No tengo porqué desmentir al secretario de la Defensa, el general Ricardo Clemente Vega que anteayer salió a anunciar la detención de Javier Torres Félix, alias el TJ calificado como uno de los principales operadores del cártel que encabeza Ismael El Mayo Zambada. Un hombre que está lejos del nivel de El Chapo Guzmán o el propio Mayo Zambada. La aparición del general Vega tenía el propósito de realizar un inédito reclamo público a algunos jueces que son demasiado benevolentes con los narcotraficantes detenidos, el procurador Rafael Macedo de la Concha y el subprocurador para la delincuencia organizada, José Luis Santiago Vasconcelos, ya han planteado con anterioridad en el esquema delos jueces in rostro, mismo que utilizó Colombia.
No tengo porqué desmentir al secretario de la Defensa, el general Ricardo Clemente Vega que anteayer salió a los medios a anunciar la detención de Javier Torres Félix, alias el TJ, calificado como uno de los principales operadores del cártel que encabeza Ismael El Mayo Zambada. Pero dudo mucho de que el general Vega haya decidido ofrecer esa conferencia de prensa solamente para anunciar la detención de un narcotraficante, sin duda importante pero que no es más que lo que se dijo en esa ocasión: un sicario, un operador destacado pero no uno de los jefes del narcotráfico en México. Un hombre que está lejos del nivel de El Chapo Guzmán o el propio Mayo Zambada.
La aparición del general Vega probablemente tenía otro propósito: por una parte, realizar un inédito reclamo público (en buena medida justo) para algunos jueces que son demasiado benevolentes con los narcotraficantes detenidos, como si aquella consigna de "plata o plomo" siguiera, para ellos, demasiado vigente (en realidad para evitar esos problemas se debe avanzar en algo que el procurador Rafael Macedo de la Concha y el subprocurador para la delincuencia organizada, José Luis Santiago Vasconcelos, ya han planteado con anterioridad: sin caer en el esquema de los "jueces sin rostro" que utilizó Colombia, hay que establecer un cuerpo de jueces especializados exclusivamente en estos casos de delincuencia organizada con mecanismos de protección suficientes como para garantizar, mínimamente, su seguridad), pero también el general Vega debe haber aparecido para contrarrestar la impresión, que muchos tenemos, de que existen áreas, regiones del territorio nacional que están sin control, o mejor dicho bajo el control de la delincuencia organizada.
Lo sucedido en las últimas semanas es francamente preocupante en este sentido. En prácticamente todo el país se han dado enfrentamientos y ajustes de cuentas entre distintos grupos de la delincuencia organizada que han dejado, sólo en lo que va del mes, más de cien muertos, que nos han permitido ver cómo un comando de un centenar de personas armadas y uniformadas, identificados con el grupo de Los Zetas, no sólo ha ajusticiado adversarios en distintos lugares de la república sino que tomaron una ciudad media como Apatzingan, Michoacán, tomaron el penal local, liberaron a un grupo de presos, se llevaron secuestrados a otros y nadie pudo, supo o quiso detenerlos. Como se han multiplicado los secuestros y ajustes de cuentas en Tamaulipas, en Sinaloa, en Nuevo León, en Michocán, en Baja California, en Veracruz, en el Distrito Federal y el Estado de México. Como, aparecen narcofosas con más de una decena de cadáveres en Chihuahua. Como pueden ser ajusticiados a plena luz del día dos agentes de la antigua Policía Judicial Federal y un capitán del ejército en una de las principales carreteras del país y cómo, en el penal de máxima seguridad de La Palma en Almoloya, algunos de los más peligrosos delincuentes del país están en huelga de hambre desafiando a las autoridades, mientras que en la frontera sur las cosas no parecen ser tan espectaculares pero están en una situación delicadísima, simplemente porque el interés de las autoridades y de la opinión pública se han concentrado en el centro y el norte del país mientras que la frontera sur sigue permitiendo la entrada de casi todo, ya no exclusivamente con mafias nacionales sino también centroamericanas.
