Para operar el tráfico de gente se requiere una red de complicidades mucho mayor que para otras actividades del crimen organizado. Estamos habando de grandes redes que no pueden funcionar sin la complicidad de las instituciones del Estado encargadas precisamente de controlar la migración. Por eso, la importancia del golpe que se dio esta semana a una banda de traficantes de migrantes, donde la mayoría de los detenidos son agentes del Instituto Nacional de Migración y distintas corporaciones policíacas. Pero tomemos en consideración que existen, según las propias declaraciones oficiales, unas cien organizaciones más que operan en todo el país.
Para operar el tráfico de gente se requiere una red de complicidades mucho mayor que para otras actividades del crimen organizado. Es necesaria la complicidad de quienes controlan las fronteras, sean organizaciones policiales (federales y locales) o militares, de los miembros de los grupos Beta, de quienes tienen control sobre carreteras, estaciones de ferrocarril y sobre todo los aeropuertos. Se necesitan casas o generalmente hoteles para alojar algunos días a los "pollos" (los hombres y mujeres que serán transportados). Se requieren contactos en las principales instituciones migratorias para que otorguen documentación apócrifa para los migrantes. Estamos hablando siempre de grandes redes que no pueden funcionar sin la complicidad de las instituciones del Estado encargadas precisamente de controlar la propia migración.
Siempre ha sido así: el tráfico de gente se basa en esas amplísimas redes de complicidades y tanto o más que en el narcotráfico ello implica un costo, casi siempre en vidas, de quienes traicionan a sus jefes u osan investigar más allá de lo "permitido". Por eso la importancia del golpe que se dio esta semana a una banda de traficantes de migrantes, provenientes de prácticamente todo el mundo, donde, la mayoría de los detenidos son agentes del Instituto Nacional de Migración y de distintas corporaciones policiacas. Es, insistimos, un fuerte golpe a estas organizaciones. Pero tomemos en consideración que existen, según las propias declaraciones oficiales, unas cien organizaciones más que operan en todo el país, para traficar, a gran escala con migrantes.
Y esa corrupción llega a los más altos niveles y tienen raíces muy añejas. Por ejemplo, allí está la red que había construido Mario Ruiz Massieu, desde la subprocuraduría general de la república (antes en la oficialía mayor de esa dependencia) antes de convertirse en el poderoso investigador del asesinato de su hermano José Francisco (una investigación que Mario traicionó para ocultar sus propios espacios de corrupción en el tráfico de drogas pero, también, de personas). La red que manejaba Mario Ruiz Massieu se armó en dos etapas. La primera desde abril de 1994 hasta septiembre de ese año. Un hombre muy cercano a Mario, Pedro Ochoa Palacios que luego de colaborar con el subprocurador que años después, detenido en Estados Unidos optó por el suicidio, fue impulsado por Mario para que se lo designara en Gobernación como coordinación de delegaciones del INM, supervisando la red. Un hermano de Ochoa Palacios, de nombre Jorge, era el delegado de la PGR en Tijuana (quien cumplía esa responsabilidad cuando se dio el asesinato de Luis Donaldo Colosio y fue responsable de muchas de las irregularidades que se dieron en las investigaciones la noche del crimen). Jorge era el responsable de recibir en Tijuana los indocumentados que se enviaban desde Tapachula, junto a la subdelegada de migración en esa zona del país, Luz María Velásquez.
Según fuentes de la procuraduría en las épocas en que se investigaba a Mario Ruiz Massieu, la red era operada por Pedro Ochoa Palacios desde el DF y en Tapachula era controlada sobre todo por el subdelegado Jaime Coutiño. En esa época se generalizó la entrega de pases locales para el libre tránsito de la frontera sur a la norte, expedidos sobre todo a migrantes asiáticos y en menor medida sudamericanos. En aquella época se vendían esos pases en aproximadamente dos mil dólares cada uno. Los migrantes eran recibidos en Monterrey por Juan Celedonio Hernández Grajales y en Tijuana por la subdelegada Velásquez. Pero cuando Mario alcanzó en septiembre la subprocuraduría, el sistema fue mucho más eficiente. En Tapachula se colocó a Ricardo Giberth, en Ciudad Cuauhtémoc a Jesús Macías Mijangos, ambos muy cercanos a Jorge Ochoa Palacios y provenientes ambos de Tijuana. La delegación jurídica del INM en esa zona de la frontera sur quedó en manos de Jorge Palomea. Posteriormente, Palomea y Giberth fueron inhabilitados por la Contraloría de la Federación por diversas faltas administrativas.
