El PRI o suicidio en Aguascalientes
Columna JFM

El PRI o suicidio en Aguascalientes

Resulta que el candidato prisita al gobierno de Aguascalientes, Oscar González Ramírez, un político experimentado, recibió una llamada anónima en la que se le pidió que escuchara una grabación de otra llamada, supuestamente entre Elba Esther Gordillo y el gobernador del estado, el panista Felipe González, plática en la cual Elba Esther le ofrecía apoyo para que ganara la elección estatal el candidato del PAN, a cambio de que éste, ya gobernador, le diera al SNTE el Instituto de Educación Pública. Pues bien, Oscar González hizo exactamente lo contrario a un político serio, renunció a su postulación sin tratar de confirmar la información de esa cinta.

Existen casos que no sólo ameritan poner en duda la honestidad de nuestros políticos, sino incluso su inteligencia (o por lo menos, la inteligencia que nos otorgan a nosotros los ciudadanos como para querer engañarnos como si fuéramos idiotas) cuando presentan algunos de sus argumentos.

El más reciente de esos casos se vive en Aguascalientes. Resulta que el candidato priista al gobierno del estado, Oscar González Ramírez, un político experimentado que ya había buscado esa posición hace seis años, el jueves pasado recibió una llamada anónima de un personaje que le pidió que escuchara a su vez una grabación de otra llamada, supuestamente entre Elba Esther Gordillo, secretaria general de su partido, el PRI y líder del sindicato de maestros, y del gobernador del estado, el panista Felipe González, plática en la cual Elba Esther (así, por teléfono y sin mayores prolegómenos) le ofrecía apoyo para que ganara la elección estatal el candidato del PAN, Luis Armando Reynoso, a cambio de que éste, ya gobernador, le diera al SNTE el Instituto de Educación Pública.

¿Qué hubiera hecho un político serio ante una llamada anónima con esa información?. Exigirle a la persona que le hizo la llamada pruebas duras de lo que decía o simplemente mandarlo al demonio. Un político serio, de un partido serio, no puede normarse por chismes o por "grabaciones" que ni siquiera sabe si son auténticas. Es más, un candidato que realmente estuviera buscando ganar en su estado, si hubiera podido obtener y confirmar la información de esa cinta, hubiera operado internamente en su propio partido, de forma tal de no dañar públicamente su candidatura y lo único que no hubiera hecho es, ante esa situación, renunciar a su postulación.

Pues bien, Oscar González Ramírez hizo exactamente lo contrario de lo que haría un político serio y responsable: el mismo jueves, teniendo como único indicio esa llamada telefónica, anunció con bombos y platillos que renunciaba, exigió la renuncia de Gordillo a la secretaría general del partido, pidió una reunión con Roberto Madrazo donde, incluso éste, que no puede calificarse precisamente como un cercano amigo de Gordillo, le dijo a González Ramírez lo obvio: sin pruebas y sin grabación su denuncia no servía para mucho y no podía generar una crisis en su partido por el dicho de un informante anónimo.

Pero González Ramírez no sólo no retiró su renuncia sino que, incluso, dio una nueva vuelta de tuerca a su versión: como el último gobernador priista en el estado fue Otto Granados Roldán, que fue vocero de Carlos Salinas, y ahora colabora con el gobernador del estado de México, Arturo Montiel, resulta que para González el complot (el ejemplo de López Obrador, ni duda cabe, se extiende) incluye a Salinas, a Otto, a Montiel y a Elba Esther, todos empeñados en que el candidato priista no gane Aguascalientes y dispuestos a financiar al candidato panista con tal de lograr su objetivo. Uno podría preguntarse cuál puede ser el interés estratégico de esos cuatro poderosos personajes para que Oscar González no gane la gubernatura de su estado; cuáles son las piezas que, como parte del efecto dominó se derrumbarían si el ex vocero de Roberto Madrazo no llega a la gubernatura. Y evidentemente es por lo menos difícil encontrar los nexos que pudieran involucrar a todos esos personajes en ese complot, sobre todo por un dato duro: según las encuestas, Oscar González está entre un 10 y un 20 por ciento por debajo del candidato panista. La pregunta es obvia: ¿para qué conspirar contra un candidato que tiene prácticamente perdida su elección?