El escenario es francamente preocupante porque el hecho es que no hay control. No quiere esto decir que la Defensa, la secretaría de Marina, la PGR o Seguridad Pública no estén tratando de cumplir con sus responsabilidades. Lo que sucede es que están rebasadas por la situación y por un marco político y legal donde ninguno de los actores principales del escenario político nacional parece estar dándole la importancia que merece a esta situación.
El diagnóstico es sencillo: el Estado mexicano no está capacitado ni legal ni materialmente para hacer frente a este desafío que le plantea el crimen organizado. En el congreso ni los partidos ni el gobierno federal han presentado, con intención de buscar una solución, una sola propuesta legal o una iniciativa de reforma que permita atender con certidumbre este desafío. Es verdad que hay diferentes propuestas en la PGR y en la SSP, en Gobernación y en el propio poder judicial, pero no hay una decisión del Estado de llevar esas reformas hasta sus últimas consecuencias y operar en ese sentido. ¿Qué mejor demostración de ello podemos tener que la reducción presupuestal que han tenido para este 2004 todas las principales instituciones encargadas de la seguridad pública y nacional?
Por otra parte, queda cada día más claro que los gobernadores en parte no pueden y en buena medida no quieren, hacerle frente a un problema que los rebasa, mientras que las fuerzas federales no se dan abasto para atender tantos frentes simultáneamente. Por eso el problema sigue creciendo y pareciera que nadie puede ponerle un tope.
Es verdad que ha habido avances, que importantes narcotraficantes están tras las rejas, que lo realizado ha merecido el siempre escaso elogio de las autoridades estadounidenses, pero el contagio que genera el crimen organizado en lugar de acotarse parece expandirse constantemente. No es verdad, tampoco, que ante los golpes de las autoridades lo que tenemos es una guerra de microcárteles. Lo que sucede es que desde hace años, los grandes cárteles con mandos verticales han desaparecido y se han transformado en organizaciones más modernas, horizontales, con diferentes células que se coordinar a veces indirectamente con sus mandos naturales y que tienen gran autonomía de operación. Entonces sí es verdad que existen muchos enfrentamientos entre estos grupos por el control de rutas, territorios y, cada vez más, por zonas de distribución interna de drogas.
Pero es ilusorio pensar que las grandes organizaciones han desparecido o están en trance de hacerlo: en realidad, esos grupos más pequeños pertenecen, están asociados, a alguna de estas grandes organizaciones y de allí se derivan los enfrentamientos. Es más: en buena medida la mayoría de los ajustes de cuentas ocurridos en las últimas semanas se han dado directamente entre los grandes grupos: los Zetas, de Tamaulipas están tratando de mantener el control en su zona de influencia y enfrentándose directamente, en primer lugar con el cártel de los Valencia y luego con los grupos del holding (ya es más que un cártel) de Juárez, que ha penetrado en esa zona desde antes de la caída de Osiel Cárdenas, incluyendo bandas locales como los Texas; la mayoría de los muertos en Sinaloa y Baja California tienen relación con el enfrentamiento directo entre los sucesores de los Arellano Félix y el cártel del Mayo Zambada y el Chapo Guzmán. Los famosos muertos del BMW blindado en la carretera México-Toluca tendrían relación con ajustes de cuentas de los Zetas y lo mismo los muertos en Nuevo León.
Lo más preocupante es que esta situación tiene antecedentes. Algo muy similar, en un contexto de mayor control que el actual, se dio en 1993-94, con consecuencias funestas para el país, no sólo por los evidentes enfrentamientos entre narcos en un contexto, también, de sucesión política y de cambio de poderes en muchas entidades de la república, varias de ellas claves para la operación del narcotráfico en el país. Si las autoridades, si el gobierno, si los partidos, todos, no comienzan a comprender la magnitud de este desafío, no sólo la guerra contra las drogas se perderá, ni siquiera se terminarán ganando demasiadas batallas y desde allí se desestabilizará el sistema político.