El martes en la noche Santiago Creel estaba trabajando y escuchaba el noticiario de Joaquín López Dóriga, cuando Joaquín informó que se había presentado la iniciativa de ley de ingresos y presupuestos de egresos en la cámara de diputados. El secretario de Gobernación quedó desconcertado: Habló con Francisco Gil que estaba en Europa, y éste no sabía nada; en México habló con el subsecretario Rubén Aguirre y éste también le aseguró que no se había enviado iniciativa alguna. Le tomó unas horas descubrir que había pasado y cuando se enteró quedó más sorprendido aún: el documento filtrado era apócrifo y circulaba por todo San Lázaro.
El martes en la noche Santiago Creel estaba trabajando y escuchaba el noticiario de Joaquín López Dóriga con el televisor encendido, cuando Joaquín informó que se había presentado la iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de egresos en la cámara de diputados. El secretario de Gobernación quedó desconcertado: sabía que no podía ser así. Habló con Francisco Gil que estaba en Europa, y éste no sabía nada; en México habló con el subsecretario Rubén Aguirre y éste también le aseguró que no se había enviado iniciativa alguna. Todavía le tomó unas horas descubrir qué había pasado y cuando se enteró quedó más sorprendido aún: el documento que se había filtrado como si fuera la iniciativa gubernamental y que circulaba por todo San Lázaro, era apócrifo: no era la iniciativa presidencial. Incluso otro documento, con diferentes datos, también apócrifo, circulaba en la cámara. El mensaje era evidente, alguien quería reventar la negociación filtrando un acuerdo que todavía no estaba plenamente concluido y con términos diferentes a los estipulado.
Por eso si hoy le preguntamos a los diputados (ni pensar de hacerlo con la gente) qué contiene la propuesta del paquete económico de la secretaría de Hacienda para el año próximo, pocos podrán darnos una respuesta con certidumbre. La secretaría de Hacienda explicó que esos fueron documentos de trabajo previos y que, en los hechos, no se ha presentado aún la propuesta al Congreso. Seguramente será presentado en las próximas horas, sin duda antes del fin de semana.
Lo que sucedió ya se ha dicho: antes de partir a una serie de reuniones en Europa, el secretario de Hacienda dejó terminada una propuesta de reforma hacendaria y paquete económico para el 2003; por eso, quizás, el presidente Fox pensó que se presentaría inmediatamente, pero la iniciativa se había detenido porque la negociación con los partidos no había concluido y porque cada vez más se percibe en el gobierno y en sectores de los partidos que se tendrá que procesar una votación en partes de un paquete de reformas que incluye la hacendaria, la eléctrica y luego la de pensiones. La negociación se ha establecido con los partidos pero sobre todo con los gobernadores de todos los partidos y particularmente del PRI.
La zanahoria es grande y muy visible: se trata de garantizarle a los estados y municipios una tajada importante del incremento recaudatorio. Pero, además, los gobernadores necesitan mayores recursos, requieren más inversiones y saben que sólo vía la aprobación de ese paquete de reformas tendrán unos y otras. En ese punto, prácticamente todos los gobernadores del PRI están de acuerdo. El único que tiene una posición contraria a esas reformas es el de Oaxaca, José Murat, que ha dicho que quien vote por esas reformas estará cometiendo una "traición a la patria" y asegura que el gobierno federal "miente", "presiona" y "chantajea" para sacar esos acuerdos. Por supuesto, eso no fue lo que le dijo al presidente Fox en la reunión que tuvieron esta semana, según sus propias declaraciones. Los demás gobernadores priistas, que también se reunieron, pero en otros encuentros, con el presidente Fox y con el secretario Santiago Creel no hicieron declaraciones públicas luego de esas reunión pero, por separado, coinciden en que se debe sacar las reformas, sobre todo la hacendaria. La pregunta es cómo hacerlo sin generar rupturas.
