Ha pasado una semana de la marcha contra la inseguridad y los secuestros, una movilización inédita en la historia reciente del país y hoy, podemos confirmar porqué hemos llegado a este punto de tanta vulnerabilidad en el combate de la delincuencia: a los gobiernos les interesa poco combatir el crimen y mucho menos que la sociedad se movilice para presionar a las autoridades a que adopten medidas serias en ese sentido.
Ha pasado una semana de la marcha contra la inseguridad y los secuestros, una movilización inédita en la historia reciente del país que congregó en las calles a cientos de miles de personas y hoy, podemos confirmar porqué hemos llegado a este punto de tanta vulnerabilidad en el combate a la delincuencia: a los gobiernos les interesa poco combatir el crimen y muchos menos que la sociedad se movilice para presionar a las autoridades a que adopten medidas serias en ese sentido.
Hasta ahora, las respuestas políticas a la marcha han sido lamentables de parte de casi todos los actores políticos. Ninguna, por cierto, tan lamentable e intolerante como la de Andrés Manuel López Obrador que, primero, la descalificó en forma casi soez, volvió a insistir en que la marcha fue manipulada por los medios y convocada por grupos ultraderechistas, habló que de que entre los participantes había muchos "delincuentes de cuello blanco" y confirmó algo que ya le habíamos visto al jefe de gobierno en los últimos meses pero nunca con tanta claridad como en la semana pasada: su alergia a toda crítica, su intolerancia a la misma, su noción de que sólo su visión de las cosas es la correcta y una concepción anacrónica de la delincuencia que sólo entiende ésta como una consecuencia de la pobreza: como hay pobres, hay delincuentes, entonces mientras no se reduzca la pobreza no se podrá reducir la delincuencia. Hasta ahí llega el razonamiento del jefe de gobierno y, por eso no puede explicar, ni explicarse lo que sucede en la ciudad de México y en otras grandes ciudades del país. A una semana de una marcha de cientos de miles de personas en la ciudad que gobierna, Andrés Manuel no ha recibido a los organizadores, no ha adoptado una sola medida de las reclamadas por la sociedad, no ha realizado siquiera un gesto para demostrar que está interesado en el tema. Por el contrario, en su opinión la seguridad en la ciudad está mejor que nunca en los últimos diez años. Para Andrés Manuel, la marcha vale madres, es una parte más de una conjura basada en una mentira: la inseguridad que, según el procurador Bernardo Bátiz es parte de una "psicosis colectiva" generada por la ultraderecha y los medios. Insisto: la actitud del gobierno capitalino, con la única excepción de Marcelo Ebrard que ha tratado de mostrar preocupación sobre el tema, es vergonzosa, de pena ajena.
La actitud del gobierno federal ha sido más positiva, pero no tanto fuera de las declaraciones y las actitudes para los medios de algunos funcionarios. En el gobierno federal estaban esperando a ver qué sucedía en la marcha para ver qué respuesta daban. Se les debe reconocer que por lo menos han intentado, a diferencia del gobierno del DF, dar una respuesta, pero ella ha sido tardía y débil, porque parte de una premisa similar: siente que mucho más que lo que hace no puede hacer contra la delincuencia, y ello porque se parte de un concepto de ejercicio del poder débil, buscando resolver a través de reformas legislativas lo que debe ser parte de sus propias políticas públicas.
La demostración de ello fue el tiempo que tardó el gobierno federal en dar una respuesta. No se necesitaba tener a su servicio un sofisticado servicio de inteligencia e información para saber que la marcha sería un éxito, que juntaría miles y miles de personas. Es verdad que el número de manifestantes rebasó las expectativas de los organizadores y de las propias autoridades, pero resulta increíble que el gobierno federal no hubiera trabajado en alternativas y propuestas muy concretas para presentar inmediatamente después de la marcha, a pesar de que tenían con anterioridad las 80 propuestas que les habían hecho llegar los organizadores y que tenían frente a sí una oportunidad única de mostrar sensibilidad política por la torpeza inaudita con que el gobierno capitalino estaba reaccionando antes y después de la marcha. Primero, quisieron que los organizadores se reunieran sólo con Santiago Creel sin fijar una fecha con el presidente y trabajaron para desplazar a algunos convocantes incómodos para el propio gobierno por sus posiciones excesivamente independientes; finalmente cuando se realizó la reunión con Creel y más tarde con el presidente Fox y su gabinete de seguridad, el jueves pasado, se encontraron con que las organizaciones tenían propuestas que iban más allá de lo que las propias autoridades contemplaban.
