El lunes próximo, la comisión de fiscalización del IFE presentará para su aprobación definitiva al consejo general, sanciones muy duras contra todos los partidos que sumarán prácticamente 500 millones de pesos en total. Las principales sanciones serán por la transmisión de spots en radio y televisión que no fueron registrados en la contabilidad de los partidos y por falta de comprobantes de gastos reportados en diferentes actividades. No puede olvidarse que lo que hoy está pervirtiendo al proceso electoral y a los propios partidos es el dinero sucio que inunda a los partidos y el pésimo trabajo que ellos realizan para fortalecerse, legitimarse, ante la sociedad.
Fuera de las denuncias de Andrés Manuel López Obrador respecto al presunto complot en su contra (donde una vez más el jefe de gobierno siegue demostrando que para él resulta más importante saber quién denunció a Gustavo Ponce Meléndez, su secretario de finanzas y principal operador financiero en el gobierno capitalino, que esclarecer el grado de corrupción que éste impuso en el gobierno del DF); fuera de los escándalos de Bejarano, que ahora tendrá que comprobar la legitimidad de los estados de cuenta presentados en su conferencia de prensa del lunes; independientemente de la próxima orden de aprehensión de Carlos Imaz; en las próximas horas estallará un escándalo más que pondrá a prueba la fortaleza del sistema de partidos.
Resulta que, como consecuencia de la investigación que ha realizado el consejo general del IFE de los reportes de gastos de todos los partidos en la elección del 2003, todos, sin excepción, pero unos más que otros, resultarán sancionados con fuertes multas por las diversas irregularidades que cometieron en esos comicios, sobre todo, por la emisión de spots de televisión que no fueron reportados en sus rendiciones de cuenta de la pasada elección federal. Si las pasadas sanciones contra el PRI y el PAN (y en menor medida contra el PVEM y el PRD) como consecuencia de malos manejos financieros en los comicios del 2000, provocaron reacciones encontradas de los partidos, las que se presentarán para la aprobación del consejo general del IFE el próximo lunes cimbrarán a un sistema político cuya credibilidad está, hoy, por los suelos.
El lunes próximo, la comisión de fiscalización del IFE presentará para su aprobación definitiva al consejo general, sanciones muy duras contra todos los partidos que sumarán prácticamente 500 millones de pesos en total. Las principales sanciones serán, como dijimos, por la transmisión de spots en radio y televisión que no fueron registrados en las contabilidades de los partidos (y que se supone entonces que fueron pagados con dinero negro) y por falta de comprobantes de los gastos reportados en diferentes actividades.
Las multas serán altas y serán las siguientes: el PRI (que ya arrastra la multa de mil millones de pesos que se le impuso por el Pemexgate) será sancionado con 85 millones de pesos más, a descontarse de sus reducidas partidas para este año. El PRD, que arrastra de las elecciones del año pasado una deuda millonaria, tendrá una sanción de 55 millones de pesos. El Partido Verde, (que es copartícipe de la multa aplicada al PAN por el caso Amigos de Fox) tendrá una sanción de aproximadamente 20 millones de pesos. Al PAN le irá relativamente bien: sólo será multado con 4 millones de pesos, mientras que Convergencia deberá pagar buena parte de sus prerrogativas, 15 millones de pesos, en multas. El Partido del Trabajo será multado con 8 millones de pesos. Pero nadie pagará tanto como el ya desaparecido Partido de la Sociedad Nacionalista de la familia Riojas que ha sumado tantas irregularidades que tendrá una sanción de 250 millones de pesos que, pese a la desaparición del partido por la pérdida de su registro en la elección de julio pasado, tendrán que pagar, dicen en el IFE, sus representantes legales. Todas son multas muy duras, que afectarán a todos los partidos, salvo el PAN que saldrá, como dijimos, relativamente bien librado.
