Andrés Manuel López Obrador aseguró que renunciará a su cargo, algo que hasta ahora nadie le ha pedido, y agregó que los involucrados en los casos de corrupción serán sancionados: pero no se refirió a René Bejarano ni a Carlos Imaz, ni a los otros delegados que recibieron recursos para su campañas, sino a sus adversarios políticos Rosario Robles y Ramón Sosamontes. El hecho es que a los directamente implicados en la corrupción no se los persigue en absoluto, mientras que a los que han tenido una participación menor se los coloca en el centro de la persecución. El gobierno capitalino y el PRD están equivocando la salida, deben limpiar la casa: pero limpiar la casa no implica esconder la basura debajo de la cama.
Ayer, Andrés Manuel López Obrador aseguró que no renunciará a su cargo, algo que hasta ahora nadie le ha pedido, y agregó que los involucrados en los casos de corrupción serán sancionados: pero no estaba hablando de René Bejarano ni de Carlos Imaz, ni de los otros delegados que recibieron recursos para sus campañas, tampoco de funcionarios de su gabinete, sino de sus adversarios políticos Rosario Robles y Ramón Sosamontes. La visión de la justicia del jefe de gobierno es un poco extraña, pero quizás, por su identificación con Benito Juárez, ha decidido utilizar aquel apotegma juarista que sostenía que "a los amigos, justicia y gracia, a los enemigos, la justicia a secas".
El hecho es que a los directamente implicados en la corrupción, los que recibieron el dinero y no han explicado hasta ahora qué hicieron con él, no se los persigue en absoluto (o, como en el caso de Gustavo Ponce Meléndez, se lo deja escapar luego de reclamarle a los medios que no lo "linchen"), mientras que a otros que han tenido una participación menor, o por lo menos no tan evidente, pero que son adversarios políticos, se los coloca en el centro de la persecución.
No es un problema menor, sobre todo porque el procurador Bernardo Bátiz y la contralora del DF, Berta Luján, distan de tener una historia de manejos equilibrados en ese sentido y, además, porque no se puede ser juez y parte en el proceso. Un ejemplo claro de ello es la presunta solicitud de la PGJDF al canal seis de julio para "investigar" los videos de Ponce Meléndez en Las Vegas. Además de que, según sus declaraciones, los directores de esa empresa no parecen conocer demasiado de las más sencillas tecnologías existentes para realizar un video tan simple como el que muestra al ex secretario de Finanzas en el hotel Bellagio, llegando a conclusiones francamente absurdas, como la de que se requiere equipo de alta tecnología o que se utilizó el master de las cintas de seguridad del hotel para obtener esas imágenes (que en realidad fueron tomadas con la cámara de un teléfono celular o un artefacto similar, como los miniordenadores Clié, hoy tan populares), lo cierto es que el canal seis de julio es parte del propio PRD y de la corriente más cercana precisamente a López Obrador. ¿Qué objetividad puede tener? Es como si la presidencia de la república para investigar unos videos que la involucraran en alguna actividad extralegal contratara a Cepropie.
Pero lo que resulta más desconcertante es cómo se ha actuado con los verdaderos responsables. Si hay algo evidente es que René Bejarano y Carlos Imaz han cometido más de un delito: fiscal, electoral, violando legislación de los partidos, con posibles actos de corrupción y de tráfico de influencias. Nadie les ha preguntado, siquiera, qué hicieron con ese dinero y cuando ellos han contestado, han proporcionado respuestas contradictorias. Pero fue suficiente que Imaz, por ejemplo, dijera que ese dinero lo recibió por "órdenes" de Rosario Robles o que Ramón Sosamontes intercedió por un funcionario, para que ambos estén, por ese solo dicho, investigados y juzgados por su partido. Lo mismo sucede con Carlos Ahumada: el empresario, muy probablemente, al entregar esas sumas de dinero, aunque él argumente que era extorsionado, estaba cometiendo un delito, pero de lo que no cabe duda es que quienes recibieron ese dinero, sea cual fuere la razón para que Ahumada se los entregara, ellos sí estaban cometiendo un delito. Pero la orden de aprehensión de la procuraduría capitalina es para Ahumada y no para Bejarano e Imaz.
