Las luchas internas del PAN y del gobierno federal ha alcanzado niveles públicos desconocidos hasta ahora, el errático gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cagigal, anuncio que en municipio de Tlalnepantla se estaba gestando una base guerrillera, ligada al EPR. Estrada Cagigal ordenó el desalojo y la reinstalación del presidente municipal electo, el priísta, Elías Osorio y declaro que él no permitiría ?un nuevo Atenco? y denunció la existencia de un campamento para entrenamiento de un grupo guerrillero.
Las luchas internas dentro del PAN y el gobierno federal ha alcanzado niveles públicos desconocidos hasta ahora. Esta misma semana, el errático gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, anunció que en el municipio Tlalnepantla, en su estado, se estaba gestando una base guerrillera, ligada al EPR, como eje de su argumentación por el violento desalojo de distintos grupos que tenían tomada la alcaldía local para establecer un gobierno autónomo.
Estrada Cajigal ordenó el desalojo de la cabecera municipal y la reinstalación del presidente municipal electo, el priista, Elías Osorio. Lo extraño del caso no es el desalojo en sí (que motivó fuertes enfrentamiento, incluso dejando la secuela de un muerto entre los militantes que tenían tomada la alcaldía y graves heridas de dos de los policías que participaron en el operativo) sino lo que vino después. Estrada Cajigal declaró que él no permitiría "un nuevo Atenco" en su estado y denunció la existencia en la zona de un campamento para entrenamiento de un grupo guerrillero.
La respuesta no le llegó al gobernador panista desde la oposición sino desde la propia secretaría de Gobernación: Santiago Creel dijo que era partidario de las soluciones negociadas y negó la existencia de un grupo guerrillero en la Tlalnepantla morelense, lo que no le gustó nada a las autoridades locales que siguen insistiendo que allí hay organizaciones armadas.
Quizás ambos, el gobierno de Morelos y la secretaría de Gobernación, tengan una parte de razón, pero también, en una lógica estrictamente política, ambos están equivocados. En Tlalnepantla, efectivamente, había, hay, un cóctel de elementos que ya hemos conocido en otras oportunidades: militantes de lo que queda del CGH, manifestantes de Atenco, algunos "observadores extranjeros" que están realizando turismo revolucionario y representantes de otros grupos radicales que se suman siempre a este tipo de causas, algunas legítimas, otras, lisa y llanamente prefabricadas. Efectivamente, buena parte de estas organizaciones (o mejor dicho, varios de sus dirigentes) tienen relación con antiguos o nuevos grupos armados que siguen operando en México y que se identifican genéricamente como el EPR, aunque en realidad suelen estar fraccionados entre varias organizaciones armadas o que propugnan la lucha armada para la toma del poder. En Morelos, una de las principales organizaciones en ese sentido ha sido, desde hace tiempo, un desprendimiento del EPR llamado ERPI, una organización que ha adoptado con el tiempo distintas denominaciones (como FARP) y que, además de participar en este tipo de movimientos también ha tomado parte en varios secuestros importantes en ese estado y en las entidades limítrofes de Morelos. En Tlalnepantla, esa presencia es indudable, pero no queda nada claro cuando se quiere averiguar en qué medida esas organizaciones encabezaban la protesta y qué margen de legitimidad tienen entre sus pobladores. Mucho menos se ha podido comprobar si, efectivamente, allí existía un campamento guerrillero.
El debate político interno en el gobierno se da por una par de razones bastante sencillas: por alguna extraña razón, alguien ha convencido a Estrada Cajigal que sus perspectivas futuras pueden ser mucho más amplias que el horizonte político morelense y con esta acción (el desalojo del comité autónomo de Tlalnepantla) buscó desafiar, sobre todo, a la secretaría de Gobernación y a Santiago Creel. La clave la dio el propio Estrada Cajigal cuando subrayó que en su estado él no permitiría un nuevo Atenco y tratando de dar un mensaje de "mano dura" en el control de las cosas locales. Cuando el escenario político se le complicó, Estrada Cajigal enarboló la bandera del centro guerrillero en ese municipio y comenzó a presentar públicamente esa justificación…hasta que vino el desmentido del propio Creel, quien aseguró que no había grupos guerrilleros en ese municipio morelense y advirtió que la secretaría podría atraer el caso para resolverlo. La respuesta es obvia: el gobernador panista Estrada Cajigal estaba diciendo que él no mostraría debilidad como el gobierno federal en el caso Atenco, y éste le respondió exhibiéndolo como políticamente irresponsable. Si Estrada Cajigal insiste en que hay grupos guerrilleros tendrá que romper con la secretaría encargada precisamente de la conducción de la política interna del país. Si logra demostrar esa existencia, terminará debilitando al propio gobierno que lo llevó a su actual responsabilidad.
