento, a pesar de que no estaba certificado y de que carecía de muchas de las "huellas" que deben tener los documentos expedidos por la burocracia, además de que en última instancia ese documento no servía para determinar la propiedad el predio que sólo se autentifica por el registro público de la propiedad.
El problema es grave porque desde tiempo atrás, en la disputa interna del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas ha insistido en que él no veía su lugar en un partido con espacio para salinistas. Nunca quiso Cárdenas decir exactamente a quiénes se refería pero fue precisamente un texto posterior de Samuel del Villar publicado también en La Jornada, el que dio las pistas: se refería a Manuel Camacho, actual diputado externo por el PRD y cuyo ex equipo ha trabajo estrechamente con López Obrador; de Marcelo Ebrard, que desde hace tiempo ha volado con alas propias pero que fue, la mano derecha de la gestión de Camacho en la capital entre 1998 y 1993, y de Socorro Díaz, también actual diputada perredista a la que el grupo que dio origen al PRD no le perdona que en 1987 haya sido parte de la corriente democrática pero que luego no rompiera junto con Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo y que, finalmente, no sólo se quedara en el PRI sino que fuera la que le entregara, el primero de diciembre del 88, la banda presidencial a Carlos Salinas de Gortari.
Ebrard, por otra parte, es visto como un aspirante natural a buscar la jefatura de gobierno en el 2006 y las presiones de distintos grupos perredistas contra quien consideran un extraño (que cuenta sin embargo con toda la confianza de López Obrador) han arreciado, particularmente de parte de los grupos que encabezan, por una parte, René Bejarano y por la otra el senador Jesús Ortega, ambos aspirantes, desde ya, a buscar también el gobierno capitalino en las próximas elecciones federales. Pero si lo que ahora dicen Camacho y Ebrard es verdad, el problema se ha trasladado de la administración del primero al inicio del gobierno de Salinas, al del primer gobierno perredista de la ciudad con Cárdenas y más particularmente a la esfera de Samuel del Villar.
El hecho es que en esa apenas disimulada disputa hay algo que dijo Ebrard que es verdad: Del Villar durante todo su periodo de procurador capitalino cometió demasiados errores y sustentó, pública y privadamente, "acusaciones muy graves sin probarlas". Quizás la frustrada investigación del caso Stanley haya sido el caso paradigmático en este sentido. Lo cierto es que López Obrador tendrá que tener mucho cuidado en ver cómo maneja esta crisis que él mismo, por buena o malas razones, ha generado: debe darle su lugar al poder judicial, debe hacer valer su compromiso de no pagar la indemnización si se comprueba que es parte de un movimiento fradulento pero, además, para comprobar ese dicho, ahora deberá investigar no sólo dentro de los anteriores gobiernos priistas (que en este caso encabezan dos actuales aliados suyos) sino también entre sus antecesores perredistas, donde están, hoy, algunos de sus más decididos adversarios.
Las ligas mayores de AMLO
No nos engañemos, es verdad que Andrés Manuel López Obrador es un fanático del béisbol, pero la oferta para comprar la franquicia de los Azulejos de Toronto y traerlos al DF, va más allá del legítimo entusiasmo deportivo del jefe de gobierno. Primero porque se equivocó de equipo y se trataba no de los azulejos sino de los Expos de Montreal. Pero podría servir, además, como un mecanismo para terminar de consolidar la alianza con cuatro grandes grupos empresariales y financieros, que ya están ligados entre sí y para los cuales sería, quizás, un muy buen negocio. Sólo unas pistas: ¿Quién es el empresario que más ha impulsado el béisbol en México?. Sin duda, Alfredo Harp Helú, uno de los principales accionistas de Banamex. ¿Quiénes están asociados para convertir el Foro Sol en un magnífico estadio de béisbol? Harp, o sea Banamex, y el grupo CIE, de Alejandro Soberón. ¿Con quién está asociado CIE en sus negocios estratégicos? Con Televisa. ¿Quién tiene los derechos en México sobre la trasmisión de los juegos de las grandes ligas?. Televisa. ¿Con quién están asociados CIE y Televisa en muchos negocios estratégicos?. Con Carlos Slim Helú. Con esas pistas concluya usted cuáles son las empresas que saldrían legítimamente beneficiadas si la franquicia de los Expos llegara al DF, además, claro, de los muchos aficionados al béisbol de la capital del país. Piense, además, si habría en México muchas otras empresas con la capacidad financiera y comercial como para respaldar una operación multimillonaria como la compra de una franquicia de las grandes ligas para instalarla en la ciudad de México.