El choque entre el presidente Fox y Andrés Manuel López Obrador es grave, pero no es más que un síntoma de los graves problemas que en términos de gobernabilidad se están presentando por la debilidad creciente de las instituciones y la falta de voluntad política para llegar a acuerdos que permitan conservar los consensos básicos. La semana pasada entrevistaba a Santiago Creel que aseguraba que este clima es normal en una transición democrática, que en el país existe gobernabilidad y seguridad. Es verdad, el país sigue trabajando, no hay desbordes sociales ni violencia política fuera de lo normal, pero tampoco se perciben avances, mientras sí se ven retrocesos en muchos campos, y recordemos que la parálisis también puede entenderse como una forma de estabilidad.
El choque de trenes entre el presidente Fox y el jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, es grave, pero no es más que un síntoma de los graves problemas que en términos de gobernabilidad se están presentando por la debilidad creciente de las instituciones y la falta de voluntad política de la mayoría de los actores de llegar a acuerdos mínimos que permitan conservar los consensos básicos.
La semana pasada entrevistaba al secretario de gobernación Santiago Creel para el programa de radio Imágenes de la Política, que se trasmite en Imagen cada noche, y Creel aseguraba que este clima es normal en una transición democrática, que en el país existe gobernabilidad y seguridad, pero que es la propia transición la que transforma la política y que, lo que sucede, lo que sorprende, es que ya no existen los férreos controles de antaño. En parte, es una visión realista de lo que sucede, pero quizás también demasiado teórica cuando se deben enfrentar los diferentes conflictos que azotan un día sí y el otro también la gobernabilidad del país. Es verdad, el país sigue trabajando, no hay desbordes sociales ni violencia política fuera de lo considerado normal, pero tampoco se perciben avances, mientras sí se ven retrocesos en muchos campos, y recordemos que la parálisis también puede entenderse como una forma de estabilidad.
En todo caso, hablemos de transformaciones causadas por la transición o de un problema mucho mayor de gobernabilidad, lo cierto es que son muchos los focos rojos encendidos en el país y que deben atenderse antes de que terminen deteriorando aún más toda la situación. Por supuesto que está la situación que se vive en el DF y el encontronazo que sufrieron y mantienen, Fox y López Obrador. Esa es una crisis de fondo, que no puede resolverse satisfactoriamente para todos porque ya se ha ido mucho más allá, politizando la justicia y judicializándose la política, en un esquema que recuerda mucho lo sucedido en 1995 y 96 con la investigación de los casos Colosio y Ruiz Massieu y el enfrentamiento entre Salinas y Zedillo. Claro, la diferencia era que entonces, a pesar de la crisis interna del priismo y de la "sana distancia" del presidente Zedillo con el PRI, la solidez de las instituciones era mayor al actual y la propia transición política no se mostraba con la misma dimensión que ahora (en realidad ella comenzó, en este plano, en 1997, cuando el PRI perdió la mayoría en la cámara de diputados y el Distrito Federal).
Pero además de la crisis de fondo, en la relación entre Vicente Fox y López Obrador (una crisis en la que ambos no podrán salir ganando, uno de ellos necesariamente terminará derrotado…y quizás, si continúan en esta lógica, los dos serán los que perderán políticamente) hay muchos otros capítulos críticos para la gobernabilidad, en buena medida por la propia crisis de los partidos políticos.
Hagamos un rápido recorrido por algunos puntos de nuestra geografía política. Morelos es el caso más acabado del deterioro institucional y político: Sergio Estrada Cajigal es un cadáver político que no ha comprendido aún que le ha llegado la hora de, por lo menos, retirarse de su cargo. Desde que inició la crisis en el estado hemos insistido en que los problemas, las acusaciones, que aquejan a Estrada Cajigal eran, por lo menos, tan graves como los que llevaron a la renuncia de Jorge Carrillo Olea. Hoy, pasadas más de dos semanas, podemos comprobar que nos equivocamos: en realidad son peores, más graves aún que los de Carrillo Olea. Existen denuncias y expedientes contundentes respecto a la posible participación del gobernador y altos funcionarios en relación con distintas actividades del crimen organizado, no sólo por la defensa a ultranza que hizo del jefe de la policía ministerial José Agustín Montiel, sino también por los datos cada día crecientes del involucramiento del narcotráfico en la entidad, de la protección que gozaba en distintos niveles de poder en el estado, y la relación de esos grupos con otros, como los dedicados al robo y tráfico de automóviles de lujo, en el que uno de los principales acusados es nada menos que el cuñado del gobernador.
