Cuanto más pasan los días, más se deteriora la situación del gobernador en Morelos, Sergio Estrada Cajigal, y cuanto más se deteriora su situación personal y la gobernabilidad del estado, mayores son los costos políticos que se tendrán que pagar cuando tenga que abandonar el palacio de gobierno en Cuernavaca. Porque en Morelos no quedan más opciones: el gobernador solicita licencia por lo menos hasta que concluya la investigación de la PGR sobre la presencia del narcotráfico en el estado o se podrá quedar, si la suerte y el apoyo del gobierno federal se lo permiten, pero sin tener control alguno sobre la propia política estatal, y ello será un costo mayor que pedir licencia, porque no sólo lo pagará el gobernador sino también el gobierno federal.
Cuanto más pasan los días, más se deteriora la situación del gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, y cuanto más se deteriora su situación personal y la gobernabilidad del estado, mayores son los costos políticos que se tendrán que pagar cuanto tenga que abandonar el palacio de gobierno en Cuernavaca. Porque en Morelos no quedan más opciones: el gobernador solicita licencia por lo menos hasta que concluya la investigación de la PGR sobre la presencia del narcotráfico en el estado o se podrá quedar, si la suerte y el apoyo del gobierno federal se lo permiten, pero sin tener control alguno sobre la propia política estatal, y ello será, sin duda, un costo mayor que pedir licencia, porque no sólo lo pagará el gobernador sino también el gobierno federal.
El derrumbe de Estrada Cajigal era previsible desde que la PGR detuvo al coordinador de seguridad estatal, José Agustín Montiel, su hombre de confianza y a quien había defendido a capa y espada a pesar de los informes que mostraban a Montiel relacionado con el narcotráfico. Se debe destacar que Estrada Cajigal debe haber recibido no uno sino por lo menos tres informes sobre Montiel: tradicionalmente, cada vez que se da un nombramiento de esas características en un estado, el gobernador en cuestión recibe distintos informes: uno del Cisen, otro de la PGR y un tercero de la secretaría de la Defensa, ello como parte de la coordinación interestatal que se da en el marco del sistema nacional de seguridad pública que coordina la secretaría de seguridad pública y ello se instrumenta a través de la secretaría de Gobernación. El propio ex procurador del estado José Luis Uriostegui asegura haberle entregado en mano a Estrada el informe de la PGR (algo que también confirmó la propia dependencia federal). Con un agravante, el hermano de Montiel, el general Luis Montiel, muy cercano al general Acosta Chaparro, pidió su retiro adelantado del ejército donde todos aseguran que no contaba con la confianza del general secretario, Gerardo Clemente Vega García.
El que se haya permitido a Estrada Cajigal mantener tanto tiempo a Montiel en esa responsabilidad es en buena medida insólito: ha habido casos en que a un gobernador, a fines del sexenio pasado, por informes similares, se le exigió que diera de baja a su procurador estatal y cuando éste no aceptó la "sugerencia" se le indicó, que, hasta que no se diera ese cambio, su estado no podría participar en las reuniones del sistema nacional de seguridad pública, ni se compartiría información de seguridad con él. Y evidentemente ese procurador estatal debió dejar su responsabilidad de inmediato. ¿Por qué no se exigió lo mismo al gobernador de Morelos?
Estrada Cajigal protegió a Montiel hasta el último momento y se le permitió que lo protegiera. Es más, incluso estando ya consignado Montiel en el penal de La Palma, el gobernador, hasta el sábado antepasado, todavía seguía defendiendo a su jefe de la policía ministerial. El lunes pasado vino a México a tratar de defender su causa y se encontró con que el presidente Fox no lo recibió y no obtuvo el apoyo que esperaba ni de la PGR ni de la secretaría de Gobernación. Incluso el PAN le dio un apoyo condicionado, "mientras las investigaciones concluyan". Si se pensaba que entonces, con esas reuniones en la PGR y en Gobernación, el caso de Estrada Cajigal comenzaría perder presión resultó ser exactamente al revés.
Las investigaciones sobre Estrada Cajigal continuaron; las versiones sobre su presunta relación con Nadia, la hija de Juan José Esparragoza El Azul, no se diluyeron sino que se incrementaron; las típicas bravuconadas de Estrada Cajigal ("no vine a gobernación a pedir ayuda ni apoyo") cayeron muy mal en el gobierno federal y nadie parece estar muy decidido a brindarle al gobernador más que un apoyo condicionado. Ello por una sencilla razón: los indicios en su contra son demasiados y nadie parece apostar a que se pueda mantener en el poder ¿para qué, entonces, apostar por él?
La muestra de su debilitamiento lo da el desgajamiento de su equipo. No sólo Montiel y otros funcionarios de primer nivel están detenidos, no sólo su decisión de suspender a todos los miembros de la policía ministerial se enfrentó a múltiples obstáculos y no parece ser la salida idónea para el conflicto, sino que hace menos de una semana, el gobernador aseguró que ni el procurador estatal Guillermo Tenorio Avila ni el secretario de gobierno, Eduardo Becerra dejarían sus cargos, y hoy ambos están ya fuera del gabinete.
El procurador Tenorio Avila fue el primero en renunciar luego de que el congreso del estado pidió su renuncia, la del secretario de gobierno y la licencia del gobernador Estrada Cajigal. Ello se combinó además, con la fuga de algunos miembros de la policía ministerial ligados a Montiel. Pero el viernes, Estrada Cajigal, luego de que el congreso estatal volviera a reclamar la renuncia del secretario de gobierno y la licencia del gobernador, sostuvo que su hombre de confianza, Eduardo Becerra, no renunciaría, que él no pediría licencia y dijo que "si la oposición quiere la gubernatura que la gane con votos".
Pero pasado el fin de semana la situación en el estado se había deteriorado tanto que Eduardo Becerra, que era no sólo el secretario de gobierno y el principal operador del gobernador sino también quien había recomendado originalmente a Montiel y funcionaba como el enlace entre éste y el gobernador, tuvo que presentar su renuncia, como una prueba de "buena voluntad" para reanudar el diálogo político en el estado. Hasta el momento de escribir estas líneas el gobernador no había hecho más que designar al sustituto de Becerra, Jesús Giles Sánchez (su ex secretario particular), pero su situación parecía insostenible porque el congreso, incluyendo algunos legisladores panistas, simplemente le han retirado su apoyo, por lo menos hasta que termine la investigación de la PGR y todo indica que ésta aún dista mucho de estar concluida y Estrada Cajigal de estar exonerado.
De todas formas, aunque se demostrara fehacientemente que el gobernador no tuvo relación directa con la protección del narcotráfico en su entidad, su posición se tornó insostenible porque su responsabilidad política es ineludible: él sostuvo contra viento y marea a Montiel; él fue quien ignoró los informes de inteligencia respecto al ex jefe policial; él, Estrada Cajigal fue el que defendió públicamente a Montiel incluso después de que fuera detenido y fue el mismo Estrada Cajigal el que dijo que ni su procurador estatal ni su secretario de gobierno renunciarían y ambos ya tuvieron que abandonar sus respectivos cargos.
Lo dicho, cuando más tarde el gobernador Estrada Cajigal en dejar el cargo, mayor será el costo político, pero no el que él mismo pague (que mayor ya no puede ser) sino el que pagará el gobierno federal, que tiene su parte de responsabilidad en esta historia porque, conociendo previamente los antecedentes de Montiel, le permitió a Estrada Cajigal mantener al jefe policial en su cargo, ya que la percepción de complicidad se trasladará del ámbito estatal al federal.