Es muy probable que, como ha explicado la PGR, la solicitud de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador haya sido para esa dependencia inevitable porque, legalmente se encontraba, como dijo el subprocurador Carlos Javier Vega Mimije, ?entre la espada y la pared?. Ello no impide que la resolución nos tenga, hoy, en un proceso aún mayor de judicialización de la política y politización de lo jurídico, en un contexto en el cual resulta impredecible el futuro del país.
Es muy probable que, como ha explicado la PGR, la solicitud de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador haya sido para esa dependencia inevitable porque, legalmente, se encontraba, como dijo el subprocurador Carlos Javier Vega Mimije, "entre la espada y la pared". Ello no impide que la resolución nos tenga, hoy, en un proceso aún mayor de judicialización de la política y politización de lo jurídico, en un contexto en el cual resulta impredecible el futuro del país.
Para no perderse en la maraña de declaraciones contradictorias que se han realizado en las últimas horas (en realidad en las últimas doce semanas, desde que comenzaron los videoescándalos) hay que remitirse a los datos duros, a los hechos concretos para de allí desprender las consecuencias legales, jurídicas de los hechos y posteriormente, establecer las lecturas políticas que se quiera. Pero invertir, como se ha hecho, el procedimiento: buscar primero la explicación política para subordinar a ella los datos duros, no hace más que generar una confusión infranqueable.
¿Cuáles son los datos duros en los dos grandes temas que se han entremezclado en estos días? En el caso del predio de El Encino, el dato duro es que el jefe de gobierno capitalino no cumplió con una resolución de dos jueces federales que son los que solicitaron el procedimiento en su contra. Si López Obrador en lugar de dar una respuesta política al caso, ignorando la decisión de los jueces, hubiera optado por insistir en una salida legal no estaría hoy en esta situación tan difícil y compleja. Y el jefe de gobierno ha recurrido una y otra vez a ese tipo de salida: de rechazar decisiones judiciales o legislativas con las que no está de acuerdo simplemente con un manotazo político. En un libro imprescindible para entender los desafíos de la democracia moderna, el periodista español Juan Luis Cebrián escribe en El Fundamentalismo Democrático (Taurus, 2004) que la democracia "es incompatible con la idea de que el fin, si es bueno, justifica los medios, porque la bondad reside en el método de actuación antes que en lo excelso de la actuación. La democracia política, agrega, no garantiza en absoluto un buen gobierno, ni es esa su misión, sino la de asegurar que el poder, cualesquiera que sean sus cualidades o defectos, emana directamente de la voluntad de los ciudadanos". El jefe de gobierno capitalino se ha equivocado en muchas oportunidades al mezclar los términos: el problema de El Encino no es si sus propietarios legales obtuvieron esos terrenos en la época de Carlos Hank Rhon (y si se beneficiaron enormemente en el gobierno de Manuel Camacho, ahora aliado de López Obrador, con la urbanización de Santa Fé), eso es parte del debate político, lo que no puede hacer el jefe de gobierno es desconocer, porque no está de acuerdo con ella, una sentencia en firme del poder judicial. Si no está de acuerdo debe dar la lucha en ese terreno, el judicial, hasta agotarla. Pero en un sistema que se pretende democrático, el fin, como dice Cebrián, no puede justificar los medios, porque es precisamente el respeto de esos medios lo que le da sustento y legitimidad al sistema.
La decisión judicial sobre el predio de El Encino podrá gustar o no al gobierno capitalino, pero esa disconformidad tiene canales por los cuales transitar, si el jefe de gobierno no los recorre lo que pone en riesgo es, insistimos, la legitimidad del sistema y de su propio gobierno. A López Obrador, quizás con razón, no le gusta que lo comparen con el gobernante venezolano Hugo Chávez, pero es eso, precisamente lo que genera las similitudes: si a Chávez no le gustó la Suprema Corte al tomar el poder simplemente la desapareció y reemplazó por otra; si no le gustó el congreso, lo disolvió; como no le gustó la constitución convocó a un constituyente a modo que creó una carta magna también a modo del presidente; si la CNN lo critica le declara la guerra, lo mismo que a los medios locales, eligiendo entre los buenos y los malos; si la oposición quiere realizar un plebiscito, lo obstaculiza porque el fin de mantenerse en el poder lo justifica. Si alguna resolución política lo afecta, la enfrenta con sus manifestantes armados en la calle. Podrá ser políticamente eficiente (en lo personal me parece terrorífico) pero nadie puede presumir que esa constituya una forma democrática de ejercer el poder. Y nada daña más a López Obrador en los sectores sociales de decisión en el país que esa comparación, porque lo que esos sectores, particularmente a los grandes inversionistas, les preocupa (y nos debería preocupar a todos) es la certidumbre jurídica. Sin ella, sin autoridades políticas que se subordinan a las leyes, aunque a veces no les gusten, no puede haber certidumbre ni para el mercado ni para la sociedad.
