Cuando se habla de la marcha que se está convocando desde organizaciones de la sociedad civil para el 27 de junio para demandar mayor seguridad y contra los secuestros que azotan a varias zonas del país pero particularmente en el Distrito Federal, muchos funcionarios lo ven casi como un capítulo más del famoso complot. Otros corren a sacar encuestas para demostrar que el índice delictivo bajó. Muchos piensan que se trata de una simple jugada política, pero no comprenden que la ciudadanía está harta de la inseguridad, y que si en los últimos meses el tema central en las preocupaciones sociales esa el desempleo, hoy que parece que las condiciones económicas pudieran mejorar un poco, nada estará por encima de la inseguridad.
Cuando se habla de la marcha que se está convocando desde organizaciones de la sociedad civil para el próximo 27 de junio para demandar mayor seguridad y contra los secuestros que azotan a varias zonas del país pero particularmente el Distrito Federal y el área metropolitana de la ciudad de México, muchos funcionarios, sobre todo capitalinos, pero no sólo ellos, lo ven casi como un capítulo más del famoso complot contra su jefe, Andrés Manuel López Obrador. Otros corren a sacar encuestas, cifras, estudios para demostrar que el índice delictivo bajó uno, dos, tres puntos. Muchos piensan que se trata de una simple jugada política, pero no comprenden que, desde hace ya mucho tiempo, la ciudadanía está harta de la inseguridad, y que si en los últimos meses el tema central en las preocupaciones sociales era el desempleo, hoy que pareciera que las condiciones económicas pudieran mejorar un poco, nada estará por encima de la inseguridad.
Porque, además, vivimos un nuevo momento, en el cual la inseguridad y el secuestro se han "democratizado" han llegado ya a afectar a todos, en casi todo el país y en los más diversos estratos sociales. Con un agregado terrible: cada vez la delincuencia es más violenta y pareciera que más irracional.
Dirán los especialistas en seguridad y algunos procuradores que eso también tiene una razón de ser: las grandes bandas se han desarticulado, con excepción de unas pocas, y entonces la propia delincuencia ha bajado también de nivel: ya no se trata de "profesionales" sino de simples amateurs que, como no conocen su quehacer se tornan más violentos y algunos más sádicos. Puede ser verdad, pero ¿a quién le importa cuando lo asaltan, le roban, lo humillan, lo maltratan y cuando ni los gobiernos ni las policías actúan ante la demanda de la sociedad?
Las reacciones políticas ante la nueva oleada de inseguridad que se está viviendo son disímiles y no siempre muestran mucha sensibilidad en personajes que se supone la deberían tener. El procurador capitalino, Bernardo Bátiz, desechó las cifras que presentó el consejo ciudadano contra la inseguridad y México Unido contra la Delincuencia (dos de las organizaciones que están convocando a la marcha del domingo 27): dijo que le parecía "exagerado" decir que México ocupa el segundo lugar mundial en número de secuestros, recurrió a los números, habló de avances pero no tuvo una sola palabra para una sociedad preocupada que no quiere declaraciones sino resultados. ¿Cómo se puede obviar la sensibilidad cuando la gente está indignada por el asesinato de la joven funcionaria del IFAI, Lizbeth Salinas, o por los dos hermanos asesinados luego de que su familia pagara el rescate por su secuestro o cuando se tiene que llegar a plantear un boicot contra uno de los principales centros comerciales de la capital del país para que se implementen medidas que impidan los robos y secuestros en plena plaza comercial? Pero el procurador prefiere discutir cifras en lugar de reconocer la justificada indignación de la gente.
Otros actúan de forma extraña: en Tlalnepantla, en el estado de México, el presidente municipal decidió aplicar a partir del próximo fin de semana, el toque de queda en tres localidades como una forma de evitar los asaltos, la violencia, la venta de drogas: nadie podrá salir a la calle desde las 10 de la noche hasta las cinco de la mañana. ¿Realmente solucionará algo con ello?. Probablemente nada, sólo podrá calmar las cosas una semana o dos, pero los problemas de fondo ahí están y no se solucionarán evitando que la gente los guarde en su casa, ubicadas además, en comunidades donde las viviendas son por lo menos precarias: ¿quién aceptará quedarse encerrado todo el fin de semana?¿qué derecho tiene la autoridad para imponerlo?