Esa misma noche del jueves, el presidente Fox anunció en cadena nacional un plan de diez puntos que nadie puede negar que parte de medidas que no pueden ser criticadas por sí mismas, pero que están lejos también de las expectativas generadas hace una semana. Esos diez puntos giran en torno a dos reuniones buscando coordinar la labor de las autoridades y las policías. Por una parte se convoca para el próximo 14 de julio al consejo nacional de seguridad pública, donde, además de los procuradores y secretarios de seguridad pública de los estados se dice que se invitará a funcionarios de seguridad municipales y a ciudadanos. Ello con el fin de tener una mayor coordinación entre las distintas entidades. El consejo de seguridad pública, en realidad tenía que reunirse en estas fechas así que no hay en ello nada extraordinario y el mismo existe desde mediados del gobierno de Ernesto Zedillo y es parte de un ambicioso programa, el sistema nacional de seguridad pública, que nunca ha terminado de despegar, en buena medida por errores de autoridades federales pero sobre todo por la falta de interés de muchos gobiernos estatales que no desean "perder prerrogativas", por lo cual ni siquiera la base de datos con todos los policías estatales y municipales de todas las corporaciones, con todas las altas y bajas respectivas se ha podido completar. Parece absurdo y lo es, pero hay entidades que prefieren no recibir recursos del sistema nacional de seguridad pública, antes de entregar a éste toda la información que el mismo requiere. Por cierto, durante años el DF ha sido una de esas entidades. Si el sistema nacional de seguridad pública funcionara como fue concebido originalmente y tuviera el respaldo de todas las autoridades involucradas, allí podría estar el origen de muchas soluciones. Pero recordemos que como parte de ese proyecto original debemos pensar, también, en la transformación de la policía federal preventiva cada vez más en una auténtica policía federal que fuera integrando las corporaciones estatales y municipales, con todos los beneficios que ello implicaría.
Por otra parte, se anunció que el próximo 9 de julio en la reunión de la conferencia de gobernadores se abordará el tema para tratar de dar respuestas comunes a este desafío. La reunión se realizará en el estado de México y Alfonso Navarrete Prida, el procurador mexiquense, ha anunciado que el gobernador Arturo Montiel llevará a ese encuentro una agenda con varios puntos muy precisos y retomados de las propuestas que presentaron los organizadores de la marcha el domingo pasado. Algunas de esas medidas son controvertidas pero en su enorme mayoría podrían comenzar a aplicarse incluso sin pasar por el proceso legislativo.
En el congreso tampoco se preocuparon demasiado por las marchas (en realidad el domingo pasado, además de la capitalina, hubo otras 22 movilizaciones ciudadanas en diferentes ciudades del país) y nada indica que estén muy apurados en legislar sobre el tema en un periodo extraordinario. Esperarán hasta septiembre a ver qué sucede. No tienen nuestros legisladores mucha prisa. Sin embargo, desde ese ámbito, del senador Jesús Ortega, surgió una propuesta que puede ser útil si se procesa con rapidez: convocar a una convención nacional sobre seguridad pública, similar a la convención hacendaria actualmente en curso.
En la reunión de los convocantes con el presidente Fox del jueves no todo fue color de rosa, hubo debates y fuertes, y también algunas muestras de enojo presidencial con algunos de sus invitados. La propuesta más importante que llevaban éstos, finalmente quedó registrada en la agenda, pero sin fecha. Es la creación del instituto nacional de seguridad pública: una instancia ciudadana que pudiera controlar el proceso de denuncia, investigación, procuración e impartición de justicia como un todo, desde los cuerpos policiales, hasta los ministerios públicos y los jueces. Es una excelente propuesta, pero a ninguna autoridad le gusta tener un control externo, ciudadano. Ese debe ser el centro de los futuros debates.