Ayer se cumplió un nuevo aniversario del jueves de Corpus, de la brutal represión de una marcha estudiantil que fue parte de un ciclo represivo iniciado en 1968 y que se continuaría los años inmediatamente posteriores, con lo que ahora conocemos como la guerra sucia. Ayer decíamos que antes del 15 de julio, en aproximadamente un mes, se presentarán al juez las conclusiones de la averiguación previa que sobre esos hechos está elaborando la fiscalía de delitos del pasado que encabeza Ignacio Carrillo Prieto y que terminará solicitando el procesamiento de los autores intelectuales y materiales, incluyendo las más altas autoridades de la época, de esos hechos, y uno de los delitos por los que serán acusados será el de genocidio.
Ayer se cumplió un nuevo aniversario del jueves de Corpus, de la brutal represión de una marcha estudiantil que fue parte de un ciclo represivo iniciado en 1968 y que se continuaría los años inmediatamente posteriores, con lo que ahora conocemos como la guerra sucia. Ayer decíamos que antes del 15 de julio, en aproximadamente un mes, se presentarán al juez las conclusiones de la averiguación previa que sobre esos hechos está elaborando la fiscalía de delitos del pasado que encabeza Ignacio Carrillo Prieto y que terminará solicitando el procesamiento de los autores intelectuales y materiales, incluyendo las más altas autoridades de la época, de esos hechos, y uno de los delitos por los que serán acusados será el de genocidio.
Se espera que, a la cabeza de los autores intelectuales aparezca nada más y nada menos que el ex presidente Luis Echeverría Alvarez. Las historias de represión, cárceles clandestinas, operaciones ilegales contra los grupos opositores, fueran armados o no, serán parte de esa investigación que dejará en manos de la justicia (y de las autoridades políticas) la decisión sobre qué hacer con ese pasado, pero la verdad histórica será esclarecida.
Pero precisamente en este contexto, en este nuevo aniversario del jueves de corpus, se debe recordar que esa forma de hacer política, de reprimir y ocultar, no se dirigió solamente contra los hombres y mujeres que participaban en grupos guerrilleros. Se cebó en ellos pero abarcó a todos aquellos a los cuales el sistema en aquellos años, fines de los 60, principios de los 70, consideraba peligrosos para sus intereses, incluyendo personajes que no tenían nada que ver con esos grupos, utilizando, incluso, la manipulación y la infiltración en esas organizaciones para ajustar cuentas con otros adversarios.
Hace poco menos de dos años, el 5 de agosto del 2002, publicamos en Milenio Semanal, una extensa investigación sobre el intento de secuestro y asesinato de Eugenio Garza Sada, líder del grupo Monterrey y entonces el empresario más influyente del país, ocurrido el 17 de septiembre de 1973. Lo importante de aquella investigación era que en el recientemente abierto archivo de lo que fue la Dirección Federal de Seguridad, encontramos documentos que demostraban fehacientemente que esa instancia que dependía en aquellos años directamente del presidente de la república, Luis Echeverría, supo, desde un año y medio antes de que se produjera el intento de secuestro, quiénes intentarían realizar esa acción, los tenía localizados (porque tenían por lo menos un infiltrado en ese grupo), y pudo seguir paso a paso los preparativos de la acción pero no hizo nada por evitarlo.
En el documento de la DFS desclasificado y marcado con el expediente 11-219-972, en el legajo dos, hojas 46 y47, se puede leer un detallado informe enviado por el representante de la DFS, Ricardo Condelle Gómez y dirigido al director de la DFS (entonces Luis de la Barreda Moreno), titulado "Asunto: estado de Nuevo León, planes de secuestro de los industriales Eugenio Garza Sada y Alejandro Garza Lagüera". El documento está fechado el 22 de febrero de 1972, año y medio antes de que se intentara ese secuestro que terminó con el asesinato de Garza Sada.
Allí se puede leer como Manuel Saldaña Quiñónez (alias Leonel) "que fue reclutado, dice el documento, como profesional de la guerrilla por Héctor Escamilla Lira (a) Víctor, en septiembre de 1971, fue descubierto como policía en la segunda quincena de octubre de ese año". Continúa una larga descripción del interrogatorio del que fue objeto Leonel por otros miembros de la organización, pero el asunto no pasó a mayores porque, como no habían sido detenidos los miembros de los comandos que habían realizado un par de asaltos a supermercados y bancos en aquellas semanas en Nuevo León, le retiraron las sospechas e incluso "para demostrarle su confianza le llevarían a su casa para que se procurara ropa y llevarlo a pasar (sic) unas vacaciones a México" (esa es la redacción original).
