¿Cuántos años hemos estado insistiendo en la necesidad de contar con un auténtico estado de derecho, con un poder judicial independiente, por el equilibrio de poderes? Muchos, porque muy amplios sectores de la sociedad somos concientes de que sin esos requisitos, sin que exista certidumbre jurídica, avanzar en el desarrollo del país será casi imposible. Estudios serios como el de David Linden, concluyen que, finalmente, el desarrollo se ha dado en países que han podido establecer un sistema jurídico eficiente y autónomo.
¿Cuántos años hemos estado insistiendo en la necesidad de contar con un auténtico estado de derecho, con un poder judicial independiente, por el equilibrio de poderes? Muchos, porque muy amplios sectores de la sociedad somos concientes de que sin esos requisitos, sin que exista certidumbre jurídica avanzar en el desarrollo del país será casi imposible. No se trata de simples elucubraciones: los estudios serios, como el de David Linden en el libro Sobre la riqueza y la pobreza de las naciones, concluye que, finalmente, el desarrollo se ha dado en países que han podido establecer un sistema jurídico eficiente y autónomo.
Por eso, por encima de todas las consideraciones políticas, resulta tan desalentador que el jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, esté no sólo subestimando al poder judicial sino que incluso intente ignorarlo con un discurso que puede ser muy atractivo en términos dialécticos, pero que resulta insostenible cuando se comparan sus dichos con sus hechos en el plano legal. Supongamos que es verdad que el gobierno federal quiere utilizar la acusación contra López Obrador para sacarlo de la carrera por el 2006, concedamos que pueda ser una realidad. Si así fuera lo que están aprovechando sus adversarios es uno más de los muchos errores que ha cometido el jefe de gobierno en su relación con el poder judicial y el legislativo, aceptando y festinando las resoluciones o leyes que lo benefician y rechazando e ignorando las que no le son favorables. Y eso no ha sido una excepción en el caso de El Encino, sino una norma que apenas ahora estalla de esta forma porque ese es el caso más antiguo en la administración López Obrador de desacato a una resolución judicial.
Regresemos, por encima de los discursos, a los hechos: la expropiación del predio El Encino se produjo en noviembre del año 2000, cuando transcurrían los últimos días de la administración de Rosario Robles en el DF, con el objeto de cumplir un añejo contrato con los propietarios del hospital ABC, para abrirles vialidades que permitieran conectar sus instalaciones con las principales calles de la zona de Santa Fe en la capital del país. El propietario del inmueble, Francisco Escobedo (y en este caso no existe duda alguna, como sí ocurría en el caso del paraje San Juan, de que este señor es el propietario legítimo de ese predio) se amparó de inmediato contra la expropiación. En marzo del 2001, un juez federal otorgó la suspensión provisional a favor de los propietarios del predio y exigió al gobierno capitalino suspender, inmediatamente, las obras. Estas continuaron y el gobierno del DF continuó toda la vía legal para responder al amparo del propietario: tendría, de todas formas que haber suspendido esas obras mientras continuaba la disputa legal. Pero, mal asesorado legalmente y apostando a un discurso político de confrontación con el poder judicial, el jefe de gobierno continuó las obras. Y lo hizo no sólo después de perder el amparo provisional, el de la suspensión provisional que ahora le está ocasionando esta acusación penal, sino también después de haber perdido el amparo definitivo que lo obligaba a regresar las tierras expropiadas a sus legítimos dueños. Pudo haberlo hecho, pudo haber realizado cambios en las vialidades para que no pasaran por esos predios, pudo haber buscado un arreglo con los propietarios para pagar por esos terrenos que no eran del gobierno federal, como lo hacen las autoridades de todo el país con los innumerables conflictos similares que se dan cotidianamente en todo México. No lo hizo, se encerró en su negativa y dejó que la justicia avanzara: como no aceptó las resoluciones judiciales, fue perdiendo, uno tras otro, todas las instancias del caso. Con un agravante que dio a conocer ayer el subprocurador Carlos Javier Vega Memije: sea por una decisión política del propio jefe de gobierno, fuera porque quisieron deslindarse del asunto, todos sus subalternos rechazaron tener responsabilidad alguna en el caso y le endilgaron la carga al propio jefe de gobierno. Y esas no son suposiciones sino declaraciones ministeriales de los miembros de su propio equipo. Por eso, el intento que se hizo ayer de responsabilizar al ex secretario de gobierno José Agustín Ortiz Pinchetti, actual diputado federal, fracasó, como la estrategia presentada por el propio López Obrador la mañana posterior al anuncio de la PGR en el sentido de que él nunca había firmado documento alguno ordenando que se desacatara la decisión judicial. Precisamente de lo que se lo acusa es por lo contrario, por omisión, por haber ignorado esa decisión judicial y no haber ordenado por escrito y oficialmente que se suspendieran los trabajos en El Encino.
