La estrategia que está siguiendo Andrés Manuel López Obrador ante el acoso judicial que existe en su contra, parece, sencillamente suicida en término políticos. Cuando se trata de ganar votos, de conquistar aliados, de buscar consensos con amplios sectores de la población, todos los especialistas recomiendan que se debe buscar el centro político: en la medida en que un candidato o un político se polariza, se va alejando del centro y puede ser atractivo mediáticamente pero pierde la capacidad de aglutinar en torno suyo el voto de distintos sectores diferentes a su voto duro.
La estrategia que está siguiendo Andrés Manuel López Obrador ante el acoso judicial que existe en su contra, parece, sencillamente suicida en términos políticos. Cuando se trata de ganar votos, de conquistar aliados, de buscar consensos con sectores amplios de la población (y si Andrés Manuel realmente está pensando en ganar en el 2006 necesita generar tantos consensos como los necesarios para triplicar la votación que actualmente tiene el PRD), todos los especialistas recomiendan que se debe buscar el centro político: en la medida en que un candidato o un político se polariza, se va alejando del centro y puede ser atractivo mediáticamente pero pierde la capacidad de aglutinar en torno suyo el voto de distintos sectores diferentes a su voto duro.
El único caso notable en los últimos años de haber renunciado a la búsqueda del centro para ganar polarizando posiciones se dio en Estados Unidos, cuando el recientemente fallecido presidente Ronald Reagan le ganó las elecciones en 1980 a James Carter. Reagan mantuvo un discurso polarizado, duro, el mismo discurso que años atrás había mantenido Goldwater, llevándolo a un notable fracaso electoral, pero lo hizo en un momento de decadencia estadounidense y de profunda decepción por los resultados de la administración Carter. Pero incluso así, como destaca Dick Morris, nunca en el plano público, Reagan se mostró intolerante con sus adversarios, siempre trató de mostrarlos como personajes bien intencionados pero equivocados. El de Reagan ha sido en muchos años prácticamente el único caso de polarización extrema y triunfo electoral y en México no tenemos ejemplos ni a nivel estatal ni federal de procesos similares. Cárdenas ganó el DF en el 87, cuando logró, en medio de la insatisfacción popular, ubicarse en el centro y dejar de lado el discurso histórico del fraude electoral contra el PRD.
En cambio, López Obrador está siguiendo el camino de la radicalización y así se va a alejando de muchos sectores que en distintos momentos le han brindado su apoyo. Ahora, y luego de muchos éxitos de López Obrador mostrando un rostro conciliador, el jefe de gobierno del DF decidió mostrar otra cara, irse por la polarización e incluye entre sus enemigos a prácticamente todos: desde los organizadores de la marcha del próximo día 27 de junio hasta el gobierno federal pasando por varios medios de comunicación como Televisa, o los periódicos Reforma o Crónica, con una intolerancia hacia la crítica realmente preocupante en un hombre que aspira a gobernar México.
Ayer mismo, López Obrador respondió al citatorio que había recibido por un denuncia de desacato laboral, al mismo tiempo que enviaba una carta agresiva y bastante poco respetuosa de esa investidura presidencial que hasta hace unos pocos días prometía respetar. Dice en la carta López Obrador que si se cumplieran las sentencias por desacato el presidente perdería a sus secretarios de estado, las entidades federativas a sus gobernadores y el propio presidente su trabajo. En realidad, en las cifras que maneja no dice cuántas de esas acciones penales se encuentran ya en un tramo definitivo, como ocurrió en el caso de El Encino, o cuántos funcionarios han recibido citatorios similares al que recibió López Obrador y simplemente los contestaron sin hacer un escándalo mediático.
