Andrés Manuel López Obrador comprobó este fin de semana que la crisis que generaron los videos de Gustavo Ponce Meléndez y de René Bejarano seguirá creciendo y además, se comienza a acercar cada vez más a su propia persona. El control de daños ha sido pésimo, quizás porque el gobierno capitalino y el PRD no se terminan de recuperar de la sorpresa o porque no saben dónde están los límites de la corrupción para cortarla de tajo. López Obrador dijo que él no mete las manos al fuego por sus colaboradores, una declaración preocupante para alguien que hasta la semana pasada aseguraba que el suyo es un gobierno modelo de honestidad.
Andrés Manuel López Obrador pudo comprobar este fin de semana que la crisis que generaron los videos de Gustavo Ponce Meléndez en Las Vegas y de René Bejarano embolsándose billetes en las oficinas del empresario Carlos Ahumada, lejos de amainar seguirá creciendo y además, se comienza a acercar cada vez más a su propia persona.
El control de daños ha sido pésimo, quizás porque el gobierno capitalino y el PRD no se terminan de recuperar de la sorpresa o quizás, más sencillo, porque no saben dónde están los límites de la corrupción como para cortarla de tajo. Andrés Manuel le dijo a los editores del nuevo periódico Diario Monitor que él no mete las manos al fuego por sus colaboradores, una declaración preocupante para alguien que hasta la semana pasada aseguraba que el suyo es un gobierno modelo de honestidad (¿o acaso se entiende que un gobierno es sólo representativo de quién lo encabeza?). Pero más grave aún fue la llamada que hizo Ponce Meléndez el sábado al secretario de gobierno capitalino Alejandro Encinas, en la cual asegura que realizó diversos movimientos financieros ilegales por órdenes de López Obrador y que teme por su vida. Por supuesto que, para ello se aplica lo mismo que sucede con las acusaciones que han presentado distintos perredistas: se requieren pruebas, pero todo indica que Ponce Meléndez, siendo el secretario de Finanzas, puede tener acceso a mucha información confidencial que podría estar en condiciones de generar un daño enorme al gobierno capitalino. Recordemos, por ejemplo, que en el periodo de Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles, Ponce Meléndez fue acusado de haber desviado fondos (se habló entonces de 31 millones de pesos) de la policía auxiliar del DF a la campaña de López Obrador y fue absuelto, precisamente, por la controlara Berta Luján. Pero recordemos también que entonces, cuando él mismo era secretario de seguridad pública del DF, Alejandro Gertz Manero, ahora titular de esa misma secretaría pero a nivel federal, hizo una acusación pública de que ese desvío podía llegar a cientos de millones de pesos anuales. Se hicieron algunos movimientos de jefes policiales, se inició una investigación y no pasó nada: la acusación se dejó morir. Pero desde entonces Ponce Meléndez sabe, conoce, las principales operaciones financieras del gobierno capitalino.
Otro acercamiento del fuego al propio jefe de gobierno fue la grabación que envió Carlos Ahumada a reforma: allí, básicamente, se dice que existió todo un movimiento de extorsiones que lo llevaron a financiar varias campañas electorales del PRD y el propio proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Una vez más se necesitan pruebas: pero Ahumada ya ha demostrado con los videos de René Bejarano que puede tener muchas más imágenes de dirigentes perredistas embolsándose dinero entregado por el empresario en sus propias oficinas: recordemos, simplemente cómo el actual delegado en Tlalpan, Carlos Imaz, prácticamente se suicidó políticamente al adelantar que él debe estar en alguno de esos videos cuando recibió unos 600 mil pesos que terminaron, dice, no en su campaña sino en otras actividades. Imaz, con esa declaración prácticamente puso en las manos de cualquier instancia electoral un instrumento idóneo para llegar incluso hasta la anulación de la elección en esa demarcación.
