Finalmente, el presidente Fox presentó la iniciativa de ley para permitir el voto de los mexicanos en el extranjero. Pese a que se dijo que ésta era ya una propuesta consensada con los partidos desde tiempo atrás, una vez más, la iniciativa fue recibida con frialdad por el PRI y PRD, y también por muchos analistas, partidarios de la generalización del voto en el extranjero, que calificaron la iniciativa como muy tímida, muy conservadora.
Finalmente, el presidente Fox presentó la iniciativa de ley para permitir el voto de los mexicanos en el extranjero. Pese a que se dijo que ésta era ya una propuesta consensada con los partidos desde tiempo atrás, una vez más, la iniciativa fue recibida con frialdad por el PRI y el PRD, y también por muchos analistas, partidarios de la generalización del voto en el extranjero, que calificaron la iniciativa como muy tímida, muy conservadora.
En realidad, con base en lo presentado y por lo que platicamos con funcionarios responsables de la elaboración de esa iniciativa como Francisco José Paoli Bolio, no queda muy en claro hasta dónde llegará la reforma, cuál es su amplitud o siquiera si habrá realmente tiempo para votarla y echarla a andar para las elecciones del 2006. La iniciativa presidencial es, por otra parte, oportuna porque se entregó al congreso a unas pocas horas del inicio de la gira del presidente Fox a Illinois, Michigan y Minnessota, donde se encontrará con algunas de las más importantes organizaciones de migrantes y cuando el gobierno estadounidense ha lanzado una fuerte ofensiva para detener y expulsar a compatriotas indocumentados.
Hay varias preguntas que siguen sin respuesta una vez presentada la iniciativa: la primera es cómo se votará. Según la propuesta, podrán hacerlo todos los que tengan credencial de elector y se registren, supongo, en una lista nominal. Según Paoli Bolio existen tres millones de mexicanos en Estados Unidos que ya cuentan con credencial de elector de México y que podrían votar, pero se pide también una intensa campaña de credencialización al IFE, de forma tal de que los electores potenciales fuera de México, casi todos en Estados Unidos, llegarían a estar, dice Paoli, entre cinco y seis millones. Nunca antes, en ningún país, se ha realizado un ejercicio de esta naturaleza y de tal magnitud. Pero la iniciativa sigue sin aclarar cómo se podrá implementar. Un primer punto es la credencialización: ¿realizará esa labor el registro federal de electores en Estados Unidos?¿se impulsará la credencialización en ciudades de la frontera?¿se limitará a impulsar ese proceso en las comunidades, detectadas desde hacia años de las que suelen emigrar miles de mexicanos tradicionalmente? La diferencia es importante porque de ello dependerá el costo del operativo y las modalidades que éste puede adoptar. Ninguna de las opciones posibles es sencilla y tampoco barata. Adicionalmente se debe establecer la confección de la lista nominal: debería haber una, un registro básico para evitar que se cometan irregularidades que, en un porcentaje muy alto, ya han sido erradicadas del proceso electoral en México, pero que podrían reaparecer del otro lado de la frontera si no hay un control idóneo. Por eso, se debe establecer una lista nominal para verificar cuántas personas potencialmente podrían votar y cómo organizar la elección. Recordemos que una elección en Los Angeles o Chicago podrían tener la misma magnitud que unos comicios en Guadalajara o Monterrey, y personalmente todavía no me puedo imaginar cómo se organizarán esos comicios.
En la iniciativa se habla de tres mecanismos que podrían utilizarse para ejercer el voto: el directo, en las urnas; el voto por medios electrónicos y el voto por correo. El sufragio que se ejerce en las urnas admite la complicación evidente de cuántas casillas se tendrán que instalar y dónde se pondrían éstas, sobre todo si estamos hablando, efectivamente, de unos comicios de varios millones de personas. El voto por medios electrónicos no se ha utilizado jamás en México y, en las experiencias internacionales que se han llevado a cabo, los resultados, sobre todo en los comicios estadounidenses, han dejado mal sabor de boca, sobre todo porque no existen mecanismos como para verificar que no existan errores, voluntarios o involuntarios, y que los votos realmente ejercidos en la urna electrónica sean los mismos que se dan a conocer públicamente. No en vano, junto con el tema del financiamiento, ese es hoy el mayor tema de debate entre los especialistas en temas electorales en los propios Estados Unidos, donde después de lo sucedido en la elección del año 2000 y en varios comicios efectuados posteriormente, las dudas sobre los mecanismos de voto electrónico han crecido en forma geométrica y son muchos los que reclaman regresar a la votación con urnas y boletas, cuyos resultados se puedan verificar en forma directa. Tampoco nunca antes se ha utilizado en México el voto postal, por correo. Allí habría que definir desde el cómo realizarlo, hasta los tiempos y fechas de entrega y recepción.