El otro gran tema derivado de los videoescándalos transita por andariveles similares. Muchas veces hemos dicho en este espacio que López Obrador cometió un grave error político de mediano y largo plazo al no asumir, una vez aparecidos los casos de Ponce Meléndez, Bejarano, Imaz y cía, que se trataba de historias de corrupción en su propio gobierno que se deberían extirpar, asumir los costos y luego, solucionado ese problema, ver sus consecuencias y lecturas políticas. Hizo lo contrario, ocultó los casos de corrupción detrás del discurso del complot que puede o no ser cierto, pero que definitivamente no es el que originó la corrupción: en todo caso, primero hubo funcionarios corruptos (y muy corruptos) en su administración y luego alguien trató de aprovecharse políticamente de ello, si se le da crédito a la tesis del complot.
Ayer, el debate sobre la solicitud de desafuero de López Obrador ocultó informativamente algo que puede ser más delicado para el jefe de gobierno que el caso de El Encino. Y se trata de lo dicho por el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz en su comparecencia ante la comisión permanente sobre las investigaciones de lavado de dinero de Ponce Meléndez y, según dijo, varios ex funcionarios y funcionarios del gobierno del DF: ello involucra, por supuesto a Ponce Meléndez, a Bejarano, a Imaz, al delegado con licencia, Octavio Flores y a otros. El costo legal y político de esas investigaciones pueden ser mucho más duras para la administración capitalina que el caso El Encino, no sólo porque se trata de delitos más graves, sino porque cuanto más sean esos procesos, cuanto mayores sean los datos duros sobre corrupción de esos funcionarios que se puedan desprender de esas investigaciones fiscales y financieras, mayor será el costo que se pagará por haber apostado más al complot que a la limpieza interna. Porque el dato duro de todo esto es que Ponce Meléndez, Bejarano, Imaz, Flores y quién sabe cuántos más, se corrompieron. No sabemos de dónde vinieron los millones de pesos que movieron y no sabemos para que fueron destinados: sin aclarar eso, lo demás es, simplemente, discurso político. Se podría hablar de un complot si se dijera que los casos de corrupción fueran inventados, fueran ficticios, si se asegura que no ocurrieron, no cuando se trata de hechos públicos, que todos pudimos ver, pero que son subestimados por las autoridades responsables. Y allí está, en esa investigación financiera y fiscal de la secretaría de Hacienda y de la subsecretaria de delincuencia organizada de la PGR, el mayor peligro para la administración López Obrador.
Dice Cebrián, también, que "el comportamiento mesiánico de los fundamentalistas democráticos hace que frecuentemente se deslicen hacia el populismo y la demogogia, descaros que mucho tienen que ver con el autoritarismo. El populismo, agrega, agita las emociones de los pueblos en detrimento de las posturas racionales de los individuos". Y agrega que esas tendencias cuentan, además, con un aliado en la "poderosísima alianza de los medios de comunicación y la industria del entretenimiento, que han logrado convertir en un espectáculo casi todo lo que mueve sobre la Tierra".
Por eso si no se regresa y se parte de los datos duros: en el caso de El Encino, de la necesidad de respetar una resolución judicial, en el de los videoescándalos de que la corrupción de muchos funcionarios del DF es una realidad anterior a cualquier complot, jamás será posible, en estos temas, operar y respetar un método común para darle salida a las diferencias políticas entre los distintos actores de la escena partidaria en México.