Por eso, también, la defensa política es inadecuada para este caso: López Obrador en su relación con el poder judicial y el legislativo, ha ignorado otras normas, pero en este caso, lo que estaba en discusión no era, en la resolución de marzo del 2001 que hasta ahora no ha cumplido, cómo había sido obtenido el predio ni quiénes eran los abogados defensores de los propietarios, sino que había un amparo, una suspensión provisional que luego se hizo definitiva y que el jefe de gobierno ignoró.
Decíamos que no es la primera vez que ocurre pero sí la primera que llega hasta el propio jefe de gobierno: en el caso del paraje San Juan también hay un funcionario de segundo nivel, que asumió la responsabilidad de ignorar una resolución judicial y que hoy está consignado; ocurrió lo mismo en otro diferendo del gobierno federal con la justicia en el tema de los espectaculares: por ello también se inició un proceso similar contra otro funcionario de segundo nivel del GDF. Ahora llegó hasta el jefe de gobierno porque nadie en niveles menores se responsabilizó por ese desacato y ahora ya es tarde.
Lo preocupante es que esto se ha convertido en una norma en el accionar de López Obrador: ha ocurrido con varias sentencias judiciales; con leyes aprobadas por la asamblea legislativa que ha vetado o simplemente que no ha publicado o lo ha hecho con graves alteraciones; ocurrió con el consejo de transparencia (obsérvese la diferencia: cuando el GDF solicitó la suspensión provisional para la instalación del Consejo de Transparencia en julio pasado, y en unos pocos días el ministro Góngora Pimentel la otorgó, el jefe de gobierno la acató de inmediato y alabó al poder judicial y la medida, aunque luego perdió el amparo definitivo) y con muchas otras decisiones de los otros poderes, simplemente cuando el jefe de gobierno, con o sin razón, está en desacuerdo con ellas.
Ayer el presidente Fox recordó algo, en lo que tiene toda la razón: el gobierno federal ha tenido diez controversias ante la suprema corte de justicia de la nación, algunas de ellas sobre temas nodales para el desarrollo del país, como fue el tema de la energía: de esas diez disputas legales, el gobierno federal perdió ocho. Y todas las aceptó sin replicar, primero porque legalmente no podía hacerlo; segundo, porque el contestar políticamente como lo ha hecho el jefe de gobierno acusando a jueces y magistrados de corruptos y descalificando al consejo de la judicatura sería terriblemente desestabilizador. Lo mismo que dice López Obrador hoy lo pudo haber dicho el propio Fox (o casi todos los mandatarios estatales) cuando los jueces o los legisladores toman decisiones políticamente cuestionables en su contra: ¿qué hubiera pasado, qué hubieran dicho los mismos que ahora sostienen que se trata de un complot contra López Obrador si, cuando la cámara de diputados no autorizó el viaje del presidente Fox a Estados Unidos, el presidente hubiera dicho que era una trampa política para afectar sus relaciones con el presidente Bush y que, por lo tanto, atendiendo los intereses del país, él desobedecía la decisión legislativa y viajaba de todas formas al exterior?¿qué hubiera ocurrido si cuando la misma cámara baja no autorizó al presidente a recibir la condecoración que le entregó la FAO, Fox hubiera dicho que eso era una chicana política, que la condecoración era para el país y hubiera aceptado recibirla?: la condena hubiera sido unánime. No es diferente el caso de López Obrador.
Por último, quedan dos opciones: apostar todo a la legalidad, aún asumiendo que nuestro sistema judicial tiene muchas deficiencias pero que establece una norma sobre la cual todos podemos participar, o apostar a la fuerza y la movilización ignorando las leyes. Ayer en Xalatlaco, en la frontera entre el DF y el estado de México, vimos cuál es la otra opción para resolver un conflicto de tierras: respetar la ley y recurrir a ella para que dirima los conflictos, o entrar a los enfrentamientos violentos a ver quién es más fuerte, independientemente de lo que digan las leyes.