El gobierno federal sigue con su estrategia de seguir bajando temas de la agenda nacional: a la declinación de Marta Sahagún a su hipotética candidatura presidencial en el 2006, al reemplazo de Laura Valdez en la Lotería Nacional por Tomás Ruiz, al viaje de Luis Ernesto Derbez para las relaciones diplomáticas con Cuba, se deben sumar el acuerdo alcanzado por el IPAB, la secretaría de Hacienda y los bancos Banamex, BBV-Bancomer, Banorte y HSBC, los acuerdos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, los acuerdos para la reforma al sistema de pensiones del IMSS y la decisión de la SEP por echar atrás su controvertida reforma a la enseñanza secundaria.
El gobierno federal sigue con su estrategia de tratar de seguir bajando temas de la agenda nacional: a la declinación de Marta Sahagún a su hipotética candidatura presidencial en el 2006, al reemplazo de Laura Valdez en la Lotería Nacional por el diputado priista Tomás Ruiz, al viaje de Luis Ernesto Derbez para tratar de recomponer las relaciones diplomáticas con Cuba, se deben sumar ahora el acuerdo alcanzado por el IPAB, la secretaria de Hacienda y los bancos Banamex, BBV-Bancomer, Banorte y HSBC, pero también los acuerdos adoptados en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, los acuerdos para realizar la reforma al sistema de pensiones del IMSS y, aunque haya tenido menor repercusión pública, la decisión de la SEP de echar para atrás su pretendida y controvertida reforma a la enseñanza secundaria.
El acuerdo del IPAB, Hacienda y los bancos cierra un capítulo clave en la crisis financiera que sufrimos a fines del 94 y principios del 95. El canje de los pagarés del IPAB, el que los bancos hayan asumido parte de esos adeudos y el acuerdo para que se pueda realizar una nueva auditoria sobre las operaciones cuestionadas de la deuda, constituyen un buen convenio que, en los hechos, implica un ahorro para las finanzas públicas de unos 116 mil millones de pesos. No es un asunto menor, es un capítulo, insistimos, clave para sanear las finanzas públicas del país y salir de la situación de excepción en que colocó a éstas el FOBAPROA. El tema estaba abierto desde hace meses y tenía que ser resuelto antes de que saliera el próximo presupuesto porque se tienen que destinar recursos a ello. Si a este acuerdo se suma la posibilidad de que también salga finalmente la reforma a la ley del sistema de pensiones del seguro social, no estaríamos entrando en una etapa de bonanza financiera pero sí se alejarían los dos nubarrones más oscuros, más peligrosos para el futuro de las finanzas nacionales. En última instancia son acuerdos que resultan necesarios para cualquiera que vaya a ganar la presidencia de la república en el 2006: sin ellos, el próximo gobierno comenzaría su gestión, irremediablemente, enfrentando una crisis financiera y social grave.
Por eso también, los acuerdos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Ningún estado puede seguir con la presión de la inseguridad colocada, además, en la cima de la agenda por distintos grupos sociales. Evidentemente, los mil millones de pesos ofrecidos por el gobierno federal para los presupuestos de seguridad de estados y municipios no son suficientes (la reducción presupuestal de los últimos años, lo que demuestra la visión de nuestros legisladores, fue superior a los dos mil millones de pesos en el ámbito de la seguridad pública) pero permiten comenzar a operar proyectos comunes, de coordinación entre los tres niveles de gobierno. Por lo menos esa sería la idea que debería privar porque, como también se dijo en la reunión del Consejo, esos recursos no deben servir para que ciertas autoridades terminen comprando suburbans para las esposas y novias de los funcionarios estatales o municipales.
