Fernando Jiménez Lecona, comandante del cuerpo especial de investigaciones en situaciones de alto riesgo de la procuraduría general de justicia del estado de México, fue asesinado, al llegar a su domicilio. Este policía con más de 20 años de servicio, trabajaba en las más delicadas operaciones de inteligencia e información de la procuraduría mexiquense. El mismo Jiménez Lecona estaba investigando el secuestro y asesinato de Vicente y Sebastián Gutiérrez Moreno.
Fernando Jiménez Lecona, comandante del cuerpo especial de investigaciones en situaciones de alto riesgo de la procuraduría general de justicia del estado de México, fue asesinado, al llegar a su domicilio, el miércoles en la noche. Este policía, con más de 20 años de servicio, trabajaba en las más delicadas operaciones de inteligencia e información de la procuradoría mexiquense, pero iba sólo en su carro, no tenía chofer ni custodias y ganaba mensualmente 18 mil pesos. Gracias a su trabajo se habían desmembrado varias de las principales organizaciones delictivas del área metropolitana, comenzando por el peligroso cártel de Ma Baker. El mismo Jiménez Lecona estaba investigando (y aparentemente llegando a conclusiones) el secuestro y asesinato de Vicente y Sebastián Gutiérrez Moreno. Pero el miércoles nadie protegió a Jiménez Lecona, murió, fue asesinado, simplemente porque había cumplido con su deber.
Todos hemos escrito innumerables páginas sobre la corrupción policiaca, pero el encontrarnos con un policía honesto, asesinado simplemente por haber realizado la labor que tenía encomendada, pareciera una rara avis en el territorio nacional. Y sin embargo es algo mucho más normal de lo que se cree. Muchos policías, son indudablemtne corruptos, pero muchos otros, han dado su vida a cambio de muy poco, por cumplir con su responsabilidad.
Eso debemos recordarlo en estos días previos a la marcha del 27 de junio a la que, si seguimos la encuesta publicada por María de las Heras, esperamos concurrir un número altísimo de ciudadanos: un 14 por ciento. Si los que tenemos la intención de concurrir lo hacemos, estaríamos hablando de más de un millón de personas. Y debemos recordarlo porque en el marco de lógica desesperación por la situación de inseguridad que priva, ante la impunidad que gozan los delincuentes (sólo el 3 por ciento de quien comete un delito tiene hoy posibilidades de ser detenido), ante una policía en la que no confiamos y nos parece terriblemente ineficiente, en ese marco comienzan a presentarse todo tipo de propuestas, algunas acertadas, otras que van en un sentido un poco extraño si lo que se quiere es realmente hacer justicia y avanzar en un sistema de seguridad pública eficiente; otras son sencillamente ocurrencias que sólo pueden ser producto de la desesperación.
No se podrá reformar todo el sistema de justicia y seguridad, aunque existiera voluntad política para hacerlo, en unos pocos días, en unas semanas, en unos meses. Pero se deben tomar medidas inmediatas, se debe utilizar los recursos humanos y materiales que ya se tienen, realizar reformas muy específicas, para lograr algunos resultados inmediatos que sí pueden obtenerse con voluntad política e inteligencia y que permitirían llevar el resto de la reforma con menos presiones.
En la comparencia que mantuvieron esta semana los secretarios de seguridad pública federal y del DF, Alejandro Gertz Manero y Marcelo Ebrard, respectivamente, se presentaron diferentes propuestas que son viables y que podrían adoptarse en forma rápida. Existen innumerables problemas y deficiencias en un sistema que no es del siglo pasado sino que tiene orígenes en el siglo 19. Pero hay un eslabón del que se puede jalar para mover toda la cadena: el problema principal, inmediato, ya lo sabemos, está, primero, en aceptar que el problema de seguridad pública trasciende ese ámbito para convertirse en un tema fundamental de seguridad nacional y que por lo tanto admite la búsqueda de soluciones excepcionales y que cruzan a todos los partidos, a todos los grupos de poder. Por eso, debe convertirse la lucha contra la inseguridad en una estrategia nacional de seguridad. Salvando distancias, y sin que ello implique violaciones a los derechos individuales, con la inseguridad pública debe ocurrir lo mismo que, en otras naciones, con el terrorismo: se deben tomar medidas especiales, crear organismos especializados y adoptar una estrategia nacional porque el problema no se podrá resolver por parcelas territoriales o de poder.