La crisis se acreciente con acciones políticas inconcebibles por burdas, como la compra de un legislador del PRD, Juan Nolasco, que repentinamente decidió renunciar a su partido y pasarse al PAN (aseguran en Morelos que previo pago de módicos dos millones de pesos, que la gubernatura bien los vale). También por declaraciones de Estrada como aquella en la que aseguró que contaba con todo el apoyo del gobierno federal, de la secretaría de Gobernación y que hablaba diario con Creel. Pero un día después cuando fue al Palacio de Covián, según esto a presentarle a Creel a su nuevo secretario de gobierno, Giles Sánchez (en realidad a tratar de demostrar que su declaración se respaldaba en hechos y a tomarse la foto con el secretario), la maniobra fue tan burda que Creel no lo recibió, lo envió con el subsecretario Ramón Martín Huerta, que sólo le dio unos minutos y lo despidió. Consecuencia de ello y de la marcha de miles de morelenses del miércoles pasado, Estrada Cajigal buscó alargar su agonía y ya no dice que no renunciará, sino que convocará a una consulta ciudadana (el estilo Chávez cunde en México) para que se decida su permanencia o no en el poder. ¿Cree Estrada Cajigal que con todas las acusaciones que carga podrá mantenerse en el poder?¿por qué no solicitar licencia de una vez y ahorrarse el desgaste institucional y político que su permanencia en el cargo conlleva?
En Veracruz la crisis no depende del ejecutivo federal, pero el diputado priista Miguel Angel Yunes califica al gobierno del estado y al candidato de su propio partido de corrupto y ligado al narcotráfico. Los primero, mostrando documentos que acreditarían que el secretario de gobierno del estado adjudicó a empresas de su familia recursos del sistema nacional de seguridad pública; y al segundo, al senador Fidel Herrera porque el viernes pasado le fue organizado un acto en Acayuca por el músico Joan Sebastián acusado, a su vez, de colaborar con el cártel de Juárez en Morelos. La crisis veracruzana no se limitará a lo político-electoral, amenaza con desbordarse hacia muchos otros ámbitos, ligados más con la justicia que con la política.
Algo similar comienza a suceder en otro estado del golfo, en Tamaulipas. El precandidato priista, Alvaro Garza Cantú, decidió pasar a ser candidato, pero no de su partido sino del PRD, de Convergencia y del PT (repitiendo el esquema de alianza que lleva como candidato a Dante Delgado en Veracruz), en un contexto en donde han resurgido algunas viejas acusaciones (que la PGR públicamente ha desestimado) de relación del gobernador Tomás Yarrington con el narcotráfico, en otro conflicto político-electoral que amenaza con desbordarse hacia la judicialización de la política.
En Oaxaca, en los próximos días la PGR tendrá que dar a conocer su dictamen sobre el presunto atentado que sufrió el gobernador José Murat el pasado 18 de marzo, y los indicios existentes hasta ahora no auguran nada bueno para el beligerante mandatario que fue el primero, por cierto, que inauguró la moda presidencial de no recibir a gobernadores que querían llevarle asuntos judiciales a Los Pinos. En Yucatán se ha acallado un poco la crisis institucional que provocó Patricio Patrón Laviada en su disputa contra el poder judicial del estado, pero esa es una crisis latente que se oculta momentáneamente con las conflictivas elecciones municipales, donde la atención está puesta en ver si el ex gobernador, Víctor Cervera Pacheco se queda o no con la alcaldía de Mérida. Si gana Cervera a Patrón Laviada le comenzará a ir realmente mal, porque al igual que Estrada Cajigal no sólo ha chocado con los otros poderos del estado sino también con sectores internos de su propio partido.
La lista podría continuar, pero ¿qué mejor demostración de que la política ha entrado a una vía de judicialización que el comprobar que la agenda que se traen entre manos el procurador Rafael Macedo de la Concha y el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos está más "caliente" que la que pasa por Gobernación. Recordemos el llamado del secretario de la Defensa, el general Vega García, el 19 de febrero pasado, convocando a los partidos a la conciliación para que no perdamos la nación. Había entonces, y hoy hay más razones aún, para ese llamado. Aunque todo sea parte de la transición que vivimos.