Para quienes creían que con el mitin del domingo pasó lo peor para la administración López Obrador y por ende para la lucha en lodo en que se ha convertido el escenario político nacional, seguramente se equivocan. Habrá, sin duda, repercusiones políticas para el gobierno capitalino: el jefe de gobierno elevó demasiadas acusaciones como para que éstas se pierdan en el vacío en el futuro. Hay sectores disconformes con su accionar, desde áreas tradicionalmente preocupadas en conservar la seguridad y la gobernabilidad, hasta los observadores de Estados Unidos que ven con preocupación la irresponsabilidad de acusar al gobierno de su país sin aportar una prueba sobre lo dicho. Acusar a otro país de un acto de intervención no es una cosa menor, y esos graves errores se terminan pagando.
Quienes creen que con el mitin del domingo pasó ya lo peor para la administración López Obrador, y por ende para la lucha en lodo en que se ha convertido el escenario político nacional, seguramente se equivocan. Pasado el mitin del domingo, habrá, sin duda, repercusiones políticas para el gobierno capitalino: en su arenga y virtual destape, el jefe de gobierno fue demasiado "candidato", elevó demasiadas acusaciones como para que éstas se pierdan en el vacío en el futuro.
Hay sectores muy disconformes con su accionar, desde áreas tradicionalmente interesadas en la conservación de la seguridad y la gobernabilidad que no admiten que se pueda haber realizado el mitin de autodefensa con recursos públicos, y movilizando a la gente contra sus adversarios políticos, hasta los observadores de Estados Unidos, que han visto con preocupación que Andrés Manuel haya cometido la irresponsabilidad de acusar al gobierno de su país de participar en un complot en su contra, sin aportar ni la más remota prueba de sus dichos. Quizás López Obrador, al ser un político que casi nunca ha salido de México o que no ha tenido roce internacional, no lo valore suficientemente, pero acusar a otro país de un acto de intervención no es, en el ámbito diplomático, una cosa menor o que no queda registrada en su "ficha" política. Y esos graves errores, se terminan pagando.
Pero fuera de ello, lo que tendrá López Obrador en el futuro será una catarata de acusaciones penales en su contra que harán insuficiente el gesto anunciado ayer de que dejará la atención de los videoescándalos en manos de Martí Batres. Las preguntas sin respuesta siguen siendo muchas y la actitud de la procuraduría capitalina, protegiendo a muchos de los involucrados en el escándalo, como René Bejarano y Carlos Imaz, no ayuda, precisamente, a quitarle presión al tema, porque la estrategia de sus adversarios se concentrará en la denuncias federales, que pueden marchar a un ritmo diferente a las locales y que implican delitos mayores.
En los hechos, hoy el gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador y el PRD tienen, de distintas forma, denuncias ante la PGR por diversos delitos, sobre todo por lavado de dinero, tienen una denuncia ante la procuraduría fiscal por evasión fiscal, que comienza con Bejarano e Imaz pero van hasta Gustavo Ponce Meléndez y buscan que crezca hacia sus jefes. Existe una denuncia que ya está siendo investigada por la fiscalía para delitos electorales que encabeza María de los Angeles Fromow, y existe otra denuncia sobre financiamiento ilegal del PRD ante el IFE. En los hechos, sólo con base en los famosos videoescándalos y en lo que allí se dice, sumado a las declaraciones posteriores de alguno de los principales participantes, esas cuatro acusaciones podrían avanzar sin mayores problemas. El origen del dinero de Carlos Ahumada no se ha aclarado pero mucho menos el destino que le dieron a esos recursos quiénes lo recibieron; evidentemente, ese dinero no está declarado fiscalmente ni por los actores individuales ni por el partido, con lo cual el sistema de administración tributaria está en condiciones de aplicar sanciones a los mismos. Si ese dinero se destinó a actividades electorales, y todo indica que así fue, la fiscalía puede sancionar a los candidatos o al PRD, y lo mismo puede hacer, en otro plano, administrativo, el IFE.