En esa estrategia el primer capítulo, el inmediato está en las policías. Un primer paso, imprescindible, es la unificación de los cuerpos policiales, como se propone en la iniciativa del ejecutivo federal y como propuso Marcelo Ebrard el miércoles pasado en el Congreso. Para eso se requiere reformar el artículo 21 constitucional para contar con una sola policía, que incluya las labores de prevención y de investigación. Hoy esa división es el mayor fomento de la ineficiencia y de la corrupción en los propios cuerpos policiales. Porque no estamos hablando de dos o tres grupos policiales diferentes: sólo en el valle de México conviven, es un decir, unos 130 cuerpos policiales que responden a distinta lógicas, diferentes mandos, distintos objetivos, y que no tienen prácticamente coordinación alguna, y cuando intentan tenerla se encuentran con graves limitaciones legales, determinadas por sus propias atribuciones. No existen bases de datos comunes en casi ningún estado, ni un solo cuerpo de inteligencia e investigación que alimente a todo un mismo cuerpo policial.
La reforma constitucional habla de unificar las policías y crear una gran policía federal. Es una medida necesaria, pero con la reforma al 21 constitucional, mientras se procesa un proyecto tan ambicioso como ese, se podrían ir unificando las policías locales, en el ámbito estatal y municipal y tener cuerpos mucho más poderosos y bajo un mucho mayor control que en la actualidad.
Además de esa reforma al 21 constitucional, que podría procesarse en horas, porque en ello autoridades de todos los partidos están de acuerdo, se requiere establecer, como propuso también Ebrard el miércoles, un estatuto policial claro, con una relación laboral específica y un régimen disciplinario estricto. Ello en dos sentidos: los policías, hoy, en su enorme mayoría, no tienen estímulo alguno: no están o están en un régimen extraño en seguridad social, sus posibilidades de tener créditos para vivienda o becas para sus hijos son escasos, sus sueldos, ya lo sabemos, suelen ser bajos, y el estímulo para ser, simplemente, un buen policía son por lo menos escasos, cuando no inexistentes. Si a eso le sumamos que no se puede siquiera cambiar de adscripción a un policía, mucho menos despedirlo, separarlo de su cargo, salvo que se tengan pruebas contundentes de corrupción, tenemos todos los ingredientes para que los cuerpos policiales no funcionen. ¿Por qué funcionan mejor la PFP y la AFI que otras policías? Porque son más pequeñas, porque la PFP proviene directamente de la policía militar y porque tienen un estatuto claro y un régimen disciplinario mucho más rígido.
Esos son los capítulos centrales: apenas dos, tres resoluciones que permitirían una reforma inmediata que podría tener resultados en el corto plazo mientras se procesa la gran reforma de seguridad y justicia que el país exige. Pero ¿cómo sacar esa reforma cuándo los legisladores no le están dando la importancia que requiere y cuándo tampoco tienen la experiencia ni la información necesaria en un clima de confrontación política que amenaza con paralizar casi todo?. Recurriendo a mecanismos que utilizan otros países con éxito: cuando España o Estados Unidos han tenido en los últimos tiempos que implementar medidas urgentes para combatir el terrorismo, conformaron grupos de alto nivel que propusieron un paquete de medidas de inmediata aplicación con el compromiso de los partidos de sacarlas adelante con la prisa que se requiere.
Claro, para eso se necesitan acuerdos mínimos y la aceptación de que en este tema lo que existe es urgencia y hasta desesperación de la ciudadanía y no algún complot o conjura de extraño origen.