El punto importante en esto es, en todo caso, cómo reaccionarán los partidos, embarcados en el debate de la reducción del financiamiento a sus propias actividades y a las campañas. En este sentido, parece comprenderse porqué el PRI se adelantó la última semana, y luego de un apoyo inicial, decidió rechazar la reforma propuesta por el presidente Fox respecto a reducir el financiamiento partidario. La posición del PRI fue presentada por el secretario de elecciones de ese partido, César Augusto Santiago, quien propuso que en lugar de reducir los recursos para los partidos se redujera el gasto en el IFE y en el tribunal electoral del poder judicial de la federación. En los hechos, si se le aplica la multa que se anunciará el lunes, de 85 millones de pesos, las finanzas del PRI quedarían seriamente mermadas.
Es verdad: los gastos de la estructura electoral, del IFE y del Trife, deben reducirse sustancialmente porque esa estructura se creó para supervisar un proceso electoral plagado de candados y comprobaciones cruzadas. Pero no debemos olvidar que ello se debió, originalmente, a las trampas electorales de los partidos y sobre todo las que durante años ejercieron los gobiernos priistas, cuando el tricolor prácticamente no tenía oposición. Desde entonces, desde que se inició la reforma electoral con Reyes Heroles, pero sobre todo cuando ésta se consolidó a fines del gobierno de Salinas (y muy particularmente después de la reforma de 1996 en el gobierno de Zedillo) hemos ido construyendo uno de los sistemas electorales más eficientes (y barrocos) del mundo.
Esos candados, esos barroquismos de nuestra ley electoral fueron impuestos por los propios partidos para garantizar la credibilidad del proceso electoral. Quizás muchos de esos candados podrían hoy abrirse, pero el hecho es que aún existen y deben garantizarse, de la misma forma que el mantenimiento de la estructura nacional del IFE. El sistema no está diseñado ni admite que, por ejemplo, cada tres años, se lo convoque para que organice las elecciones federales, como se ha dicho. En todo caso, la vía que tendría que adoptarse es la inversa: el IFE y el Trife tendrían que ir absorbiendo las responsabilidades de los institutos electorales en los estados: es ese doble sistema, el federal y el local el que torna mucho mayores los gastos y, además, se debe reconocer que la legitimidad que, pese a todo, tiene el IFE es infinitamente mayor que el de la mayoría de los institutos o consejos locales.
Otro aspecto que podría servir para reducir los gastos sería que la secretaría de Gobernación se hiciera cargo del registro federal de electores y de todo el proceso de credencialización, convirtiendo la credencial de elector en el documento nacional de identidad, como en los hechos ya lo es. Eso permitiría ahorros sustanciales (más del 60 por ciento del presupuesto del IFE se destina a ese ramo) y permitiría, además, no duplicar el actual proceso, en el cual Gobernación está avanzando, también, en la expedición de un documento nacional de identidad que, en los hechos y con algunos ajustes, ya tendríamos.
Pero lo que no pueden olvidar los partidos y eso se fortalecerá con las sanciones que se den a conocer el lunes, es que son ellos (y no el IFE ni el Trife) los que están deslegitimados, los que en los últimos años no han cumplido con las disposiciones legales respecto al financiamiento de sus actividades y campañas, los que han sido descubiertos realizando acciones que, por lo menos, deben considerarse como sospechosas cuando no abiertamente fraudulentas. Y no deben olvidar que todo ese andamiaje lo paga la ciudadanía. La misma ciudadanía que observa, con razón o sin ella, un rendimiento cada día más decreciente de los partidos como interlocutores con la sociedad y medios de comunicación entre el Estado y la propia sociedad civil.
Por supuesto que se deben reducir muchos gastos en los procesos electorales y que éstos pueden simplificarse notablemente en la misma medida en que los partidos comiencen a confiar más entre sí y disminuyan algunas de las muy excesivas medidas de seguridad, candados y controles que rodean el proceso electoral. Pero no puede olvidarse que, como se comprobará una vez más este lunes, lo que hoy está pervirtiendo al proceso electoral y a los propios partidos es el dinero sucio que inunda a los partidos y el pésimo trabajo que ellos realizan para fortalecerse, legitimarse, ante la sociedad. Por lo pronto, al iniciar la semana serán exhibidos una vez más y castigados con multas por 500 millones de pesos más. Lo peor que podrían hacer es, como consecuencia, abortar la reforma electoral en curso.