El imperio de José María Guardia se derrumbó. El pasado 9 de diciembre, en Ciudad Juárez, la secretaría de Gobernación le notifico al dueño de la empresa Cesta Punta S.A. de C.V. que le había sido revocado el permiso para operar el hipódromo y galgódromo ubicado en esa ciudad. Y simultáneamente, la misma dependencia revocó todos los permisos que tenía Guarda para oparear books o libros foráneos (casas de apuestas)en Chihuahua, Ciudad Juárez, Monterrey, Nuevo León, Huixquilucan, estado de México y en el centro Comercial Interlomas.
El imperio de José María Guardia se derrumbó. El pasado 9 de diciembre, en Ciudad Juárez, la secretaría de Gobernación le notificó al dueño de la empresa Cesta Punta SA de CV que le había sido revocado el permiso para operar el hipódromo y galgódromo ubicado en esa ciudad. Simultáneamente, la misma dependencia revocó todos los permisos que tenía Guardia para operar books o libros foráneos (casas de apuestas) en Chihuahua y Ciudad Juárez, también en Monterrey, Nuevo León y en Huixquilucan, estado de México (en el centro comercial Interlomas). La causa de las revocaciones de todos sus permisos se determinó por el "incumplimiento grave" a las condiciones exigidas en los mismos y a la "operación de juegos de números prohibidos por la ley federal de juegos y sorteos".
José María Guardia este empresario de origen filipino, que siempre presumió ser uno de los hombres del dinero de la iglesia católica mexicana, amigo íntimo del cardenal Juan Sandoval Iñiguez, pero también se decía amigo de Fidel Castro y de Fernando Gutiérrez Barrios, el mismo que llevó a la cúpula de la iglesia católica mexicana a La Habana para reunirse con Fidel, había demostrado hace ya tiempo que, simplemente, era un farsante, un hombre que utilizaba esas reales o supuestas relaciones para intentar fortalecer sus negocios.
El grupo Cesta Punta de José María Guardia estaba operando fraudulentamente, no sólo porque no tenía permisos sino también porque sus deudas con el fisco y otras instituciones eran enormes. Las instalaciones del galgódromo e hipódromo estaban clausuradas desde el 26 de agosto pasado. Guardia había alegado que sus problemas comenzaron por una polémica entrevista que se publicó el 16 de agosto pasado en Milenio Semanal, donde Guardia, escudándose en sus relaciones con la iglesia católica, decía que, "con ley o sin ley" abriría un casino en Ciudad Juárez, en las instalaciones del galgódromo, en enero próximo, allí hablaba también de su relación con Castro, con el cardenal Sandoval Iñiguez, contaba como Gutiérrez Barrios literalmente le había relgalado la concesión para el hipódromo de Juárez en 1990 y se decía comendador de la orden de Santa Brígida (que tiempo después se comprobó que es una orden no reconocida por la propia Iglesia Católica). La entrevista coincidió con las investigaciones que estaba realizando en su contra la secretaría de Gobernación por diversas violaciones legales. Guardia una vez que se publicó la entrevista pagó desplegados y ofreció conferencias de prensa, argumentando que todo había sido un invento, que jamás había concedido entrevista alguna a los reporteros Armando Velez y Alberto Ponce de León. Para su desgracia la entrevista estaba grabada y se puso durante semanas a disposición de los lectores de Milenio Semanal en la página web del semanario.
Pero los problemas de Guardia con la justicia venían de mucho más atrás. Ya en abril del 2002 se había iniciado un procedimiento administrativo contra Guardia porque sus casas de juego estaban operando sin los permisos correspondientes. Guardia se amparó y pudo seguir trabajando unos meses más, pero no renovó los permisos. En agosto pasado, el 26 de agosto, la secretaría de Gobernación clausuró por completo las instalaciones del galgódromo-hipódromo de Juárez y las demás casas de apuestas propiedad de Guardia. Y el pasado día nueve decretó la revocación definitiva de sus permisos.