Sucede lo mismo con Ponce Meléndez. Aparentemente el ex secretario de Finanzas cometió un delito: 17 viajes a Las Vegas en dos años, tres en los últimos tres meses, gastos muy por encima de sus posibilidades económicas, su propia fuga, así lo indican. Pero el ex funcionario indicó, en la llamada que recibió el sábado el secretario de Gobierno, Alejandro Encinas, que sí realizó diversos movimientos ilegales pero que fueron por órdenes del propio López Obrador. Por supuesto que, como en todo, la declaración no es suficiente sin pruebas, pero nada indica que esas afirmaciones estén siendo investigadas, mientras que Ponce Meléndez está siendo procesado, pero no por los movimientos fraudulentos en las finanzas capitalinas, sino por el caso del fraude en la delegación Gustavo A. Madero, con el cual, hasta el mismo día de la difusión del famoso video en Las Vegas, sólo estaba vinculado como testigo.
Pero quizás lo más grave de todo en este asunto es la declaración del jefe de gobierno de que Ponce Meléndez está detenido por la DEA, la agencia antidrogas del gobierno estadounidense y que los videos fueron realizados por una colaboración del gobierno estadounidense con el mexicano. La afirmación es demasiado seria para que un funcionario público de tan alto nivel como el jefe de gobierno la realice sin prueba ni indicio alguno. En última instancia, el último que habló con el ex secretario de Finanzas, antes de la llamada que recibió Encinas, fue el propio jefe de gobierno que asegura que lo llamó cuando se estaba emitiendo el video de Las Vegas. Porqué desde ese momento Ponce Meléndez no estuvo bajo custodia de la procuraduría capitalina es otro de los misterios sin aclarar por el gobierno del DF. Pero al decir que está detenido por la DEA se está ahondando el problema para el propio gobierno del DF, porque se olvida que esta agencia estadounidense sólo puede detener a personas acusadas de tener alguna relación con el tráfico de drogas, sería imposible que hubiera alguna otra razón que justificara la intervención de esa agencia. Si fuera así, e insistimos, López Obrador no ha mostrado prueba alguna de su dicho, ello implicaría que estamos no sólo ante un evidente caso de corrupción y tráfico de influencia sino también que Ponce Meléndez y hasta el propio gobierno capitalino estarían, de alguna forma, involucrados en un caso de tráfico de drogas. ¿Esa es la tesis que prefiere impulsar Andrés Manuel, quiere ver a su gobierno involucrado en una investigación de narcotráfico? Y todo para incorporar en la "conspiración" la sigla de una agencia estadounidense conocida por la gente, porque de otra forma no tiene lógica el dicho.
El gobierno capitalino y el PRD están equivocando la salida, se están enredando cada vez más y, como decíamos ayer, en todo este pantano cuanto más se mueven más se hunden. Deben limpiar la casa y hacerlo de verdad: pero limpiar la casa no implica esconder la basura debajo de la cama.
La próxima escalada
Todos nos preguntamos porqué Andrés Manuel López Obrador decidió convocar a una manifestación en el Zócalo el próximo domingo. Ello, sin duda, es parte de una estrategia que, en lugar de asumir costos y limpiar la casa, está apostando a la movilización social para desviar la atención del problema central que debe afrontar que es la corrupción del principal operador financiero del gobierno y del operador político personal del jefe de gobierno. Pero en esa lógica de movilización social, sin duda López Obrador está evaluando algo que sabe que pondrá en muchas dificultades al gobierno federal y puede opacar el escándalo en el que está envuelto el GDF: la manifestación de apoyo a López Obrador está convocada para el domingo 14, mientras que para el 15 de marzo, o sea el día siguiente, se cumple el plazo para dos conflictos sindicales en los cuales el perredismo puede tener mucho que decir. Ese lunes, el sindicato del Seguro Social debe definir si acepta o no el program del IMSS sobre las pensiones y hoy nadie sabe qué tan lejos están de llegar a una posición de consenso. Más grave aún: el mismo lunes 15 se debe renovar el contrato colectivo de trabajo del sindicato mexicano de electricistas, una organización especialmente cercana al perredismo. ¿Qué sucedería la próxima semana si a la movilización de las corrientes perredistas cercanas a Izquierda Democrática (la corriente de Bejarano y Dolores Padierna que agrupa desde organizaciones vecinales hasta vendedores ambulantes, pasando por acuerdos con el Frente Francisco Villa y otros similares), se suman movilizaciones o paros en el IMSS y en la compañía de Luz y Fuerza del Centro? Como dicen, es pregunta.