Tiene razón el gobierno capitalino en exigir una investigación a fondo en el tema del paraje San Juan, o actos de corrupción que se hayan producido en anteriores administraciones. Todo indica que hubo un manejo fraudulento. Pero mientras tanto la administración López Obrador está mostrando un rostro de intolerancia doblemente preocupante. Primero, porque proviene de las propias autoridades; segundo porque López Obradores un hombre con amplias posibilidades de llegar a la presidencia de la república en el 2006 y sería grave que esa intolerancia, fuera la marca de su gobierno.
Tiene razón el gobierno capitalino en exigir una investigación a fondo en el tema del paraje San Juan: insuficiencias aparte, defectos de su propia operación o actos de corrupción que se hayan producido en anteriores administraciones, no soslayan el hecho de que, en ese caso, todo indica que hubo un manejo fraudulento. La administración López Obrador no puede ni debe, por ello, apartarse de la legalidad, pero como lo demostró ayer mismo la propia Asamblea Legislativa, aún queda muchos caminos legales para revertir la sentencia que condena al gobierno capitalino a pagarle mil 800 millones de pesos de indemnización a un grupo de particulares que no han podido acreditar fehacientemente la propiedad de esos terrenos.
Pero mientras en el paraje San Juan el gobierno capitalino parece haber demostrado su verdad, en varios otros capítulos de su relación con otras instituciones públicas del propio DF, la administración López Obrador está mostrando un rostro de intolerancia doblemente preocupante. Primero, porque proviene de las propias autoridades; segundo, porque López Obrador es un hombre con amplias posibilidades de llegar a la presidencia de la república en el 2006 y sería grave que esa, la intolerancia, fuera la marca de su gobierno.
Lo más preocupante de todo esto es la insistencia del gobierno capitalino y de uno de los principales operadores del jefe de gobierno, René Bejarano, quien funge, además, como líder perredista en la Asamblea Legislativa, para atacar instituciones autónomas y que deben tener un espacio de control respecto a las propias autoridades de la ciudad. Bejarano y su grupo, con el beneplácito del jefe de gobierno, se han cebado en dos instituciones: una funcionando y con amplia respetabilidad pública, y otra a la que el gobierno del DF no quiere dejar nacer: se trata del Instituto Electoral del Distrito Federal y del Consejo de Información y Transparencia, respectivamente.
En el primer caso, Bejarano y su gente están empeñados en descalificar al consejero Eduardo Huchim, presidente de la comisión de fiscalización del IEDF, porque Huchim (un hombre progresista, que fue y es un conocido y reconocido periodista y escritor antes de sumarse a las actividades electorales) ha cumplido con su labor y ha fiscalizado el accionar de los partidos y las autoridades en la capital del país en el ámbito electoral. De la comisión de fiscalización surgieron las sanciones al PAN y al PRD en la delegación Miguel Hidalgo y también, los frenos para muchas de las decisiones que ha adoptado el gobierno de la ciudad (como las famosas, e inútiles, consultas sobre la permanencia o no de López Obrador). El hecho es que la asamblea legislativa y Bejarano, quieren, por una parte y en un hecho inédito desde que existen órganos ciudadanizados en el ámbito electoral, colocar un bozal a Huchim para evitar que exprese sus opiniones. Es como si la asamblea legislativa quisiera legislar para que un juez no pudiera dictar sentencias simplemente porque no le gusta el sentido de las mismas. Pero, además, el PRD en la Asamblea quiere castigar al IEDF, reduciendo su presupuesto y acabando con uno de los principales logros del mismo: el servicio electoral de carrera. Claro, por supuesto que esa reducción presupuestal no es para los recursos partidarios, sino para el propio Instituto que encabeza Javier Santiago y que no se ha doblado ante las exigencias del poder local. Esa presiones se complementan con una amplia propuesta de reforma a la ley electoral del DF que le quita atribuciones al Instituto, se colocan mecanismos para obstaculizar las investigaciones sobre los gastos de campaña de los partidos, se modifica la asignación de legisladores plurinominales, se incluye hasta la calificación de "austero" para el Instituto cuando en realidad de lo que se trata de es que esa institución, como cualquier otra, tenga un presupuesto y responda por él. Pero quizás lo más grave, además de la virtual desaparición del servicio profesional electoral es que se propone la incorporación a las comisiones del Instituto de un representante de cada partido político: en otras palabras, se regresa una década atrás, al periodo en el que los partidos tenían voz y voto en las instituciones electorales. Se olvida, y es muy grave que sea el PRD quien lo olvide, que uno de los principales instrumentos de la transición en este país fue sacar a los partidos de las instituciones electorales y ciudadanizar éstas. ¿Cómo puede ser que el PRD esté reclamando que en el IFE haya consejeros que tuvieron relación con algún partido y al mismo tiempo, en la capital demande que los partidos se incorporen con voz y voto a las comisiones del instituto electoral del DF? Es incomprensible. Como lo es la oposición registrada a que Maria Elena Homs, una reconocida funcionaria electoral (primero en el IFE, luego en el IEDF) fuera la reemplazante, como legalmente le correspondía, de Rodrigo Morales, que dejó de ser consejero en el instituto capitalino al ser designado en el federal.