Pero Guardia tenía, tiene, otras demandas en su contra: hasta agosto pasado tenía una deuda fiscal de 173 millones de pesos con el sistema de administración tributaria y se ha resistido a cualquier acción de cobro ejercida por las autoridades. Al IMSS le debía para esa fecha 24 millones de pesos y al INFONAVIT 790 mil pesos. Por participaciones en juegos y sorteos le debía a la propia secretaría de Gobernación seis millones 500 mil pesos y estaba por ser rescindido el contrato de arrendamiento de los terrenos donde opera el galgódromo por problemas de pago. Desconcertante para un hombre que se vanagloriaba de haber rentado un jet para viajar a Cuba y financiado la estadía en la isla de la cúpula de la iglesia católica.
Pero los problemas de Guardia van más allá de la revocación de los permisos que sufrió en estos días. Guardia es uno de los investigados por lavado de dinero en el caso que involucra al cardenal Sandoval Iñiguez y que pese a los anuncios realizados por la propia Conferencia del Episcopado Mexicano, no se ha cerrado. Y Guardia es, quizás, uno de los eslabones más débiles de esa cadena.
Cuando comenzaron las investigaciones, Guardia convocó a una conferencia de prensa en Ciudad Juárez en donde participó él mismo, junto con el cardenal Sandoval Iñiguez y el entonces jefe de la oficina del FBI en El Paso, Texas, Hendrick Crawford Jr.. En un hecho insólito y también violatorio de la leyes, Crawford Jr. en esa conferencia de prensa "absolvió" de sus acusaciones tanto a Sandoval Iñiguez como a Guardia: pero quienes los estaban investigando no era el FBI sino la PGR y la justicia mexicana. Ello motivó una protesta formal de la cancillería mexicana. Guardia habla en la entrevista publicada por Milenio Semanal de cómo "traía" al delegado del FBI a Juárez (la principal plaza del narcotráfico en México, junto con Tijuana) y como lo hizo amigo de políticos y empresarios locales. ¿Cómo había conseguido esa relación con Crawford Jr.? También lo dice: asegura que un primo suyo era jefe de éste y así logró llevarlo a Juárez. Pero la verdad, una vez más, era otra: Crawford, que el pasado 7 de noviembre renunció a su cargo para pasar a retiro luego de 23 años de servicio en el FBI, está siendo investigado por las propias autoridades estadounidenses por sus relaciones con José María Guardia, como reveló El Paso Times la semana pasada y retomó Jesús Blancornelas en Milenio Semanal.
Resulta que la esposa de Crawford, Linda, trabajaba en el área de relaciones públicas del propio José María Guardia en el ahora clausurado galgódromo. El propio Guardia lo aceptó, diciendo que era una de sus "ejecutivas", que había sido contratada para "atraer clientes de la comunidad afroamericana" al centro de apuestas. En declaraciones al mismo periódico texano destaca la relación que estableció vía Linda entre el presidente municipal de Juárez (y precandidato al gobierno del estado) el panista Jesús Alfredo Delgado con publicistas texanos.
Pero la relación iba más allá de la contratación, que también sería violatoria del código de ética del propio FBI (todo indica que Crawford no informó a sus superiores de esa situación) sino que, además, Guardia le pagaba al jefe de la oficina del FBI en El Paso, la membresía de uno de los club de golf más exclusivos del sur de los Estaods Unidos: el del Coronado Country Club, en San Diego, California (¿por qué Crawford Jr tenía que ir a jugar golf los fines de semana hasta San Diego si vivía en El Paso, Texas?¿se puede pagar ese tren de vida un agente del FBI?).
El derrumbe de todo el imperio financiero-político-religioso de Guardia está sellado, habrá que ver hasta dónde está dispuesta la justicia para ahondar en la historia de este personaje que se decía, por igual, amigo de Fidel Castro y de Sandoval Iñiguez, de Gutiérrez Barrios que de funcionarios del FBI, que pagaba membresías y aviones privados pero no tenía para pagar sus impuestos. Aún queda mucha historia por conocer en el caso Guardia.
La fractura del PRI
Ya lo analizaremos con mucho más detalle pero no se debe perder de vista lo ocurrido ayer en el grupo parlamentario del PRI: la creación de un virtual nuevo grupo parlamentario en torno a Elba Esther Gordillo (aunque ella no será la coordinadora) en San Lázaro, denominado Fuerza Reformadora, que cuenta con unos 70 diputados, entre ellos nueve presidentes de comisiones y 25 secretarios de comisiones, es una fuerza real de un tamaño un poco menor a la del propio PRD. Eso redistribuirá todas las cartas en el juego legislativo.