Con la detención de Nazar Haro se ha verificado que la administración Fox ha decidido avanzar en la denuncia del pasado, pero no del inmediato, sino en el de los años de Luis Echeverría y José López Portillo. El presidente y Santiago Creel han dicho que se llegará hasta donde sea necesario, si así lo condenan los jueces. El objetivo obvio y más próximo es el ex presidente Echeverría, porque resulta indudable que Nazar Haro y coacusados tenían que recibir órdenes e informar de su accionar al propio presidente. En la medida en que avancen las investigaciones veremos que la omerta, la ley del silencio, comenzará a resquebrajarse. Una acción de este tipo se debe basar en la más estricta aplicación de la justicia pero también debe ser analizada desde un punto de vista político y humano.
Lo que decíamos la semana pasada respecto a que la administración Fox ha decidido en la lógica de recuperar legitimidad, avanzar en la denuncia del pasado, pero no del inmediato, sino el de los años de Luis Echeverría y José López Portillo, se ha ido verificando con total regularidad: Vicente Fox no fue al velatorio de López Portillo, se detuvo a Nazar Haro y pese al pedido de sus abogados no se lo recluyó en un hospital sino en el penal de Topo Chico, y ya el propio presidente Fox primero y luego Santiago Creel han adelantado que se llegará hasta donde sea necesario, si así lo consideran los jueces, y sobre todo el segundo ya puso el nombre de Luis Echeverría sobre la mesa.
Existen posiciones diversas sobre el grado de legalidad que pudieran tener las acciones que se están llevando contra Nazar Haro y otros coacusados. Sin embargo, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que el delito de privación ilegal de la libertad no prescribe hasta que la persona sea liberada o aparezca su cuerpo, ha dejado un instrumento muy útil en la manos de quienes quieren profundizar en las investigaciones. Y el ex presidente Luis Echeverría es el objetivo obvio y más próximo, porque resulta indudable que Nazar Haro y demás coacusados tenían que recibir órdenes e informar de su accionar al propio presidente, además de que en la medida en que avancen las investigaciones veremos que la omerta, la ley del silencio, comenzará a resquebrajarse, como ya sucede con operadores menores de la represión de aquellos años y como sucedió en otros países que han logrado investigar esos capítulos negros de su pasado.
Por supuesto que una acción de este tipo se debe basar en la más estricta aplicación de la justicia pero también debe ser analizada desde un punto de vista humano y político. En estas historias uno no puede ir desligado de lo otro. Un ejemplo de los llamamientos absurdos que se hacen en estos casos fue el pronunciado por el cardenal Juan Sandoval Iñiguez el viernes, en Guadalajara: el cardenal dijo que las madres de los desparecidos en la guerra sucia debían olvidar, perdonar y dejar todo en manos de la justicia. Resulta paradójico que Sandoval Iñiguez que tan rencoroso ha sido con sus adversarios, como Jorge Carpizo, o que insiste un día sí y el otro también en condenar la supuesta conjura de Estado que en su opinión concluyó con la vida de su antecesor, el cardenal Posadas Ocampo, le pida el olvido y el perdón a las madres de los desaparecidos.
Es un despropósito: ninguna madre de ningún desaparecido por razones políticas perdonará jamás a los secuestradores de su hijo o su hija ni mucho menos lo olvidará (¿estaría dispuesto Sandoval Iñiguez a dejar el caso Posadas en el perdón y el olvido, aceptando la decisión de la justicia?: pues hasta ahora, once años después de ese crimen, no lo ha hecho, a pesar de las contundentes investigaciones realizadas sobre lo sucedido aquella tarde en el aeropuerto de Guadalajara). El cardenal no está solo en esos llamados: son muchos los que dicen que mejor no abrir la caja de Pandora, mejor no escarbar en un pasado donde habrá demasiados hilos sueltos, demasiada basura que termina ensuciando a muchos. Se equivocan, precisamente por eso debe ser abierta, si no se puede obtener justicia por las limitaciones del propio sistema legal, por lo menos para que los mexicanos sepamos con claridad lo sucedido, quiénes han sido las víctimas y quiénes los responsables en ese terrible episodio de la guerra sucia.