En San Luis Potosí están indignados, con toda razón, por el secuestro de una mujer, hija de uno de los políticos y empresarios más reconocidos del estado. Pero el diputado Juan Ramiro Robledo sostiene que la salida es, entonces, la pena de muerte. Mucha gente defiende, en su desesperación. esa salida legal que normalmente se convierte en una trampa. Preguntémonos, por ejemplo, con la desconfianza, justificada o no, que existe en nuestro sistema de justicia, si se puede dejar en manos de ese sistema el aplicar nada menos que la pena capital a una persona.
Ayer se presentó el primer informe sobre la situación de las investigaciones de las muertes de mujeres en Ciudad Juárez. Y uno no sabe qué debe ser más preocupante: que la fiscal especial de la PGR, María López Urbina asegure que en los primeros 50 casos estudiados no se haya encontrado relación con asesinos seriales o la victimización de mujeres por parte de redes de pronografía, o que las causas centrales, como se asienta en el diagnóstico de la comisionada Guadalupe Morfín, sean, entre otras, el crimen organizado, el flujo migratorio, la falta de educación, los giros negros, la corrupción y la violencia intrafamiliar en un largo catálogo de nuestras carencias sociales que están presentes en Juárez pero también en buena parte del país.
La seguridad es el tema y los políticos no lo entienden ni lo quieren entender. Reaccionan ante los problemas pero no le quieren entrar a los temas de fondo, hay instancias de seguridad, federales y estatales que han tenido algunos éxitos importantes, pero no existe ninguna estrategia global para enfrentar el problema. Y la percepción es que la situación se está deteriorando cada día más, independientemente de lo que digan las cifras que esgrimen los funcionarios.
Lo increíble es que los partidos, ninguno de ellos, reaccione. ¿Cuánto hace que no se escucha a los dirigentes políticos hablar de los problemas de fondo de la reforma a la seguridad y la justicia? Ni siquiera lo hacen cuando están debatiendo asuntos como el del desafuero a López Obrador o el autoatentado de Murat, que podrían servir como excusa para hacerlo. El sistema, pese a los esfuerzos que se realizan, no funciona, debe ser modificado. Existe una buena iniciativa, realizada luego de una muy amplia consulta, que presentó el presidente Fox sobre el tema en el pasado periodo ordinario y que no ha sido ni siquiera debatida; existe una iniciativa de Convergencia que duerme el sueño de los justos; la Suprema Corte de Justicia de la Nación está realizando una consulta en la que los partidos no se han involucrado; en el gobierno cuando se habla de las reformas estructurales se refieren a lo fiscal o lo energético, pero no a la seguridad y la justicia; los partidos simplemente ignoran el tema y prácticamente ninguno de ellos tiene, siquiera, especialistas que estén evaluando esas iniciativas y trabajando sobre ellas. Lisa y llanamente no les interesa o les parece algo complejo, del que no podrán sacar tajada a corto plazo y les resulta, por lo tanto, una demanda desechable.
Me parece muy bien que los partidos, algunos de ellos por lo menos, estén analizando una futura reforma electoral. Pero nuestro principal problema como sociedad no es si el IFE debe actuar como agencia de publicidad para distribuir los spots de los candidatos en la televisión. El principal problema es (de la mano con el desempleo), la inseguridad y la violencia y en muchos puntos del país, ésta supera a aquel. Hace ya tiempo hicimos la misma pregunta y nadie la responde: ya tenemos una convención nacional hacendaria, ¿cuánto se convocará una convención nacional sobre la seguridad y la justicia para realizar las reformas que permitan avanzar en este tema? ¿cuándo se dejará de mirar las próximas dos semanas para así salir del paso, y se apostará por el verdadero futuro del país?
Por lo pronto, ojalá el 27 de junio terminemos siendo muchos los que marchemos para exigir más seguridad y la erradicación de la formas de delincuencia como el secuestro. Como dice la convocatoria "sólo queremos vivir en paz". ¿Será demasiado para que lo comprendan nuestros políticos y dirigentes, tan preocupados con los complot, los desafueros o el escándalo de la semana?