La presión de la propia investigación federal terminó imponiéndole ayer a la procuraduría de Bátiz, la decisión del pedir el desafuero de René Bejarano para acusarlo de delitos electorales y cohecho, dos delitos considerados graves, pero que se sumarán a los de lavado de dinero y a los electorales pero del ámbito federal que investiga la PGR. Si es acusado de lavado de dinero y delitos electorales, la situación se tornará insostenible: si no dice qué hizo con el dinero automáticamente se declarará culpable, y si dice que el dinero fue para campañas para el PRD, también se condena aunque seguramente en menor medida en lo personal, pero generando un problema político mucho mayor para el propio gobierno del DF y el PRD.
Es tan confuso el clima político que vivimos, es tanto el rencor acumulado entre muchos de los principales actores, es tal la ambición reflejada sólo en la búsqueda de espacios de poder que se canalicen hacia posicionarse para el 2006, que no sólo la ausencia de ideas, propuestas e iniciativas es asfixiante (por eso, entre otras razones, ayer el congreso comenzó un nuevo periodo ordinario de sesiones sin contar, siquiera, con una agenda legislativa, por eso la credibilidad de los diputados y senadores es de sólo 3 y 4 por ciento, respectivamente, según la encuesta de María de las Heras publicada el lunes), sino que incluso ello intoxica, confunde, hasta los ejes de los propios casos de corrupción que tantos debates han generado en los últimos días.
El eje del debate no se puede perder y como lo diría cualquier escritor novato de novelas policiales el secreto está en seguirle la pista al dinero. El procurador Rafael Macedo de la Concha lo dijo bien el lunes: se puede reabrir el caso de Diego Fernández de Cevallos ante las acusaciones de Martí Batres, que lo involucran con el narcotráfico (una acusación, aparentemente sin fundamentos: el caso del Banco Anáhuac está cerrado desde hace años y, por el contrario, podría ser la base de la una nueva demanda, pero ahora de Diego contra Martí, por difamación), se puede investigar la relación Ahumada-Diego pero el punto importante en todo esto, y la base de todo el debate, es el dinero. De dónde vino el dinero en efectivo que entregó Carlos Ahumada y a dónde fue a parar el que recibieron, entre otros, Bejarano e Imaz.
En ese sentido, quizás porque no trató de desviar el eje de la investigación (quizás también porque tuvo los elementos diez días antes, porque la denuncia de Ahumada por extorsión se efectuó el 20 de febrero) la procuraduría general de la república marchó mucho más rápido que la capitalina en estos casos y la presión de la propia investigación federal terminó imponiéndole ayer a la procuraduría de Bátiz, la decisión de pedir el desafuero de René Bejarano para acusarlo de delitos electorales y cohecho, dos delitos considerados graves, que no admiten la libertad bajo fianza, pero que se sumarán a los de lavado de dinero y a los electorales pero del ámbito federal que investiga la PGR. Lo que ayer decíamos en este espacio se cumplió con mayor velocidad aún que lo esperado: la estrategia de impulsar los casos desde la PGR para imponerle prisa a las investigaciones de la procuraduría capitalina ha funcionado. El hallazgo de otros ocho videos de Bejarano con Ahumada en los cateos de las oficinas del grupo Quart, sumadas a las investigaciones que ya se estaban realizando, aunado al hecho de que Bejarano se ha negado a informar qué hizo con los más de cinco millones de pesos recibidos, obligaban a avanzar en la solicitud de desafuero para poder juzgar a Bejarano (y ahí otra mentira del ex secretario particular del jefe de gobierno: dijo el tres de marzo, cuando se dio a conocer el video donde se embolsaba el dinero de Ahumada, que ese mismo día pediría licencia para renunciar al fuero y así no impedir las investigaciones en su contra, el hecho es que pidió licencia pero conservó el fuero, además de decir, ayer que el reconocía "haber cometido un error, pero no delito"). Para Bejarano, si es acusado de lavado de dinero y delitos electorales (ambos cargos federales), la situación se tornará insostenible: si no dice qué hizo con el dinero automáticamente se declarará culpable, porque en sus cuentas congeladas (las que se conocen) dice que no tiene más de 200 mil pesos y se sabe que ha recibido más de cinco millones, entonces ¿dónde están?; si lo dice y efectivamente ese dinero fue para campañas, para el PRD, para los comités de apoyo a López Obrador en el 2006 o para su grupo político, también se condena aunque seguramente en menor medida en lo personal, pero generando un problema político mucho mayor para el propio gobierno del DF y el PRD.
