Nuevamente, los gobernadores de la Conago han insistido con el tema del voto de los mexicanos en el extranjero, han ido gobernadores y senadores avanzando en una decisión la cual se tomo sin analizar a profundidad sus implicaciones técnicas y políticas. Los expertos del IFE concluyeron que el voto era posible y establecieron mecanismos. Por supuesto no analizaron los costos políticos, económicos ni acuerdos y reformas legales y constitucionales.
Esta semana, nuevamente, los gobernadores de la Conago y las autoridades federales han insistido con el tema del voto de los mexicanos en el extranjero: a recorrer estados de la Unión Americana han ido gobernadores y senadores, avanzando en una decisión que parece estar tomada sin analizar en profundidad sus implicaciones técnicas y políticas.
En realidad, buena parte del trabajo que están realizando la secretaría de Gobernación, los gobernadores y los legisladores parece un poco ociosos porque ya existe un detallado informe, realizado desde 1998, por una comisión de expertos designada por el IFE para analizar la posibilidad del voto de los mexicanos en el extranjero, ello con vistas a las elecciones del año 2000. En esa ocasión se comprobó que en cualquiera de las modalidades que pudiera adquirir ese voto, simplemente en dos años no había posibilidades reales de sacarlo adelante y se decidió que ese derecho (incluido en la reforma electoral de 1996) no se ejerciera en aquella ocasión.
Los expertos del IFE concluyeron que el voto era posible y establecieron seis mecanismos mediante el cual éste se podría ejercer. Por supuesto no analizaron los costos políticos ni económicos ni los innumerables acuerdos y reformas legales y constitucionales que se tendrían que realizar para afrontar esa tarea, simplemente porque esa no era su responsabilidad. Lo que sí realizaron fue un diagnóstico detallado del universo del que se estaría hablando para el año 2000 (¿cuánto habrá aumentado el mismo para el 2006?). Estábamos hablando en el año 2000 de un universo de electores potenciales de diez millones 787 mil electores, o sea el equivalente al 15.38 por ciento de los que estuvieron en condiciones de votar en aquellos comicios. De todos ellos tenían, se estimaba en aquella fecha, credencial de elector para votar con fotografía, un poco más del 10 por ciento, aproximadamente un millón y medio de personas. Para atender ese universo de electores se tendrían que establecer en una elección normal, nueve mil 141 casillas de 750 electores cada una en 38 estados de la Unión Americana. Obviamente cada casilla requeriría de sus funcionarios acreditados y de representantes de los partidos políticos. Tendría que enviar sus paquetes electorales a un centro distrital y desde allí ser concentrados y enviados luego a México.
Uno de los muchos problemas que se deben enfrentar es cómo identificar a quién sí está en condiciones de votar y quien no. Existen tres posibilidades, dijeron los expertos del IFE en el 98: una campaña de credencialización realizada en Estados Unidos, el establecimiento de una credencial especial para una sola elección (similar a la credencial de elector pero destinada a un solo comicios, con menores medidas de seguridad que la credencial de elector) y la emisión de la credencial pero sólo en México, aunque ello impediría tener un padrón (u obligaría a quienes tuvieran credencial a empradronarse por partida doble en el exterior, antes de la elección, para dejarlos fuera de los padrones de sus domicilios originales). Las tres opciones son complejísimas: realizar una campaña de credencialización en Estados Unidos llenando los mismos requisitos que en México implicaría la instalación de una estructura que fuera prácticamente la cuarta parte del actual registro federal de electores en Estados Unidos. Claro que podría realizarse en los consulados, pero evidentemente éstos tendrían que hacer crecer en forma geométrica sus nóminas, atribuciones y estructuras, con el agravante de que se regresará a algo que todo el sistema electoral construido a partir de la reforma del 94 ha tratado de evitar: el involucramiento del gobierno en el proceso electoral. La tarjeta especial (como una credencial para votar en una sola oportunidad) simplifica algunos aspectos técnicos pero nada más: los problemas para credencializar son los mismos, al igual que la construcción del padrón local. La emisión de la credencial sólo en México, no soluciona el problema del padrón y si consideramos que quienes tienen credencial de elector son aproximadamente un millón y medio de mexicanos sobre un universo de más de diez millones en condiciones de votar, lo que tendremos será un acto discriminatorio que generará mayores problemas que soluciones.
