El resultado de las investigaciones de la PGR sobre el supuesto atentado que habría sufrido el gobernador de Oaxaca, José Murat el pasado 18 de marzo, serán el punto final para una acción vergonzosa de parte de una autoridad que con tal de ocultar uno más de sus graves conflictos internos, prefirió apostar a crear un incidente que, como lo dijimos el mismo día 19 de ese mes, resultaba por lo menos inexplicable, antes de asumir sus responsabilidades.
El resultados de las investigaciones de la PGR sobre el supuesto atentado que habría sufrido el gobernador de Oaxaca, José Murat el pasado 18 de marzo, serán el punto final para una acción vergonzosa de parte de una autoridad que con tan de ocultar uno más de sus graves conflictos internos, prefirió apostar a crear un incidente que, como lo dijimos el mismo día 19 de ese mes, resultaba por lo menos inexplicable, antes de asumir sus responsabilidades.
¿Qué ha establecido la investigación que dará a conocer la PGR en los próximos días? Algo que señalamos muchos analistas inmediatamente después de los hechos: que las contradicciones sobre el presunto atentado eran demasiadas y que los hechos no coincidían con las versiones oficiales. Por eso ni los medios (ni la gente según lo confirman las encuestas realizadas sobre el tema: sólo el 17 por ciento da crédito a lo dicho por el gobierno estatal, según un estudio realizado por reforma en esa entidad). El descubrir esas contradicciones, no era algo demasiado complicado: ahí estaban y demostraban que algo se había hecho y se había hecho mal. Tratamos en varias oportunidades el tema: el 24 de marzo pasado, por ejemplo, decíamos que el atentado parecía más que inexplicable, increíble, escribimos en este espacio que se hablaba de más de 60 disparos de de AK 47 y pistolas 9 mm pero que sólo cinco habían impactado en la camioneta; ahora sabemos que no sólo se habían realizado disparos de afuera sino que los que cruzaron el parabrisas de la camioneta del gobernador fueron realizados desde dentro de la misma, por uno de los custodias del gobernador; el peritaje ha establecido que esos disparos, realizados con armas de mucho menor calibre que las señaladas originalmente, fueron efectuados por dos de los custodias incluyendo el ex jefe de escoltas. Primero hablaron de una docena de atacantes, luego de dos o tres, la PGR establece que no hubo ninguno. El parabrisas de la camioneta, decíamos, tenía tres disparos que a simple vista se veía que no eran de alto calibre, pero apareció destrozado como si se lo hubiera acribillado: ahora sabemos que fue porque los disparos fueron de dentro hacia fuera y efectuados por una pistola 9 mm a muy corta distancia: por eso no se había roto y quienes lo rompieron fueron los propios policías estatales.
Las contradicciones sobre la muerte del policía auxiliar, Rufino Zárate, merecerían todo un capítulo aparte, fueron tan numerosas que llevaron a las mayores sospechas: primero, se dijo que había sido herido defendiendo al gobernador del ataque; después que se cayó de la camioneta que lo transportaba; su familia asegura que fue muerto a golpes y cachazos. No coincidía siquiera la hora del atentado, tampoco lo ocurrido con el gobernador: primero se dijo que estaba herido, luego que sólo había recibido raspones y nadie explica qué pasó en las cuatro horas en que estuvo desaparecido. Primero, dijeron que tenía una cita en el hotel Fortín, pero los testigos dicen que venía saliendo del hotel Victoria cuando se dieron los hechos. El propio gobernador hizo una peliculesca versión de cómo había escapado del lugar pero hay fotos en las que se lo ve caminando y hablando por celular. Testigos presenciales aseguran que en ese momento hasta los propios motociclistas que resguardan al ejecutivo estatal estaban cerrando el tránsito en la concurrida avenida que rodea el cerro del Fortín, donde se asienta ese conocido hotel.
La procuraduría estatal, cuyos peritos llegaron al lugar cuatro horas después de los hechos, cuando ya se había movido la camioneta del gobernador, se había destrozado, a golpes, el parabrisas, y montado el escenario, lo primero que hizo fue allanar, sin pruebas y sin orden judicial alguna, la casa de uno de los coordinadores de campaña del candidato opositor Gabino Cué. En otros momentos, preguntamos qué había sucedido con las presentadoras del programa La Hora Pico, que estuvieron la noche anterior, en la apertura de la temporada de béisbol local y dónde habían pasado esa noche, entre muchas otras preguntas que se hacia y se hace mucha gente dentro y fuera de Oaxaca.