Ante esta situación, decíamos que la operación política del PRD y del gobierno capitalino ha sido un desastre: en términos del partido, le dieron la oportunidad a Bejarano de retirarse "voluntariamente" del PRD cuando, obviamente, la suspensión de sus derechos como militante tendría que haber sido una reacción inmediata del propio Comité ejecutivo nacional perredista. Pero luego, en lugar de iniciar una investigación a fondo sobre qué ocurrió como Bejarano, de responder la pregunta primordial en todo este asunto que es saber qué se hizo con ese dinero que indudablemente llegó a las manos de Bejarano y a cambio de qué lo recibió, lo que está haciendo es centrar su atención en quienes estuvieron en el entorno de Ahumada, principalmente Rosario Robles y Ramón Sosamontes (también contra Carlos Imaz, pero éste en los hechos es hoy visto con un cierto desprecio tanto por sus adversarios históricos, precisamente la gente de Bejarano o los de Nueva Izquierda, como por sus anteriores aliados, como la propia Rosario Robles) y colocarlos frente a un tribunal interno como el realizado el fin de semana pasado que, francamente, pareciera inquisitorial por el tono y por las preguntas. El objetivo, dicen sus adversarios es la expulsión de Robles, Sosamontes e Imaz. Pero mientras tanto, Bejarano (cuya responsabilidad, independientemente de cómo hayan llegado los videos que lo involucran a los medios, es inocultable y puede llegar desde delitos fiscales hasta electorales) no es investigado por el propio PRD ni tampoco por la procuraduría capitalina.
Pero en términos políticos parece ser peor aún la estrategia adoptada por el gobierno capitalino: primero, el jueves se anuncia la presentación del propio López Obrador en un especial de televisión donde demostrará que la divulgación de los videos se trata de una conspiración de la derecha, del gobierno federal, de Gobernación y hasta del "innombrable", como le llama López Obrador a Carlos Salinas de Gortari. No sabemos qué podrá mostrar López Obrador en esos videos: probablemente mostrará a Carlos Ahumada en algunos juegos de fútbol acompañado por Rosario Robles y otras personalidades, entre ellos los hijos de Marta Sahagún de Fox (con uno de ellos Ahumada tendría un negocio inmobiliario de construcción de viviendas de interés social en León, Guanajuato), quizás también alguna explicación de cómo se podría haber realizado la grabación de Ponce Meléndez en Las Vegas (en donde involucra al Cisen y a la propia cancillería). El problema es que salvo que existiera alguna prueba contundente en este sentido, difícilmente habrá pruebas que confirmen los dichos de que de allí provinieron los videos. Pero incluso aunque los hubiera, esa estrategia no responde a las tres preguntas principales: primero, ¿qué pasó con los cinco millones de pesos que recibió René Bejarano y a adónde fueron?; segundo, ¿cuánto sabía López Obrador de las operaciones de Bejarano, porque en el segundo video, el propio Bejarano le dice a Ahumada que él ha hecho cosas "que ni te imaginas" para López Obrador, y del financiamiento a su propia campaña y a la de diferentes candidatos perredistas?; tercero, ¿por qué se escapó Ponce Meléndez cuando estaba localizado, había hablado con el propio López Obrador y sobre aviso luego de la difusión de los videos de Las Vegas?. Mientras no se respondan esas preguntas de poco servirán las explicaciones para saber quiénes son los que están "conspirando" o aprovechándose de esta situación.
Menos lógica aún será la convocatoria que hace el gobierno capitalino para generar una movilización en su apoyo el domingo próximo en el Zócalo: es una tontería y un error grave. No se trata de movilizar gente para obtener respaldo: eso puede realizarlo cualquier partido político para defender cualquier causa, desde las mejores hasta las más abyectas. Se trataría sólo de una campaña publicitaria pero no ayudaría en nada al propio López Obrador, al contrario. El jefe de gobierno siempre ha rechazado cualquier similitud con el presidente venezolano Hugo Chávez: pues con estas movilizaciones está adoptando exactamente el mismo modelo que Chávez para rechazar las investigaciones en su contra, acusando a sus opositores de conspirar para derrocarlo y movilizando a sus partidarios. La vía idónea debería ser la contraria: identificar a los responsables internos, depurar su gobierno, asumir compromisos públicos de que estos hechos no volverán a ocurrir y establecer mecanismos amplios y abiertos de verificación, aceptando los costos y, de esa forma disminuyéndolos en el mediano plazo. Claro, si el jefe de gobierno considera que él no puede ser involucrado en nada, sino es así, su situación se tornará francamente crítica.