El tema, por lo menos el tema central, no es Diego o el complot. Tampoco se trata como dijo Andrés Manuel López Obrador ayer en su conferencia de prensa de que como cayó su popularidad, ya lo van a dejar en trabajar en paz. Lamento informarle al jefe de gobierno que éste no se trata, en lo central, de un tema de popularidad o de encuestas: el gobierno capitalino está envuelto en un problema legal, en un grave caso de corrupción y deberá contestar en ese terreno. Lo demás son temas interesantes para el análisis político respecto a cómo utilizan los adversarios de Andrés Manuel los problemas en los que se ve envuelto pero nada más.
Paradójicamente, la intención de tender una cortina de humo sobre el eje de esta historia, ha contado, una vez más, con la insensatez y la falta de sentido político de muchos de los más fervientes opositores de López Obrador. Por una parte, un Diego Fernández de Cevallos que está, cada día, aparentemente más enojado: su alegato del viernes con Joaquín López Dóriga podría haber sido mucho más sencillo, menos colérico y lleno de adjetivos, pero también mucho más explícito sobre cuál es la relación, política o legal que ha establecido con Ahumada. La respuesta que recibió de un Martí Batres, tan colérico como el propio Diego, decíamos que terminará sirviendo para la futura demanda de Diego contra Martí por difamación, pero no ayuda a esclarecer nada. Pero en la ayuda de Andrés Manuel apareció también Carlos Medina Plascencia, senador, precandidato presidencial y enemigo histórico de Diego, que le ha exigido a éste que deje el senado o su muy próspero trabajo de abogado. En términos legales, Medina Plascencia no tiene argumentos para sostener el caso, en términos éticos, ya lo hemos dicho en otras oportunidades en este espacio, tiene la razón: la doble labor del líder de los senadores panistas, genera un inevitable conflicto de intereses que podrá ser legal, pero políticamente no es ético.
Pero Medina Plascencia aprovecha la oportunidad para regresar al objetivo que tiene desde tiempo atrás: quitar a Diego del liderazgo en el senado para colocarse él mismo en esa posición que le serviría para buscar la candidatura presidencial para el 2006. Y en ese sentido, ambos terminan enfrascándose en un debate inútil.
Macedo tiene razón en este caso y no está descubriendo nada nuevo: si se quiere saber la verdad o por lo menos acercarnos a ella, debemos seguirle la pista al dinero.
Por cierto, ¿recuerda usted que el gobierno capitalino argumentaba que no necesitaba de un consejo de transparencia ciudadano e independiente del gobierno y que constituyó un comité de transparencia adscripto a la secretaría de finanzas del gobierno capitalino que se encargaría de revisar precisamente las finanzas del GDF? Pues bien, ayer ese comité, integrado entre otros, por Miguel Angel grandados Chapa, Javier Solórzano, Carmen Aristegui, Germán Dehesa, Fernando Solana y David Ibarra, presentó su renuncia luego de que en medio del escándalo de corrupción Andrés Manuel cancelara reuniones con ellos, lo mismo que otras autoridades capitalinas. Ello los llevó a considerar y así lo expresan en la carta dirigida al jefe de gobierno que "nuestra tarea no era relevante, que ya estaba concluida y que había terminado un ciclo". Hoy el GDF sigue pagando su aversión a los verdaderos consejos ciudadanos.
Fox la bajó, Marta se subió
El presidente Vicente Fox se reunió en Los Cabos con miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa y allí, en público y en privado les dijo que su esposa, Marta Sahagún, no sería candidato a la presidencia en el 2006, que el plan que tenían era regresar al rancho de San Cristóbal y trabajar desde allí contra la pobreza. En otras palabras: la bajó de la carrera presidencial aunque luego, en la misma intervención pública, aceptó que esa decisión la tendría que tomar ella y él la respaldaría. Pero el martes la propia Marta Sahagún, ante el mismo auditorio dijo lo contrario: aseguró que no se baja de la carrera del 2006, porque la decisión era suya y, dijo, aún no tenía una decisión tomada al respecto. En otras palabras: la opción por la candidatura (ya sea la presidencial o cualquier otra) sigue allí. Marta continúa en la carrera por el 2006, pese a la negativa presidencial. ¿Será tan complejo lograr que en Los Pinos tengan una sola visión, por lo menos en el ámbito público, sobre el tema?