Pero mientras esas son las acusaciones en el ámbito federal, en el local no son menores: se ha solicitado una ampliación de la solicitud de investigación, exigiendo que el expediente esté abierto; se ha pedido una investigación específica de la elección en Alvaro Obregón, porque la primera declaración de Bejarano fue que esos recursos se habían destinado a esa demarcación capitalina; se está pidiendo una investigación sobre la elección de René Bejarano; se está solicitando también otra investigación a las autoridades electorales del DF de los comicios en las 16 delegaciones, con el objetivo de identificar las ocho delegaciones que, según Carlos Ahumada, él mismo ha financiado, ello incluye por supuesto la delegación Tlalpan, donde ayer pidió licencia por 90 días (¿nada más?) Carlos Imaz decidido a no dejar su chamba. Esas mismas denuncias se han presentado, además, en la fiscalía de delitos electorales en el DF.
Pero eso es en el ámbito de la justicia, en el legislativo hay panistas que quieren impulsar en el senado hasta la destitución de Andrés Manuel López Obrador (y matemáticamente podrían salirse con la suya). Pero si eso no es posible se instalaría una comisión que investigue las posibles violaciones a la ley que habría cometido el jefe de gobierno. En la cámara de diputados, le lloverán al jefe de gobierno las exigencia para las comparecencias de funcionarios del DF, además de solicitar la intervención, ya aceptada, de la Auditoria Superior de la Federación para revisar las cuentas del gobierno capitalino. Muchas otras demandas se presentarán ante la asamblea legislativa del DF, aunque allí será mucho más sencillo frenarlas, porque el PRD mantiene una amplia mayoría absoluta.
Pero las que estamos señalando son denuncias penales, administrativas y legislativas de amplio espectro, quedan las específicas para algunos de los personajes de esta historia. A Ponce Meléndez, por ejemplo, se lo acusa (además de las demandas que ha iniciado en su contra el GDF) ante la contraloría interna del gobierno capitalino y ante la contaduría mayor de Hacienda por infracciones a la ley de servidores públicos. En el ámbito penal, se lo ha acusado de enriquecimiento ilícito y uso indebido de facultades y recursos públicos (insistimos, ello además de las acusaciones que también ha presentado en su contra la PGJDF). Contra Bejarano existen, además, otras dos denuncias penales por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
Es un verdadero alud de acusaciones que obligarán al gobierno capitalino, al PRD y a los directamente implicados, a dedicarle mucho tiempo, mucha reflexión y recursos a su defensa. En los hechos, pareciera una suerte de cerco legal, con obvias repercusiones políticas y mediáticas, que les será muy difícil romper.
El desprestigio de los políticos
Ayer, María de las Heras lo puso en blanco y negro: los partidos y sus dirigentes, pero sobre todo los legisladores, son los personajes de la vida nacional más desprestigiados. En su encuesta nacional en Milenio Diario, confirmó lo que ya presentíamos: nadie les cree. A los diputados sólo el tres por ciento de los encuestados les cree mucho, poco el 31 por ciento y nada, el 65 por ciento. Las cifras son casi las mismas para los senadores (a ellos les cree mucho sólo el 4 por ciento). Al verde ecologista le va hasta peor que a los senadores: cree mucho en ellos el 4 por ciento, pero el 64 por ciento no les cree nada. Alos líderes de los sindicatos le va casi igual: su credibilidad es del 5 por ciento. Bueno, cómo estará la cosa que a los legisladores, al Verde y a los dirigentes sindicales se les tiene, hoy, menos confianza incluso que a los policías, que solían ser el sector más desprestigiado de la sociedad. Por el contrario y a pesar de lo que dicen los políticos, los periodistas tienen un grado de credibilidad mucho mayor al de ellos: el 37 por ciento les cree mucho a los periodistas de prensa escrita, un 49 por ciento poco y sólo el 11 por ciento no les cree nada. A los de radio, el 35 por ciento les cree mucho y un 46 por ciento poco. Los de televisión (consecuencias del duopolio quizás) están un poco más abajo, pero igual mucho más arriba que los políticos: 27 por ciento les cree mucho, un 63 por ciento poco y 8 por ciento nada. Entre los partidos, a los que les va mejor es a los panistas, con 17 por ciento de credibilidad, a los del PRI nueve por ciento y a los del PRD, el 8 por ciento. La clase política se derrumba y parece que los políticos son los únicos que no lo quieren ver.