No tiene sentido y más grave aún es que algunos priistas, independientemente de su animadversión hacia cualquiera de los supuestamente implicados en ese complot, le crean una palabra a González Ramírez. Es grave porque todo indica que el candidato en realidad arrojó la toalla antes de tiempo porque vio que no podía alcanzar al panista y también, dicen, porque pidió apoyo económico para su campaña a muchos de los gobernadores y sectores de poder en el PRI (incluyendo a Montiel y Gordillo) y no le dieron el apoyo financiero que esperaba. Entonces optó por la renuncia pero, además, colocando al PRI en medio de un escándalo interno y corriendo el serio peligro de que el PAN termine ganando estos comicios por default, sin la presencia de un candidato del PRI que, además, ya había realizado una alianza local con el Verde Ecologista y el PT.

La única opción seria que podría tener el PRI y que tendría que haber utilizado ya si hubiera querido ganar las elecciones hace seis años, es Oscar López Velarde, pero habrá que ver si el ex senador y miembro de la Cocopa acepta una candidatura luego del cruel manoseo realizado en los últimos días por el priismo, sobre todo cuando López Velarde proviene de una corriente interna en el tricolor alejada de González Ramírez y del propio Madrazo.

Pero el problema es mayor porque, por una parte, en un momento en que todos los escándalos giran en torno a las disputas entre el PRD y el PAN, el gobierno federal y el del Distrito Federal, entre el juicio político contra Estrada Cajigal y la protección gubernamental que gozan los Bejarano e Imaz, en la disputa entre el presidente Fox y Fidel Castro, nada le conviene más al PRI que mantenerse alejado de estos reflectores que tanto daño le están haciendo a sus dos principales contendientes. Y salió Oscar González para demostrar que la crisis priista está lejos de haber amainado: para ponerlos a ellos también en los reflectores.

Lo grave es que todos saben que está situación es el reflejo de la crisis profunda del tricolor, esa crisis que sus dirigentes quieren negar pero que cuando estallan casos como éste no puede ocultarse. Lo grave es que, independientemente de lo que diga su dirigente nacional, cada vez son más los madracistas que están recurriendo a este tipo de salidas, acusando a sus adversarios internos para ocultar su propios fracasos, y ello incluye desde la fabricación de atentados hasta la existencia de llamadas anónimas develando complots imposibles de demostrar. Para Roberto Madrazo es una pésima señal interna y sobre todo externa, porque demuestra que muchos de sus principales partidarios no resultan confiables (ni siquiera para él mismo) y los que sí lo son confiables, hoy suelen beber de otras aguas políticas en el propio PRI. Es el propio Madrazo, por lo tanto, el que tiene que dar la cara para encontrarle una salida viable al caso Aguascalientes y deslindarse de sus malos partidarios.

Algo más que un error

Desde la semana pasada advertimos de la extraña decisión de abrir un proceso penal contra distintos ex funcionarios de la PFP y de la secretaría de Gobernación, cuatro años después de que se dieron los hechos (compras de equipos para la propia PFP) y destacábamos, sobre todo, el caso del ex oficial mayor de la SG, Gerardo Cajiga, involucrado por las averiguaciones en ésta y otras compras relacionadas con la PFP en el sexenio pasado, cuando no tenía responsabilidad alguna sobre ella, ya que ésta manejaba en forma autónoma sus presupuestos y tenía su propio comité de adquisiciones. Ahora el absurdo se ha llevado más allá: un juez al fallar sobre este caso, decidió negar quince órdenes de aprehensión, pero concedió sólo dos pero para las personas que menos tenían que ver con toda esa historia: la del propio Cajiga y la del actual oficial mayor de la SG, Francisco Suárez Werner, acusados, ambos, de haber dado el visto bueno a un proceso que nunca estuvo en sus manos, pero que por razones administrativas tenían que autorizar. Es absurda la acusación, es absurda la condena, es absurdo que en el propio ámbito gubernamental se estén dando tantos golpes bajos para terminar involucrando personas inocentes. Pero quizás sirva para que el gobierno federal, que se desatendió del caso pese a todas las advertencias en contrario, finalmente asuma que ese absurdo es el que marca toda esta investigación, no sólo la condena a uno de sus oficiales mayores.

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