Las áreas de seguridad e inteligencia del gobierno mexicano fueron enteradas por las autoridades estadounidenses de la posibilidad de la utilización de un avión de una aerolínea nacional en atentados terroristas el 24de diciembre. Distintos informes de inteligencia: advertían del peligro para vuelos que se dirigieran a los aeropuertos de Los Angeles, Newark (en Nueva York) y Dulles en Washington) y existía información particular, sobre el vuelo 490 de Aeroméxico a Los Ángeles.
Las áreas de seguridad e inteligencia del gobierno mexicano fueron enteradas por las autoridades estadounidenses de las posibilidades de la utilización de un avión de una aerolínea nacional en atentados terroristas el 24 de diciembre a las 10 de la mañana. Distintos informes de inteligencia, estadounidenses y de algunas naciones europeas, refrendaron esos datos: se advertía del peligro para vuelos que se dirigieran a los aeropuertos de Los Angeles, Newark (en Nueva York) y Dulles (en Washington) y existía una información particular, cuyos detalles no han sido revelados, sobre el vuelo 490 de Aeroméxico a Los Angeles. El operativo de seguridad, a la postre tan controvertido, comenzó a implementarse a tres horas después, a la una de la tarde.
Ese capítulo no puede ser cuestionable: había un (en realidad varios) informes coincidentes sobre atentados posibles y se debían adoptar medidas. Sean plenamente confiables o no, las autoridades mexicanas no se pueden dar el lujo de ignorar advertencias de atentados terroristas provenientes de Washington. Desde el 11 de septiembre y particularmente durante los días más álgidos de la intervención de Estados Unidos en Irak, siempre se han atendido esas denuncias (aunque casi nunca esas denuncias o advertencias se han verificado en hechos o en amenazas terroristas reales) porque, como bien dicen las áreas de inteligencia, la probabilidad de que tarde o temprano, los grupos terroristas, de una u otra forma, intenten realizar un ataque en Estados Unidos es del cien por ciento. Por lo tanto ninguna amenaza o advertencia se puede dejar pasar. Eso es incontrovertible.
El problema no es ese, no es de seguridad o soberanía, es político. Lo que terminó siendo inconcebible fue que pasaran las horas y luego los días y finalmente las semanas y el gobierno federal no apareciera ni para explicar lo que estaba sucediendo ni para desmentir las versiones que llegaban desde distintos ámbitos sobre todo del exterior ni, tampoco, para evitar los indudables excesos que se cometieron, no sólo ese 24 de diciembre, sino también en los posteriores. Si la operación de seguridad se lanzó el 24 al mediodía, la primera información oficial, a través de un comunicado oficial, se dio apenas el día de ayer, o sea 16 días después, a través del comunicado que divulgó Gobernación. Si hoy se asegura que ningún agente extranjero está interrogando pasajeros o decidiendo sobre la seguridad en los aeropuertos mexicanos, se tendría que haber desmentido al New York Times que lo publicó originalmente hace 14 días. El subsecretario de Gobernación, Armando Salinas Torre, lo mismo que otros subsecretarios, hizo su primera aparición pública para tratar de esclarece lo que estaba sucediendo apenas el 5 de enero (ya habían transcurrido once días del inicio del operativo). El primer comentario del presidente Fox sobre el tema, el mismo día 5 de enero para fue "pedir disculpas por los problemas ocasionados por estos operativos". La Comisión Nacional de Derechos Humanos (una institución autónoma del gobierno mexicano) se involucró en la investigación de los excesos cometidos pero también entre el 5 y el 6 de enero. La PGR, abrió una averiguación previa sobre un hipotético atentado terrorista dice que el día 29 de diciembre, pero eso lo informó el 6 de enero. La información sobre lo que pasaba en el aeropuerto no la dio ni la secretaría de comunicaciones y transportes ni aviación civil ni aeropuerto y servicios auxiliares ni los administradores del aeropuerto (en este caso, el del DF. dependiente de ASA) sino, primero, voceros de la asociación de pilotos y días después de Aeroméxico. Todo ya lo había publicado la prensa extranjera y días después, con amplia cobertura, la nacional.