Igual o más grave es lo que se ha hecho con el llamado Consejo de Transparencia. Si en el ámbito electoral si quiere regresar a los viejos tiempos de los órganos partidizados, en el de la transparencia y la información simplemente se quiere ignorar un derecho ciudadano y se lo oculta bajo un velo de declaraciones tramposas. El gobierno del DF lisa y llanamente parece que no quiere que existe un mecanismo de vigilancia autónomo: ha hecho todo por impedirlo. Primero, reformó la iniciativa original para que el organismo autónomo (similar al IFAI, la institución federal) se transformara en uno con tres consejeros y con doce funcionarios provenientes del propio gobierno y de instituciones descentralizadas, sin el poder de autoridad que tiene el IFAI. Luego, cuando no le gustó la designación de los consejeros, interpuso una controversia en la Corte; extrañamente, el ministro Góngora Pimentel ordenó, en unas pocas horas, suspender el procedimiento de instalación del instituto que había elegido la asamblea legislativa. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apenas el viernes pasado, obligó al gobierno federal a instalar el Consejo. Pero Bejarano en un albazo legislativo (una chicana, una de esas que tanto critica el jefe de gobierno en los abogados tramposos) se apresuró a reformar la ley para evitar instalar un consejo autónomo. Lo que queda del mismo, con la reforma legal, es una caricatura: un consejo con miembros voluntarios, sin estructura profesional, que se limitará a "aconsejar" a quien demande información del gobierno del DF y sin posibilidad alguna de poder sancionar o siquiera hacer recomendaciones a cualquier autoridad capitalina sobre el tema. Bejarano y el propio López Obrador han dicho que el consejo es un gasto superfluo, innecesario porque su gobierno es transparente: lo mismo pudieron haber dicho López Portillo o Echeverría. Y puede ser que sea un gobierno honesto, pero por eso mismo debe ser fiscalizado desde fuera, en forma autónoma, no por el propio gobierno capitalino.
Se ha dicho que el presupuesto para el consejo, poco más de cien millones de pesos al año, es una cifra exagerada, que podría utilizarse en otros programas. Pero no se dice que el presupuesto para el año próximo del GDF es de 83 mil millones de pesos y con la decisión que tomaron Bejarano y su gente (que no tuvieron austeridad alguna para designar asesores del grupo legislativo del PRD en la capital con un presupuesto de cinco millones de pesos anuales) nadie podrá controlar ni obtener respuesta sobre cómo, en qué y de qué forma se gastaron esos recursos (con que sólo se evitara la malversación de un uno por ciento de ese presupuesto la inversión en el consejo estaría más que justificada).
Para eso sirve el consejo de transparencia e información. Si hoy se puede saber hasta cuanto gasta el gobierno federal en las comidas de Los Pinos, es porque existe una ley y un consejo que pueden controlar ese gasto. Hoy, en el DF no se puede contar siquiera con el padrón de los adultos mayores que reciben los famosos 700 pesos de ayuda. ¿Por qué esa información no puede ser pública?¿por qué tanta insistencia en que no haya organismo alguno con capacidad, autonomía y autoridad como para vigilar e informar sobre el gasto del gobierno capitalino?
Si López Obrador fuera un hombre sin futuro político, lo anterior sería preocupante pero no tanto, el tiempo pondría las cosas en su lugar. Pero no es así: es un protagonista política de hoy y sin duda del mañana, no puede darse el lujo de arrestos autoritarios ni de desconocer organismos ciudadanos por la sencilla razón de que no están bajo su control.