El programa de trabajadores temporales que presentó el presidente Bush al gobierno federal (luego de sus cuatro contradicciones iniciales el presidente Fox dijo estar plenamente de acuerdo cuando se reunió con George Bush en Monterrey y pidió al congreso estadounidense aprobarlo, pero dos días después aseguró que el programa era insuficiente que iba por un acuerdo migratorio completo) nos ha involucrado de lleno en otro debate, porque puede determinar cambios importantísimos en los equilibrios políticos: se trata del voto de los mexicanos en el exterior.
El programa de trabajadores temporales que presentó el presidente Bush la semana pasada y que tuvo disímiles recepciones de parte del gobierno federal (luego de sus cuatro contradicciones iniciales sobre el tema, el presidente Fox dijo estar plenamente de acuerdo con el programa cuando se reunió con George Bush en Monterrey y pidió al congreso estadounidense aprobarlo, pero dos días después aseguró que el programa era insuficiente y que iba por un acuerdo migratorio completo) nos ha involucrado de lleno en otro debate que habrá que asumir con seriedad y sin salidas fáciles, porque puede determinar cambios importantísimos en los equilibrios políticos nacionales: se trata del voto de los mexicanos en el exterior.
Nadie sabe exactamente cuántos mexicanos en capacidad de votar habría en Estados Unidos, pero se estima que cerca de tres millones podrían participar en las futuras elecciones: un número que, sin duda, podría definir los comicios. Pero también se estima en que de aligerarse las medidas migratorias en Estados Unidos, esos mismos tres millones podrían ser ciudadanos estadounidenses y por lo tanto ejercer su derecho al voto en ese país. El programa migratorio de Bush es particularmente cuidadoso para evitar esa posibilidad: sin duda va más allá de lo que muchos pensaban en el tema de los trabajadores temporales, pero no ha definido qué sucederá después que concluya el periodo de trabajo por el que el migrante fue contratado. Si nos atenemos en lo que dijo Bush en Monterrey, la idea es que terminado ese periodo el migrante se regrese a su país, y que si quiere quedarse en Estados Unidos tendrá que iniciar desde el principio todo el proceso para obtener la famosa green card y mucho más tarde la ciudadanía. Es más, el propio Bush en el discurso que pronunció para anunciar ese programa puso el ejemplo de un sargento mexicano del ejército estadounidense herido en Irak, con 25 años de residencia en Estados Unidos al que finalmente después de un cuarto de siglo de trabajo, de pertenecer a las fuerzas armadas, de ser herido en guerra, se hizo merecedor a la ciudadanía americana. Hagámonos de una vez la pregunta: ese sargento mexicano que lleva 25 años en el ejército estadounidense, ¿debe votar en las elecciones de México?
Ese es el tema, Estados Unidos (y el presidente Bush ha sabido comprenderlo) necesita la fuerza de trabajo mexicana: el promedio de edad de los trabajadores de la industria automotriz de Detroit es de 50 años, en el campo estadounidense la mano de obra es escasa y los hijos de los dueños de los innumerables ranchos y plantaciones quieren hacer cualquier cosa menos trabajar la tierra, las áreas de servicio demandan cada vez más trabajadores y no hay oferta local para cubrirla. Por eso se necesitan trabajadores, pero no que no se queden en el país precisamente para que no sean parte de la ciudadanía estadounidense. Una cosa es contratar a alguien para que haga el trabajo que nadie desea y otra abrirle la casa y darle derechos políticos. Esa es la gran diferencia.