De todas formas, una vez credencialziados y empadronados los futuros electores, hay que solucionar el tema de la votación en sí: se establecieron seis mecanismos básicos para ello en el 98 (en el 2000 no se pudo implementar ninguno): el voto en casilla ordinaria con lista nominal y credencial para votar con fotografía; el voto en casilla ordinaria con lista nominal y tarjeta de identificación con fotografía; voto en casilla especial sin lista nominal y con credencial para votar con fotografía; voto en casilla especial sin lista nominal y con tarjeta de identificación; voto a distancia (por correo o internet) con lista nominal y credencial; y voto a distancia con lista nominal y tarjeta de identificación.
Los seis son casi impracticables pero, además, debemos insistir en que distorsionarán el sistema electoral impidiendo un control equivalente sobre la limpieza electoral al que se tiene dentro del país: si estuviéramos hablando de algunos miles de votos eso quizás sería un problema menor, pero si hablamos de casi once millones de electores es una irresponsabilidad política enorme no contemplarlo objetivamente.
Realicemos un somero análisis de esos métodos: una elección tradicional con credencialización, lista nominal y casillas es casi imposible, lo mismo que utilizando en lugar de la credencial la tarjeta de identificación; realizar un proceso similar con tarjeta o credencial sin lista nominales y sólo en casillas especiales no garantiza la posibilidad de evitar numerosos mecanismos de fraude; el voto a distancia no ha sido probado por ningún país para una magnitud de electores de esa proporción respecto al total del electorado, queda pendiente analizar las posibilidades técnicas y, además, un factor importantísimo: el tiempo. Salvo que se realizara la votación por internet ¿cuánto se demorarían en llegar los votos por correo, quién garantiza que lleguen, cómo determinarían el resultado electoral?: sería imposible, por ejemplo, tener en horas, al ganador de los comicios, habría que esperar días y las consecuencias políticas serían impredecibles. Y esas son sólo algunas de las innumerables preguntas que podemos hacernos al respecto.
En el mismo informe de los especialistas se analizan de acuerdo a cada posibilidad las dificultades legales y las modificaciones legales que tendrían que realizarse para sacar adelante la elección con esos mecanismos. Esas reformas no son precisamente menores: son decenas de reglas, incluyendo reformas constitucionales, que tendrían que transformarse (evitando al mismo tiempo que esa transformación debilite los actuales sistemas de control electoral) e implican, además, otras cuestiones eminentemente políticas: gastos de campaña de los partidos y sus candidatos en el extranjero (¿cuánto aumentaría el costo de la elección?¿quién impediría el ingreso de dinero no autorizado en esas campañas?¿qué mecanismos de control podría tener el IFE o incluso el Estado mexicano sobre esos mecanismos de financiamiento?); reformas en las leyes que impiden el proselitismo de los candidatos en el extranjero y de extranjeros en los procesos internos de México (¿cómo se evitaría, por ejemplo, que un canal de televisión de Los Angeles hiciera campaña abierta a favor de uno u otro candidato?¿cómo se lo podría sancionar?¿cómo se podría evitar que el partido demócrata o el republicano o un gobernador hiciera campaña a favor de un candidato o partido en México?). En el terreno de los medios no hay solución posible: ¿cómo se evitaría, decíamos, que se apoye desde un medio a un candidato o que se den resultados adelantados de las elecciones o se manipule de miles de formas posibles a los candidatos?. Una encuesta de la propia comisión de expertos del IFE del 98, lo establece con claridad: la enorme mayoría de los mexicanos que residen en Estados Unidos se informan de la situación política en México a través de una sola vía: las cadenas de televisión hispanas en ese país que, obviamente ni son propiedad de mexicanos ni están controladas por las leyes de nuestro país. Y los intereses son enormes: el mercado publicitario hispano en Estados Unidos es del mismo volumen que el mercado publicitario de todo México.
La lista de problemas, muchos irresolubles, podría ser interminable, aún sin abarcar los éticos y estrictamente políticos, y a todo eso habría que sumarle los costos, que nadie ha calculado pero que serían, por lo menos, de varios miles de millones de pesos como mínimo. No tiene sentido y si se sigue avanzando en esa tesis lo pagaremos en la elección del 2006.