La gran mayoría de los diputados y senadores decidieron que, pese a todo, la reforma hacendaría no es urgente, lo mejor, era tomarse unos días descanso, aprovechar el puente. Esos días, le servirán para analizar con más calma la propuesta presentada por Elba Esther Gordillo y su equipo con el nuevo impuesto a la producción para alimentos y medicinas.
La gran mayoría de los diputados y senadores decidieron que, pese a todo, la reforma hacendaria no es urgente, que aún hay tiempo y que, lo mejor, era tomarse unos días de "descanso", aprovechar el puente pues. Esos días, servirán para analizar con "más calma" la propuesta presentada por Elba Esther Gordillo y su equipo con el nuevo impuesto a la producción para alimentos y medicinas, que se utiliza como una suerte de trampa para demostrar que no se grava con IVA alimentos y medicinas pero, al mismo tiempo ese gravamen se aplica a la cadena productiva…que muy probablemente terminará trasladándolo a los precios de esos productos.
En realidad, con esa lógica era más sencillo aplicar el IVA generalizado, o incluso al 5 por ciento en alimentos y medicinas y el efecto sería similar. Pese a lo que se diga ese impuesto, disminuyendo el ISR y el IVA general, no sería tan costoso para el conjunto de la población y podría generar ciertos beneficios. Claro que plantearlo de esa forma es políticamente incorrecto y por supuesto que el PRI realizó una campaña electoral con el slogan de no al IVA en alimentos y medicinas, un compromiso que tarde o temprano, si aspira a regresar algún día al poder, no podrá cumplir. El problema no está ni en el IVA, ni en el impuesto a libros, diarios y revistas, ni siquiera en los intentos de desaparición de IMCINE, el Centro de Capacitación Cinematográfica, los estudios Churubusco o Notimex. La pregunta que no se hace y cuya respuesta no se ofrece, es qué se hará con esos recursos: cómo se utilizarán para reactivar la economía, de qué forma, en qué ramas, con qué metas. Cuánto se utilizará para generar empleos, si éstos serán temporales o permanentes. Cuánto y cómo irán los recursos para seguridad pública, si se mejorarán las policías y los equipos. Cuánto y cómo se invertirá en educación y salud, en aulas, escuelas, hospitales y equipos médicos y medicinas en los hospitales públicos.
Lo inconcebible en la forma en que se está debatiendo la reforma hacendaria es que en la danza de cifras, de viejos o nuevos impuestos, de porcentajes de ISR e IVA que se barajan, nadie, ni el gobierno, ni el PAN ni el PRI (el PRD en todo esto sigue desaparecido: una vez más se aisló de las negociaciones y no tendrá influencia en ellas más que para votar en contra de la propuesta que finalmente se vote) ha dicho para qué quiere esa reforma fiscal. Decir que del nuevo IVA de 13 por ciento, un 10 por ciento irá para el gobierno federal, un dos por ciento para el estatal y un uno por ciento para los municipios es lo mismo que no decir nada (sobre todo cuando muchos estados no tienen sistemas de control y transparencia alguno). Nadie apoya nunca que se aumenten los impuestos, ni en México ni en ningún otro país, pero cuando eso sucede, las democracias funcionales, lo que hacen es explicarle a la gente para qué lo quieren. Y en una democracia disfuncional como la nuestra esa explicación debe realizarse hasta el último detalle para no incrementar la desconfianza social. Los partidos se están preocupando por el costo de sus decisiones pero, obviamente, si no existe una explicación de qué se quiere hacer con los recursos públicos (sin generalizaciones, "aterrizando" las propuestas), el costo político, se apruebe lo que se apruebe, se incrementará ineludiblemente.
El tema del costo político se ha manejado por todos: el gobierno dice que asumirá el costo de la reforma, el PAN ha dicho prácticamente lo mismo, los priistas no quieren asumir costos pero hablan de sus responsabilidades republicanas y algunos como el gobernador José Murat, decía que el PRI era un partido de oposición y era "grotesco" que ellos hicieran la propuesta de reforma hacendaria. Todos preocupados por el costo de votar esa reforma. Por supuesto, no toman en cuenta el costo político extra que les generará el no votarla, o como hace dos años, terminar votando un frankenstein que haga aún más complejo todo el proceso y cargue el peso fiscal sobre los mismos de siempre.