Evidentemente, Leonel, era un informante de la policía a la que detalló con pelos y señales lo que ocurría en esa casa y lo que sucedió después, cuando llegó a México. Dice el informe de la DFS de febrero del 72, que Leonel fue hospedado "en la casa número 18 , apartamento 5 de Casas Grandes, colonia Narvarte" donde vivían y se reunían los dirigentes de esa organización que con el paso del tiempo pasó a ser conocida como la Liga 23 de Septiembre. En el documento se relatan los contenidos de esas reuniones y se dice que "aproximadamente el 4 de diciembre (de 1971) efectuaron una junta donde hicieron un balance de las acciones que dieron como resultado que como se habían sacado adelante todos los planes y que periodísticamente se había conseguido un impacto, que el efectivo (el dinero) estaba sosteniendo la situación y se contaba con armas y se podía conseguir más en Guadalajara" se debía dar un paso más allá. Fue entonces, sigue el documento, cuando propusieron efectuar el secuestro de una persona que pagara inmediatamente un rescate de varios millones de pesos para comprar más armas y una radiodifusora para la transmisión clandestina de mensajes revolucionarios…"Leonel sería quien se encargara de su operación y mantenimiento clandestino. Para el estudio de los planes de secuestro se comisionó a Víctor (Héctor Escamilla Lira). También, se designó a un grupo de 10 o 12 personas para efectuar el secuestro".
Pero sigue el informe confidencial de la DFS de febrero del 72: "el 8 de diciembre del 71, Leonel regresó a Monterrey y supo por boca de Víctor "los señores Eugenio Garza Sada y Alejandro Garza Lagüera" serían las personas que el grupo trataría de secuestrar. Faltaba un año y medio para que ese intento de secuestro se convirtiera en realidad, y que en él muriera asesinado Eugenio Garza Sada.
Toda la historia fue confirmada meses después cuando fue detenido Héctor Escamilla Lira (alias Víctor) que es quien le dijo a Leonel el 8 de diciembre del 71 que habían tomado la decisión de secuestrar a Garza Sada. Escamilla es el mismo que había mantenido a Leonel en la organización aún cuando sabía que había sido contactado por la policía. Una vez detenido en Culiacán, Escamilla Lira hizo una larga declaración sobre toda su historia política. En esa declaración ratificó y amplió la historia de cómo se había decidido el secuestro de Garza Sada, confirmando en todos sus detalles ese informe confidencial que había recibido la DFS casi dos años antes. En el documento que transcribe la declaración de Escamilla, éste reconoce que se volvió a encontrar con Leonel antes del secuestro y que éste había admitido que había sido detenido por la policía y se "había visto obligado a denunciar al exponente (Escamilla) como uno de los participantes" en los asaltos bancarios y "que obtuvo su libertad mediante el compromiso de continuar proporcionando información a la policía", además agregaba que había proporcionado información sobre todos los dirigentes de la organización que intentaría realizar el secuestro de Garza Sada: muchos de ellos fueron detenidos casi inmediatamente después, pero no Escamilla que seguramente seguía siendo vigilado por la DFS. Se lo siguió hasta Monterrey, cuando Escamilla, según su propio testimonio, se alojó en la casa de Jesús Piedra Ibarra. Allí Escamilla tenía la responsabilidad de vigilar los movimientos de Garza Sada (recordemos que Escamilla seguía siendo vigilado por las propias autoridades). Dice Escamilla que no sólo le tocó seguir a Garza Sada sino también decidir el lugar y la fecha del secuestro. Unos días antes de la operación, según la propia declaración, fue separado de esa responsabilidad y enviado a Tampico porque la célula consideraba que "ya había sido descubierto por la policía". En Tampico, apenas llegó, fueron detenidas su esposa y otro dirigente de la Liga 23. Evidentemente, el seguimiento a Escamilla le iba entregando a la DFS a todos sus contactos mientras éste era dejado en libertad precisamente para que los llevara ante ellos, pero no se detuvo, antes del secuestro a ningún miembro de la célula que lo llevaría a cabo. Con todo, Escamilla volvió a Monterrey y a alojarse con Jesús Piedra Ibarra en enero del 74 (Piedra Ibarra, el hijo de doña Rosario Ibarra de Piedra sería detenido poco después y nunca más volvería a aparecer, ¿fue así como lo descubrieron?). Finalmente, el 12 de abril del 74, Escamilla terminó siendo detenido en Culiacán. Ya no era necesario: la organización había sido descabezada.
En los documentos que publicamos entonces y de los que tenemos copia, hay muchísimos más datos de cómo el gobierno de Echeverría supo siempre, mediante sus infiltrados en la organización guerrillera que planeó el secuestro de Garza Sada, que éste se realizaría y conocía hasta los detalles de la operación. Siempre se tuvo la sospecha de que en el secuestro y asesinato de Garza Sada había habido alguna participación o tolerancia del gobierno de Luis Echeverría. Ahora se puede saber, con base en esta investigación, que los más altos niveles del gobierno de Echeverría sabían que el secuestro se produciría, porque tenían por lo menos un infiltrado en la célula que lo organizó, que tenían hasta los nombres y el lugar donde vivían quienes lo intentarían realizar y que no hicieron nada para evitarlo. Echeverría, es doblemente culpable: no sólo es responsable de la guerra sucia contra los grupos armados, sino también de la muerte de una (y seguramente de varias) de las víctimas de los grupos armados, en este caso nada menos que de Eugenio Garza Sada.