En el caso de las madres, que se personaliza sobre todo en Rosario Ibarra de Piedra, se puede estar en desacuerdo con muchas de las opiniones políticas de doña Rosario, o en la visión ideológica que le quiere dar a su lucha, como ha ocurrido con otras madres u organizaciones de madres de víctimas de la represión (como sucede, por ejemplo, con la dirigente de una de las ramas en las que se dividieron las madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, que ha terminado en su justo reclamo de justicia, aplaudiendo a la ETA o a los atentados del 11 de septiembre), pero el reclamo de Rosario Ibarra y el de todas las madres de los desaparecidos es justo, es legítimo, y nadie puede pedirle a quien le han arrancado de esa manera tan artera a su hijo o a sus seres queridos que se maneje en forma políticamente correcta. Todos sabemos que algunas de esas demandas como el reclamar vivos a sus hijos porque vivos se los llevaron, quizás ronde en los linderos de la utopía, pero ¿qué quieren que pidan las madres, quién les puede arrebatar la ilusión de reclamar lo que sería la más elemental de las justicias?
Se equivocan también quienes dicen, como los hijos y abogados de Nazar Haro, que si los guerrilleros que fueron detenidos en aquella época fueron amnistiados, también lo deberían ser los represores. La lógica política de los jóvenes que participaron en la Liga 23 de septiembre o en otras organizaciones armadas de la época, difícilmente puede ser compartible (aunque en aquellos años la tentación de adoptarla tenía muchos mayores razones que hoy), pero de lo que estamos hablando hoy no es de contabilizar caídos de un lado y otro. La represión contra esos grupos armados que se realizó de manera legal no puede ser discutible ni sancionable: nos guste o no, hubo violaciones a la ley de quienes optaron por la lucha armada y quienes cayeron con un arma en la mano o fueron detenidos y enviados a prisión, sabían que a eso se exponían: jugaron con las reglas del juego. Se podrá o no estar de acuerdo con ello, pero esa es la razón de Estado que legitimó la persecución de esas organizaciones.
Pero nadie al Estado o a sus gobernantes en turno, ni antes ni ahora, les dio derecho de secuestrar personas, mantenerlas detenidas sin presentarlas ante un juez, torturarlas para sacarles información o matarlas. Eso es lo que se está castigando en el caso de Nazar Haro, con motivo de la desaparición de Jesús Piedra Ibarra, en una investigación que puede llegar hasta el ex presidente Echeverría y ello fue lo que fundamentó la resolución que, sobre este caso, sacó la Suprema Corte. Entonces no se puede equiparar a los miembros de los grupos armados que fueron amnistiados con este tipo de represores. Tendrían toda la razón en pedir una medida análoga si estuviéramos hablando, hoy, de castigar a quienes detuvieron a un miembro de un grupo armado y lo pusieron a disposición de un juez. Esos cumplieron con su deber y ya. Pero nadie tenía el deber de secuestrar, torturar y matar, ni siquiera con el argumento de que recibieron órdenes. En todo caso, esas órdenes servirán para acusar también a los responsables intelectuales de lo sucedido. Ni el tiempo, ni la distancia, mientras tanto, puede haber apagado el dolor de los familiares de los desaparecidos: sean lógicas o no sus posiciones políticas, el Estado mexicano les debe hacer justicia.
El mejor aliado de Bush
En las elecciones del año 2000, el actual mandatario estadounidense George Bush tuvo muchos aliados para poder ganar la presidencia, a pesar de que recibió menos votos que su contrincante demócrata, Al Gore: desde la operación electoral de su hermano, el gobernador Jeb en Florida, hasta la decisión de la Suprema Corte que lo legitimó con un triunfo que muchos no consideraron legal. Pero uno de sus aliados, entonces involuntario, fue el dirigente del Partido Verde, Ralph Nader, quien rompiendo una añeja alianza con el partido demócrata se presentó como candidato independiente a la presidencia. Nader no obtuvo demasiados votos pero los que logró fueron suficientes como para que Gore no obtuviera el triunfo también a nivel de delegados, siendo, paradójicamente, Gore un hombre con un fuerte compromiso ecologista de muchos años atrás. Si la primera vez fue involuntaria, habrá que ver que razón arguye ahora Nader (que ayer anunció su nueva postulación) para volver a competir oponiéndose, sobre todo, al ya seguro candidato demócrata John Kerry y apoyando implícitamente a Bush. La marca Verde ya no es tan transparente ni allá ni acá, como pudiera haberlo sido cuando surgieron los partidos ecologistas. Lástima.