La publicación de estos datos llevaron a una virulenta reacción de las autoridades del estado que con desplegados pagados en los periódicos, no respondían ninguna de estas inquietudes (que nos hicimos nosotros pero también muchos otros medios) pero que contenían una alta carga de insultos, difamaciones y amenazas contra este autor y también otros periodistas con Federico Arreola, Carlos Marín y Diego Enrique Osorno. Llegaron a tal grado esos insultos y amenazas que, en lo personal, me llevaron a presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que fue aceptada por esa institución desde el 29 de abril pasado. Desde entonces estuvimos esperando el resultado de las investigaciones de la PGR para demostrar que lo dicho estaba en lo cierto. Ese momento parece haber llegado.
Recordar estos hechos no tendría mayor sentido, sino fuera porque ahora es la PGR la que con su investigación está refrendando la información que aquí proporcionamos. Sólo se encontró evidencia de seis disparos; las pistolas 9 mm que los realizaron pertenecían al jefe de escoltas, Manuel Moreno y al custodia Manuel Jiménez; el fusil AK 47 fue disparado por el jefe de escoltas que viajaba como copiloto del gobernador y disparó de dentro del automóvil hacia fuera; los casquillos de disparos de bala 7.62 fueron sembrados en la zona pero no se encontraron indicios de que hubiera habido disparos; las declaraciones de los testigos, incluyendo el gobernador, no coinciden con la reconstrucción realizada de los hechos. Se solicitó ya orden de aprehensión de once miembros del equipo de custodias del gobierno estatal que participaron en ese incidente. El propio procurador Rafael Macedo de la Concha se ha encargado de declarar que quien haya falseado declaraciones o incurrido en conductas ilícitas tendrán que responder ante las autoridades. El caso de la muerte del policía auxiliar merece una investigación aparte.
Esos son los hechos, ese es el resultado que se ha adelantado de la investigación de la PGR. Lo demás son palabras y mucho nerviosismo, porque ya van dos encuestas, de las serias, no de las empresas patito, una de El Universal, otra de Reforma, las que coinciden en que el candidato del PRI, Ulises Ruiz, está empatado o por debajo de Gabino Cué, el candidato de la alianza PRD-PAN-Convergencia. Y la revelación del falso atentado es y será crucial en ese sentido y acentuará esa tendencia. Por cierto, salvo sus diputados locales y algunos otros, pocos, personajes ¿registró usted como casi nadie representativo en el priismo ha salido a respaldar la versión del gobernador Murat? Eso sucede cuando se acaba el poder y se comienzan a cosechar las tempestades sembradas.
¿Y la Convención Hacendaria?
Ha sido el ex gobernador interino de Nuevo León, el panista Fernando Elizondo, el que ha sido designado como secretario de Energía en reemplazo de Felipe Calderón. Elizondo es un buen funcionario público, que hizo un buen papel en los pocos meses en que estuvo reemplazando a Fernando Canales Clariond en su estado. Tiene un estilo sobrio, cuidado, sin estridencias: parece ser y lo es, un buen negociador sobre todo con los sectores empresariales con los que está emparentado social y familiarmente. El tema energético no es su especialidad, pero sí puede serlo el de la búsqueda de inversiones en el sector y a eso apuesta el presidente Fox al designarlo en esa responsabilidad, en un contexto en el cual la pretendida reforma energética se ve, hoy, demasiado lejana. Elizondo es, además, alguien de la confianza del propio presidente y, particularmente de su esposa Marta, así que los problemas de comunicación que se pudieran haber presentado con Calderón en este caso no tendrían por qué darse.
La pregunta es qué sucederá, entonces, con la actual encomienda de Elizondo, que es nada más y nada menos que ser el representante del gobierno federal en las difíciles negociaciones de la convención nacional hacendaria que, precisamente en estas semanas, entran en su etapa final. Y de esos resultados dependerá, en buena medida, la reforma fiscal. ¿Podrá y deberá tener Elizondo ambas responsabilidades?. Por cierto, ahora que se habla tanto de que el regaño y la salida de Calderón tienen como objetivo cohesionar el equipo gubernamental y fortalecer la disciplina: ¿cómo se debe interpretar el que todos estén ahora deslindándose de haber hablado con el presidente el domingo pasado, antes de la declaración presidencial sobre Calderón y el gobernador Ramírez Acuña y mucho menos de haber sembrado las ideas y la pregunta que motivaron esa declaración?¿cuánto duró la cohesión y la disciplina?.