En realidad, en esa lógica de polarización, López Obrador está actuando sobre tres ejes que pueden terminar restándole apoyos que para el día de mañana le resultarían indispensables: uno de ellos, como decíamos, son los medios de comunicación. El jefe de gobierno ha mostrado un alto grado de intolerancia con muchos medios: primero, no ha dado jamás una entrevista a un comunicador crítico con su administración; también ha reiterado una y otra vez que sus críticos son "comprados" por alguna instancia de poder; pero luego ha entrado en una pendiente mucho más preocupante: a dos periódicos metropolitanos, Crónica y Reforma, les ha reprochado su información, no la ha desmentido porque se trata de datos duros, de información real, pero los percibe como parte de un complot en su contra y los descalifica, a los primeros, por estar relacionados, según López Obrador con Carlos Salinas, y a los segundos por considerarlos como una parte de la extrema derecha: si dicen o no la verdad no importa, lo importante es, en esa lógica quiénes son sus dueños. A Televisa, una de las empresas a las que, por la difusión que le dio a sus conferencias de prensa matutinas, López Obrador le debe en enorme medida, el grado de conocimiento público del que hoy goza, como es un medio que ha divulgado, como muchos otros, el clima de inseguridad que se vive en la ciudad y la intensidad de la ola de secuestros y violencia que la azota, la ubicó ya, y ha insistido con ello en muchas oportunidades, como una parte más del complot en su contra. Va más allá: en el caso de Televisa no llegó a esos extremos, pero en los casos de Crónica y Reforma, exhortó a sus trabajadores, que según él apoyan la línea política del jefe de gobierno, a rebelarse contra sus jefes (quiere decir en realidad contra sus empresas) para modificar la línea editorial de esos medios. ¿Cuánto tardará, entonces, López Obrador en pedir (como lo hacían y aún lo hace algún que otro gobernador dinosáurico), a los medios "amigos" la cabeza de los periodistas críticos?. A Andrés Manuel no le gusta que lo comparen con el mandatario venezolano Hugo Chávez pero exactamente eso es lo que está haciendo y diciendo Chávez en su país, en su brutal enfrentamiento con la enorme mayoría de los medios de comunicación a los que acusa de ser parte de un complot en su contra y presionando a sus dueños judicialmente al mismo tiempo de que trata de limpiar las voces críticas a su gestión.
La otra vía muy cuestionable, ha sido la negativa del gobierno capitalino a abrirse a la información. Hoy el DF es una de las entidades más cerradas en términos de transparencia. Que se blinde como un secreto de estado información tan básica como qué empresas están construyendo los segundos pisos en el periférico o cuánto cuesta esa obra, es inconcebible. Que se presione a quienes cometen el grave pecado de pedir información que por ley debe ser pública, como lo denunció el LIMAC, encabezado por el prestigiado especialista Ernesto Villanueva, es otra forma de presión inconcebible en un estado que pretende ser de derecho. El gobierno capitalino no sólo no quiere críticas en su contra en los medios de comunicación, también se niega a divulgar la información que debiendo ser pública, no le conviene o no quiere mostrar, aunque la ley lo obligue a hacerlo.
Pero esos errores, que en realidad se resumen en una profunda intolerancia hacia el otro, hacia cualquiera que no comparta la forma de entender y hacer política (o de cumplir o hacer cumplir las leyes), del jefe de gobierno, dentro o fuera de su partido, alcanzan su máxima expresión en las públicas descalificaciones realizadas desde el gobierno capitalino respecto a la marcha programada para el próximo 27 de junio, una marcha a la que ya calificó como impulsada por la extrema derecha sin comprender ni asumir el grado de indignación popular por la inseguridad que se vive en la ciudad. Pero olvidando también, que ya hubo, anteriormente, otra marcha de estas características en el tramo final del gobierno de Oscar Espinosa, en plena crisis, también de la inseguridad citadina. Y que en esa marcha participaron y la apoyaron, aunque estaba convocada por los mismos organismos que ahora llaman a marchar el próximo 27 de junio, todos los dirigentes perredistas en la capital del país, comenzando por quien fue el ganador de las elecciones de 1997, que llevaron al PRD al gobierno de la capital, Cuauhtémoc Cárdenas. Y contó esa marcha, por supuesto, con todo el respaldo, del entonces dirigentes partidario López Obrador. Entonces marchar contra la inseguridad en el gobierno de Espinosa Villarreal era democrático y progresista, hacerlo cuando López Obrador gobierna la ciudad, es un acto de la extrema derecha con ambiciones golpistas.
No dudo que haya fuerzas gubernamentales que estén detrás del acoso judicial a López Obrador, tratando de sacar una tajada política de la difícil situación que vive el jefe de gobierno, pero tampoco dudo que ese acoso está teniendo éxito, fuera de lo jurídico o de lo netamente político, en un sentido: está logrando que aflore la peor cara, la más intolerante del jefe de gobierno. Y ese costo político puede ser mayor para el jefe de gobierno que cualquier ofensiva jurídica en su contra, sea legítima o no.