Cuando se analizan los hechos ya con cierta distancia, la explicación para lo ocurrido es sencilla: durante por lo menos diez días, salvo en la operación concreta de seguridad, el gobierno no estuvo presente. Por segundo año consecutivo la administración Fox se fue, casi completa, de vacaciones y tuvieron que pasar dos largas semanas para que reaccionara ante un problema que se le fue de las manos en términos de opinión pública e incluso de operatividad. Paradójicamente, no ocurrió lo mismo ni en Estados Unidos ni en los otros dos principales países involucrados en estas advertencias de seguridad, Gran Bretaña y Francia, donde las principales autoridades de los tres país estuvieron atendiendo públicamente el problema. Y el vacío informativo y de atención, siempre se llena. Y ante la ausencia de autoridades responsables de primer nivel, los excesos se convirtieron en norma. El problema, lo decíamos ya algunos días atrás, no es de soberanía o siquiera de seguridad: es político, de un gobierno que toma demasiada distancia, que deja hacer y deja pasar.
Esa distancia es la que ha catalizado esta pequeña crisis y también la que ha impedido explicar con claridad lo que sucede, muchos menos tomar medidas adelant´ndose a los problemas. Hace dos años se aprobó un acuerdo que implicaba la llegada de equipos electrónicos de última generación para garantizar la revisión de equipajes y pasajeros: esa fue la solución que, rápidamente, había adoptado el propio gobierno estadounidense en sus aeropuertos después del 11 de septiembre. Esos equipos para la revisión de equipajes, carga y pasajeros serían financiados por el gobierno estadounidense tomando en cuenta que son aproximadamente 300 los vuelos diarios de nuestro país a Estados Unidos. ¿Por qué esos equipos no han llegado ni se han instalado si la cooperación es, como se dice y como parece ser, tan intensa?. En estos días se dijo que la actual situación, el actual esquema de seguridad, llegó para quedarse: pero los que no pueden quedarse son los excesos que se cometen cotidianamente y la ausencia de equipos adecuados para que esa revisión no sea manual. No se trata siquiera de dignidad o derechos humanos: simplemente no tiene sentido que sea manual, ya que ese tipo de revisión, en la lucha contra el narcotráfico antes de contra el terrorismo, ya demostró su inutilidad. Se requieren equipos y esos equipos deben provenir de acuerdos (que ya están firmados pero no se han cumplido) con Estados Unidos. Un ejemplo: esos equipos ya se utilizan para revisar equipajes y carga proveniente de naciones latinoamericanas y del Caribe para detectar drogas. El equipo instalado en el aeropuerto de la ciudad de México costó un millón de dólares: en el primer mes de operaciones ese equipo permitió decomisar drogas por un valor de siete millones de dólares. Jamás con controles manuales se hubiera podido hacer algo similar. Los controles manuales no sirven para detectar explosivos o armas sofisticadas, o simplemente útiles para su objetivo (los secuestros del 11 de septiembre se realizaron con simples cutters que se pueden ocultar en cualquier parte) como las que utilizarían los supuestos terroristas.
¿Porqué no insistir en esos temas?¿porqué, independientemente de que se deban responder los requerimientos de seguridad que demanda Estados Unidos, no se opera para explicar con precisión lo que ocurre y, por sobre todas las cosas porque no se presiona para que se cumplan los compromisos adquiridos por la otra parte?¿Qué hubiera ocurrido si las autoridades, además, de decir varios días después de iniciados los operativos que se trataba de mecanismos de colaboración ya establecidos, hubieran demandado que la colaboración fuera de dos vías?¿qué hubiera ocurrido si, desde el primer momento, se atiende la situación para que no se cometieran excesos?. Ese es el escenario que no se cuidó, que se olvidó, que se abandona, por las deficiencias políticas que suele sufrir esta administración y que se agudizan, lo ha demostrado la experiencia cada fin de año, cuando el gobierno decide irse, ocurra lo que ocurra, de vacaciones.
Huelga de hambre en La Palma
Deben estar muy atentas las autoridades: ayer se lanzó una huelga de hambre en el penal de alta seguridad de La Palma, en Almoloya de Juárez en el estado de México, en la que participan, entre otros reclusos, el secuestrador Daniel Arizmendi, y los narcotraficantes Benjamín Arellano Félix, Armando Valencia y Osiel Cárdenas (acérrimos enemigos entre ellos fuera del penal, solidarios en la prisión). Se quejan, entre otras cosas, de la calidad de la comida y de las medicinas en el penal. ¿Por qué deben tener cuidado las autoridades?. Porque no es la primera vez que ocurren protestas de este tipo en penales donde están recluidos narcotraficantes o delincuentes importantes y en los cuales, al paso de los días, terminan produciéndose fugas. El caso más notable fue el del penal de Puente Grande y la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, en enero del 2001, pero no es el único.