¿Por qué no se ha presentado la iniciativa? Porque aún están negociando con el PRI y particularmente con los gobernadores la forma de presentar la reforma fiscal y esa negociación se está llevando a cabo en la secretaría de Gobernación (el presidente Fox está de gira por Estados Unidos, el secretario de Hacienda, Francisco Gil estaba ayer en Londres: obviamente ninguno de ellos está participando en forma directa en la negociación del paquete fiscal). Se podría haber entregado la iniciativa el mismo martes pero algo sucedió y finalmente no se la envió a la cámara. Sin embargo, la circulación de los dos presupuestos "apócrifos" en la cámara de diputados en la tarde del martes, demostró, primero, que la situación aún no está cerrada, pero sobre todo que hay sectores priistas que están intentando reventar la negociación antes de que ésta se cierre.
Faltan por analizar algunos aspectos pero el hecho es que la propuesta fiscal girará en torno a un IVA generalizado de 10 por ciento, una reducción del impuesto sobre la renta que oscilará entre el 25 y el 30 por ciento en sus tasas más altas y la posibilidad de que los estados establezcan una suerte de IVA propio de hasta 2 por ciento que quedaría en las arcas locales. No es descabellado pensar que una propuesta de estas características pueda pasar en las cámaras pero se requieren dos adecuaciones fundamentales para que pase en el seno del priismo: primero, una canasta básica de alimentos y medicinas que podrían estar exentas del IVA. Según la propia secretaría de Hacienda, los diez productos alimenticios de mayor consumo popular son el frijol, la tortilla de maíz, el maíz en grano (aunque mucho se utiliza en la alimentación del ganado), el huevo, el jitomate, el azúcar, el pollo, la leche, el pan dulce o empaquetado y la papa. Establecer una canasta exentando esos productos no parece ser un conflicto de vida o muerte para el futuro de la reforma fiscal. Lo mismo podría suceder con una canasta de medicamentos básicos. Ello permitiría aprobar la reforma y, al mismo tiempo, el propio priismo podría salvar las divisiones internas sobre el tema.
Un segundo aspecto debería ser el hacer explícitos los compromisos sobre cómo se utilizarán los recursos que se recaudarán con la reforma. La gente debe tener información específica, no general de lo que se hará con los 70 mil millones de pesos adicionales que se podrían recaudar con esta reforma: cuánto se destinará a salud, cuánto a educación, cuánto a vivienda y tener algún tipo de garantía de que esos recursos se irán a gasto social y no al gasto corriente, a alimentar la burocracia.
Con todo la situación es compleja, difícil, sobre todo porque el PRD ya ha anunciado que no apoyará ninguna de estas reformas y en el PRI, donde el apoyo es mayoritario en lo general, cuando se va a lo particular y a los compromisos personales de cada legislador, comienzan las dudas. Una cosa es cierta: si pasa esta reforma será en una lucha voto por voto, diputado por diputado, más allá de los grandes bloques partidarios. Y eso tendría que darse, a más tardar, la próxima semana.
Otra vez, para bien, la Corte
La Suprema Corte de Justicia volvió ayer a emitir un fallo que puede ser decisivo en muchos sentidos para el futuro de la salud política del país. Decidió en la controversia sobre la prescripción o no del delito de secuestro o desaparición forzada de personas que éste, mientras la víctima no aparezca, viva o muerta, no prescribe porque es considerado un delito en curso. Eso abre la puerta al procesamiento de Miguel Nassar Haro y Luis de la Barreda Moreno, pero también de muchos otros personajes involucrados en la violación de derechos humanos en los años de la guerra sucia. Finalmente, el fiscal Ignacio Carrillo Prieto contará con las armas legales necesarias como para poder dar resultados en su tarea. No es ninguna mala noticia y quizás, como lo había prometido Carrillo, para enero alguno de los principales responsables podrá ya estar acusado formalmente por esos crímenes.