Pero también algunos de los datos entregados en esa reunión demuestran con claridad cómo y dónde está localizado en forma primordial el problema de la inseguridad y particularmente de los secuestros. La cifra de secuestros denunciados es dramáticamente alta, sobre todo, y a pesar del dicho de las autoridades, en el Distrito Federal: mientras que en el 97, hubo 22 secuestros denunciados, en el 98 pasaron a 66, al año siguiente ya eran 120 secuestros, en el 2000 fueron 141, en el primer año de la administración de López Obrador se denunciaron 148 secuestros, en el 2002 144, y en el 2003, se denunciaron 136 secuestros en la capital del país, casi una tercera parte de todos los denunciados en todo el país. A pesar de los dichos de las autoridades locales, entre enero y mayo de este 2004 se triplicaron los secuestros respecto al mismo periodo del año anterior: entre enero y mayo del 2003 hubo en el DF, 36 secuestros, en el mismo periodo de este 2004, hubo nada menos que 96 secuestros. La cifra no se compara con ninguna otra entidad: la más alta, luego de la capital del país, fue el estado de México con 80 secuestros denunciados en el 2003, pero con una fuerte reducción en los cinco primeros meses del 2004 (hubo 17 en este periodo contra 43 del año pasado). Hubo el año pasado 23 en Guerrero, 20 en Baja California y en Michoacán, 16 en Veracruz y 14 en Sinaloa, 13 en Jalisco y 10 en Morelos. Esos números confirman que el problema principal de los secuestros está claramente localizado en el DF y el área conurbada, y por lo tanto allí es dónde se deben concentrar los esfuerzos. Llama la atención, por lo tanto, la poca atención política que le ha dado al caso López Obrador, que, justo es decirlo, se contrarrestan con los planes que ha presentado el secretario de seguridad Marcelo Ebrard, pero lo cierto es que los números, entregados en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública demuestran lo mucho que falta por hacer en la capital del país al respecto.
Por eso, la coordinación del Consejo de Seguridad Pública no será tan compleja: de todas formas habrá que prestar atención a los acuerdos que puedan obtener los estados en la reunión de hoy en Monterrey y los que obtengan los secretarios de seguridad pública estatales y federales en cumplimiento de lo establecido en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Y, por otra parte, también por eso podrán salir adelante los acuerdos legislativos en materia de seguridad pública en el congreso (no la reforma presentada por el presidente Fox sino las ocho que han presentado los partidos y particularmente la enviada hace ya meses por el partido de Convergencia).
Otro tema que se bajó de la agenda, es la reforma a la enseñanza secundaria impulsada por la SEP. En la secundaria es donde se encuentran las mayores fallas del sistema de educación pública, pero la reforma propuesta tenía capítulos absurdos, pero sobre todo no consultados, no explicados por las autoridades. Resulta increíble que el secretario del ramo, Reyes Tamez no haya salido a explicar esa reforma en todas estas semanas y apenas lo hubiera hecho, ahora, para decir que la reforma, siempre no se aplicará.
Insistimos en lo dicho esta semana: quizás la intención de bajar temas de la agenda, de quitar presión a la administración Fox se está operando con algunos o varios errores, pero la intención es clara y en algunos capítulos ha tenido éxito. Habrá que insistir en que uno de los momentos claves para estos intentos, se dará en los próximos días, sobre todo en la semana que comienza el 26 de julio, porque allí deberán coincidir la posible consignación de Luis Echeverría y otros presuntos responsables del jueves de corpus con el inicio de un posible periodo extraordinario en el congreso de la unión, para analizar las reformas a la seguridad pública y la seguridad social.
Castañeda en gira
Este fin de semana comienza Jorge Castañeda una gira proselitista de un mes: recorrerá por carretera, puebleando pues, el país desde Tijuana hasta Mérida. No es una mala idea, mientras los partidos están encerrados en su propia agenda y sus precandidatos no pueden moverse con libertad. Por cierto, cada vez son más fuertes los rumores de que Elba Esther Gordillo utilizará la agrupación política nacional con registro que ya tiene en el magisterio para buscar el registro de un nuevo partido. La aceptación de Tomás Ruiz de su nueva responsabilidad en la Lotería Nacional (es curioso, el cambio pareció abrupto, pero dice Tomás Ruiz que la propuesta para reemplazar a Laura Valdez se la hizo el presidente Fox dos semanas atrás, cuando el propio presidente, Francisco Gil Díaz y hasta el presidente del PAN, Luis Felipe Bravo Mena decían que ponían las manos en el fuego por Valdez) y la renuncia de Miguel Angel Yunes al PRI podrían ser parte de esa lógica política.
PD: bajaremos también un tema de la agenda. Nos vamos a tomar unos días de descanso. Razones se volverá a publicar el próximo lunes 26 de julio. Gracias.