Que se agudiza con otro punto. En los años 80 con Ronald Reagan y la liberalización y globalización de los mercados, los empresarios estadounidenses descubrieron que para hacer más competitiva su economía necesitaban mano de obra barata y trasladaron innumerables empresas al exterior, así nació la industria de la maquiladora en México y otros países. Con el paso de los años, muchas de las maquiladoras que requerían de la mano de obra más elemental, fueron dejando nuestros países e instalándose en Asia, particularmente en China, con niveles salariales imposibles de competir para un país como México. Pero, fuera de ese sector económico muy localizado, los estadounidenses han comprendido que la otra gran opción para las empresas que requieren una mano de obra más calificada o procesos de producción más complejos, es mantener sus plantas en su país e "importar" los trabajadores. Por eso los grupos sindicales de la ALF-CIO que durante años rechazaron la migración y se quejaron de los acuerdos de libre comercio, ahora están apoyando los acuerdos migratorios: es preferible mantener sus empresas dentro del país y, además, sean trabajadores temporales o no, ellos ganan así afiliados.
Pero para los sectores de poder de la Unión Americana lo importante era cómo producir toda esa operación, cómo importar esos trabajadores sin tener que abrir la sociedad a millones de migrantes de diferentes países que distorsionarán su sistema político. Y, siguiendo con nuestro ejemplo, por supuesto que tres millones de nuevos electores podrían definir una elección en Estados Unidos. La estrategia de Bush tiene el mérito, desde esa óptica, de darle respuesta a las dos cosas: por una parte resuelve el problema laboral y quita presión en el capítulo migratorio pero por la otra pone límites muy precisos para evitar que esos migrantes adquieran la ciudadanía.
En México estamos haciendo, erróneamente, exactamente lo contrario. Estamos "exportando" mano de obra, estamos viendo como millones de mexicanos o sus descendientes se asientan en territorio estadounidense y, en lugar de establecer una sólida estrategia que consolide a los latinos y particularmente a los méxico-americanos como la primera minoría étnica en Estados Unidos, exigiendo la plena vigencia de sus derechos, particularmente los políticos, trabajando para que esos millones puedan convertirse en ciudadanos estadounidenses y votar (y por lo tanto tener peso e influencia en las decisiones de gobierno en nuestro poderoso vecino del norte) lo que estamos haciendo es trabajar para que esos millones sí voten, pero en México, donde muchos, como el sargento del que hablaba Bush, ya no tienen sus intereses. En otras palabras, en lugar de ser un factor de presión del otro lado de la frontera en beneficio de nuestro país, estamos presionando nuestro endeble sistema político para recibir un caudal de votos que lo puede modificar, de millones de personas que en última instancia no viven en México y no sufrirán las consecuencias del gobierno que elijan, cualquiera sea éste.
Dejemos de lado algo que ya abordaremos sobre las enormes dificultades que existen para realizar esa votación y las limitaciones que impondrá la propia autoridad estadounidense en muchos sentidos para poder garantizar en ese proceso las mismas garantías que en México. Algunos dirán que se podría solucionar con mecanismos cibernéticos. Sin embargo, como dijo el escritor estadounidense Gore Vidal para las elecciones de su país, para que no existan dudas las elecciones, deberían realizarse con papeles, con boletas electorales que puedan contar y contarse, sobre todo cuando no hay forma de auditar los mecanismos electrónicos para votar y muchos menos si estamos hablando de millones de votos. Paradójicamente, los que apoyan esa opinión de Vidal para el sistema estadounidense, son casi los mismos que proponen aplicar esos mecanismos en la elección de los mexicanos en el exterior.
Las preguntas que se acumulan son muchas y quizás se condensan en un punto: una cosa es tener dos nacionalidades y otra ejercer una doble ciudadanía. En otras palabras: ¿se puede votar, y es lícito política y moralmente, en dos países diferentes, para elegir dos gobiernos diferentes?. Las respuestas pueden ser muchas, pero de una cosa no quedaría duda: los mexicoamericanos deben tener derechos políticos, pero si están viviendo en Estados Unidos sería mucho más benéfico para ellos en lo individual y como comunidad, y para nosotros como país en la relación con Estados Unidos (y por ende para el beneficio de sus propias familias en México), lo idóneo, lo lógico sería exigir el derecho al voto pero en su país de residencia, en Estados Unidos, no en México. En ese sentido toda nuestra estrategia como nación parece estar, lisa y llanamente, equivocada: estamos mirando y trabajando en la dirección equivocada.