Los dos se equivocan porque, por una parte, Estrada Cajigal no tiene pruebas contundentes de la existencia de esos campos de entrenamiento guerrillero. Creel también se equivoca al desmentir en forma tan terminante la existencia de esos grupos, porque éstos son como los fantasmas, nadie cree en ellos pero que los hay, los hay. Y en Morelos varias de esas organizaciones han asentado sus bases de operación, no de ahora sino desde hace varios años. Al asegurar que no hay guerrilla en Tlalnepantla, Creel se presta a que cualquiera de estas organizaciones simplemente lo exhiba, haciendo una simple demostración de poder. El hecho es que esos grupos armados sí existen y también que varias de las organizaciones de base que participaron en la toma del palacio municipal de Tlalnepantla, tienen directa o indirectamente relación con esas organizaciones. Pero, de la misma forma que el negar su existencia es un grave error, también lo es actuar como si se estuviera ante una toma armada de un municipio cuando la misma la están realizando organismos de base. Y sobre todo, planificar mal una acción tan delicada políticamente, como lo fue el desalojo de esa presidencia municipal.
Y todo porque alguien ha convencido a Estrda Cajigal, aunque usted no lo crea, que tiene tamaños para mudarse de Cuernavaca al Palacio de Covián, y porque el encargado de la política interior, Santiago Creel, no quiere admitir que sí, que existen en Morelos y en varias otras partes del país, grupos armados que tienen claros objetivos políticos.
El chofer mejor pagado de México
Hasta ayer, Nicolás Mollinero era, simplemente, el chofer y custodia de Andrés Manuel López Obrador al mando del famoso y austero Tsuru del jefe de gobierno capitalino. Ya Nicolás había adquirido notoriedad hace un par de años cuando fue "castigado" por haberle "prestado" una camioneta Cherokee, propiedad del gobierno capitalino, a uno de los hijos de Andrés Manuel que una noche la chocó transitando en sentido contrario en una de las principales avenidas del sur de la capital de la ciudad. Hasta ese momento y después, Nicolás era simplemente el chofer y custodia de Andrés Manuel. Ahora que se conoció el tabulador oficial del gobierno capitalino resultó ser que el chofer se convirtió en subsecretario del gobierno de la ciudad con un sueldo superior a los 62 mil pesos, similar al que supuestamente recibe su jefe (de 66 mil pesos). Las explicaciones del propio Andrés Manuel y de sus principales funcionarios sobre el caso, fueron todo menos convincentes: primero, se dijo que lo que sucedía era que Nicolás comenzaba su trabajo muy temprano y terminaba muy tarde (como una enorme cantidad de trabajadores en todo el país) y luego que en realidad, Nicolás además de chofer es el coordinador de logística del gobierno capitalino, que cumple funciones equivalentes a un subsecretario, que tiene a una treintena de personas bajo su responsabilidad, e incluso Alejandro Encina llegó a decir que es un equivalente al jefe del estado mayor presidencial y comparó el salario de Nicolás con el de ese funcionario militar. Es un total despropósito y una mentira. La pregunta es obvia: si ese es el hombre que se encarga de todo el operativo de logística del jefe de gobierno, que se responsabiliza de todos los operativos de seguridad, ¿qué hace conduciendo durante horas el automóvil del jefe de gobierno?. Si su función, por cercanía y confianza es ésa, ser el custodia y conductor del jefe de gobierno, ¿por qué se quiere engañar a la gente haciendo exactamente lo mismo que Andrés Manuel tanto le ha criticado al gobierno federal: colocar en categorías laborales que no les corresponden a trabajadores que realizan otro tipo de tareas? Hoy, el gobierno federal está lleno de funcionarios que cobran como subsecretarios de estado sin cumplir con esas responsabilidades. Ahora sabemos que el gobierno capitalino también sufre del mismo mal.