Los indocumentados eran enviados desde el aeropuerto de Tapachula al de Tijuana en vuelos charter. Se realizaban tres vuelos a la semana que transportaba cada uno de ellos unas 240 personas y cada una pagaba, sólo por el vuelo, dos mil dólares. O sea que cada vuelo rendía unos 480 mil dólares de utilidades.
Rápidamente la red fue fortalecida con miembros de la PGR, la Policía Federal de Caminos y personal de seguridad de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. El control operativo de la red se realizaba desde Ciudad Cuauhtémoc en la frontera con Guatemala. Esa red operó hasta bien entrado 1995, incluso después de la huida de Mario Ruiz Massieu. Tiempo después Jorge Ochoa Palacios fue asesinado, mientras corría en un parque en Tijuana, de un disparo en la cabeza. Mario Ruiz Massieu se dijo que se suicidó en su casa en Newark. Pero la mayoría de los involucrados en esa red quedaron impunes.
Otra historia. El 25 de noviembre de 1999, José Angel Martínez, jefe de los grupos Beta en Tenosique, en la frontera de Tabasco con Guatemala, le explicaba en Tijuana a la alta comisionada de las naciones unidas para los derechos humanos, Mary Robinson, la situación del tráfico de migrantes en México. Al día siguiente, José Angel, un funcionario público ejemplar, me llamó desde el aeropuerto capitalino mientras esperaba su vuelo a Villahermosa. Me pidió que nos viéramos en el aeropuerto, pero yo no podía alcanzarlo antes de que partiera su vuelo ya tenía una comida con un funcionario de la presidencia de la república. José Angel me dijo que había terminado la más amplia de las investigaciones que regularmente realizaba para alguna de las instituciones de inteligencia (siempre he creido que relacionada con el ámbito militar) y que, por eso, lo iban a matar. No era la primera vez que José Angel recibía amenazas, así que le dije que no pasaría nada. Me reiteró que lo iban a matar y me dijo que me enviaba el informe para que, si algo le ocurría, yo lo tuviera y lo pudiera difundir. Esa tarde, del 26 de noviembre recibí, efectivamente, el informe de José Angel, con la descripción detallada de cómo operaban las principales redes de traficantes de gente en toda la frontera sur y como subían, en esa ocasión, hacia la frontera de Tamaulipas con Texas. Allí estaban todos, desde los funcionarios de migración hasta los de la policía federal preventiva, incluyendo particulares y jefes locales del narcotráfico que operaban también el tráfico de gente desde Guatemala. Quedamos con José Angel en vernos el martes 30 en la ciudad de México. Nunca volvimos a encontrarnos: haciendo bueno su propia previsión, José Angel Martínez fue asesinado el 29 de noviembre de 1999, por uno de sus compañeros en el grupo Beta de Tenosique (toda la historia y la reproducción del documento se puede consultar en el libro El otro poder, Aguilar Nuevo Siglo, 2001). Se hizo la denuncia, en este espacio se publicó la historia, entregué el documento a la procuraduría general de la república y a la de Tabasco…y no pasó nada. Al contrario, funcionarios del INM trataron, inútilmente, de desacreditar esa investigación y minimizar el asesinato. Sólo varios meses después, uno de los hoteleros de Palenque señalados en esa investigación, fue detenido en el aeropuerto de Villahermosa, pero porque estaba transportando droga.
Por eso es tan importante que ahora se haya dado este golpe, se haya desarticulado esa red con presencia en por lo menos doce estados y que medio centenar de funcionarios y cómplices hayan sido detenidos. Pero hay que recordar que el negocio del tráfico de gente trasciende, con mucho, a esa organización, recordemos que el negocio es de miles de millones de dólares y que son, por lo menos cien, las organizaciones, como la desarticulada el martes, que operan en todo el país. De ese tamaño es el desafío.