Pero vayamos al fondo del asunto: ¿es "grotesco" que el PRI como partido de oposición presente su propuesta de reforma hacendaria?. Yo creo que no, creo que lo grotesco es que el PRI se considere a sí mismo como un simple partido de oposición, como si hubiera estado en esa condición toda la vida y ahora se le pide que colabore con propuestas para cogobernar el país. El PRI tiene que comprender, tarde o temprano, que en el 2000 la gente, casi la mitad de los electores, votó por Fox porque era la opción para sacar al PRI de Los Pinos. No fueron dos o tres sexenios, sino 71 años de gobierno priista inintierrumpidos, donde sin duda hubo avances pero también graves errores y sobre todo durante muchos años, un administración irresponsable de los fondos públicos que marcaron, incluso hasta el exceso, al priismo como corrupto. El PRI no puede actuar como un simple partido de oposición: primero, por su historia; segundo porque sigue gobernando la mayor parte de los estados del país; tercero porque tiene la mayoría en ambas cámaras; cuarto, porque buena parte de las instituciones nacionales están conformadas por hombres y mujeres que vienen del priismo o de sus regímenes. Ese es el punto: el PRI tiene que demostrar (más que cualquier otro partido nacional) que ha cambiado, que puede hacer propuestas, que es responsable, que es una opción diferente para gobernar si regresa al poder: eso es lo que el priismo debe demostrar. Y para ello debe presentar una reforma hacendaria que demuestre ser mejor que la del gobierno y debe especificar en qué se utilizará el dinero que se recaude. ¿Implicará ello un costo político?. Sí, pero también generará réditos que más temprano que tarde, si la propuesta es acertada, redundarán en beneficio de ese partido. Lo grotesco es convertirse en una suerte de mala y grandielocuente copia del perredismo, sin la legitimidad opositora de éste.
Evidentemente, no todos los priistas piensan así. Muchos están convencidos de que no deben aportar absolutamente nada a la administración Fox y que cuanto peor le vaya a Fox mejor le irá al PRI. Están equivocados, cuanto más se cierre el PRI, cuando peor le vaya a Fox, mejor le va a ir a…López Obrador, lo que no sería grave: lo preocupante sería que ese vacío no termine siendo llenado ni por priistas, ni por panistas ni por perredistas, sino por algún personaje ajeno a los partidos (la gente está harta de ellos) que se presente como un salvador, marcado, por supuesto por el autoritarismo y el populismo. Mientras tanto, los chicos y chicas del Bronx priista, se llenan la boca hablando de la defensa de los intereses de los mexicanos. Lamentablemente, no dicen cómo piensan defendernos y todo indica que la defensa que más les importa es la de sus propios intereses de corto plazo.
La propuesta de Convergencia
Hablando de propuestas fiscales. Me envió el diputado Jesús Martínez Alvarez la propuesta de su partido, Convergencia. Quizás algunos números son exagerados, quizás debe precisarse mucho más cómo llegar a algunos de los objetivos que se propone ese partido. Pero se debe reconocer que es de los pocos (¿o el único?) que pone el dedo en la verdadera llaga de la política fiscal: sólo el 30 por ciento de las personas que reciben ingresos pagan impuestos y se pregunta si no es esa evasión permanente y crónica mucho más de los 50 mil millones de pesos que estamos buscando con el IVA. Según Convergencia, sólo cobrando entre los millones que trabajan en la economía informal se podrían recaudar cien mil millones de pesos más. Supongamos que sea menos, pero porqué no aparece ni en la propuesta del gobierno, ni en la del PAN ni en la del PRI nada concreto sobre el tema. Se ha hablado incluso, de utilizar el mismo mecanismo "fiscal" que utilizan los líderes de los comerciantes ambulantes: pasan diaria o semanalmente a cada puesto a cobrarles una iguala por instalarse en un lugar que ellos controlan y así los dejan trabajar, deben exhibir el sello de que pagaron. En otras palabras, esos trabajadores están pagando un impuesto, pero no al Estado sino a sus líderes. ¿Por qué no puede la secretaría de Hacienda, o las secretarias de finanzas de los estados, como propone Convergencia, realizar ellos cobros similares utilizando los mismo métodos de los líderes?¿o será que siguen pensando, como alguna vez le escuché decir a un secretario de Hacienda, que esas propuestas no servían porque saldría más caro cobrar esos impuestos que lo que se recaudaría de ellos?