A todo esto se debe agregar algo más: si esos mecanismos se aceptan para que ejerzan el voto nuestros compatriotas en el extranjero, se supone que legalmente también deben estar a la disposición de quienes voten dentro de México. Y no se percibe que las autoridades electorales estén hoy preparadas para ninguna de esas alternativas. Claro, prepararse es, en buena medida, una cuestión de dinero: los propios estudios dados a conocer reconocen que organizar, en toda su magnitud, una elección de estas características podría costar hasta 300 millones de dólares adicionales a los que ya se gastan en los procesos electorales. Sin presupuesto adicional, el IFE jamás podrá organizar esas elecciones.
Como ya lo abordamos en otras oportunidades, quedan (y la iniciativa no las despeja) otras dudas sobre dos temas centrales: el financiamiento y los medios. Si bien se especifica que los partidos y los candidatos no podrán recibir financiamiento del exterior, cabría preguntarse entonces cómo se van a financiar las campañas fuera de México, porque si hablamos de un electorado potencial de cinco o seis millones de personas, el número es tan importante, podría ser tan decisivo en el resultado, que evidentemente los partidos, de una u otra forma, tendrán que hacer campaña en el exterior. ¿De dónde saldrá el dinero?¿realmente alguien cree que esos recursos serán enviados de México a Estados Unidos por los partidos para apoyar sus respectivos esfuerzos proselitistas?. Lo más probable es que el dinero llegue en forma directa a quienes encabecen esas campañas fuera del país. Y no habrá forma alguna de fiscalizar ese gasto. Lo mismo sucede con los medios: la iniciativa también establece con claridad que no se podrá hacer publicidad electoral fuera de México. Está bien. Pero, ¿qué sucedería si los propios medios (y estamos viendo en estos días el crecimiento extraordinario que están teniendo los medios hispanos en los Estados Unidos apoyados por grupos económicos muy poderosos) deciden hacer campaña por uno u otro candidato?¿Quién se los podría prohibir?¿quién lo podría regular o siquiera auditar? Pero incluso si se regulara y auditara ¿cómo se podría sancionar a un partido o candidato presidencial si Univisión, Telemundo, CNN, Fox o cualquiera de los medios de comunicación estadounidenses deciden apoyarlo? Y eso porque obviamente nadie podría sancionar a ninguno de esos medios por haber violado normas internas de México pero que obviamente no se aplican en Estados Unidos. En México existen regulaciones muy precisas sobre divulgación de encuestas en tiempos electorales, obligando incluso a difundir las notas metodológicas de las mismas, con la prohibición expresa de divulgarlas en los días previos y durante la elección. ¿Cómo se aplicará todo eso en una elección tan masiva en el exterior?
No son preocupaciones menores o que se van a solucionar con simple voluntarismo. La propuesta del voto de los mexicanos en el extranjero es válida, pero también es difícil de implementar, costosa y pone en riesgo todo el sistema electoral tan complejo que hemos construido, más aún en unas elecciones como las del 2006 que, desde ahora se sabe que serán muy competidas y políticamente difíciles de sacar adelante sin problemas. No se trata de ser ave de mal agüero, pero tampoco de pensar que sólo con buenas intenciones se solucionarán problemas políticos y logísticos que son sencillamente enormes.
Que Barrio quiere la candidatura
Nos manda decir Francisco Barrio que sí, que ha habido acercamientos tratando de convencerlo de que acepte la presidencia del comité ejecutivo del PAN, pero que él lo que buscará será la candidatura presidencial para el 2006 y que la cancelación del acto programado ayer para lanzarlo se debió sólo a una cuestión de tiempos. Le deseamos a Barrio, el mayor de los éxitos, pero seguimos pensando que ante una precandidatura incierta y la posibilidad de convertirse en el árbitro y dirigente nacional del panismo, quizás tendría que elegir la segunda de las opciones, pero ya sabemos que cada quien labra su destino.