La culpa no es del fiscal Ignacio Carrillo Prieto, que ha hecho lo que pudo. La responsabilidad es del gobierno federal. Se asegura que la creación de la fiscalía especial para los crímenes del pasado fue consecuencia de la lucha entre Santiago Creel y Adolfo Aguilar Zinser y Jorge Castañeda, pero quien le dio el visto bueno a la fiscalía, la impulsó y decidió ese curso de acción fue el presidente de la república. Y su creación fue un error político de graves dimensiones porque este gobierno no toma en cuenta todas las implicaciones políticas y judiciales y nunca ha sabido qué hacer con el pasado.
La culpa no es del fiscal Ignacio Carrillo Prieto, que ha hecho lo que pudo. La responsabilidad es del gobierno federal. Se asegura que la creación de la fiscalía especial para los crímenes del pasado, fue consecuencia de la lucha entre Santiago Creel, partidario de la misma por una parte, y Adolfo Aguilar Zinser y Jorge Castañeda (ya para entonces distanciados, pero con una posición común respecto a ese punto) que proponían la creación de una comisión de la verdad. Es muy probable que así haya sido. Pero lo cierto es que quien le dio el visto bueno a la fiscalía, la impulsó y decidió ese curso de acción fue el propio presidente de la república. Y su creación fue un error político de graves dimensiones porque, simplemente, como ha sucedido con muchos otras decisiones y anuncios presentados por esta administración (recordemos, por ejemplo, el colocar en la cima de su agenda, el mismo día de la toma de posesión, el tema Chiapas), que en sí mismo podían ser buenos, positivos, pero que no están enmarcado en una estrategia, en una lógica de gobierno, porque no se toman en cuenta todas las implicaciones políticas y judiciales, porque este gobierno nunca ha sabido qué hacer con el pasado, ni siquiera cuando en dos elecciones seguidas, el electorado le "ordenó" que debía seguir conviviendo con él.
Vamos, en el caso de los delitos y represiones de ese pasado ni siquiera se tomaron seriamente en cuenta las experiencias de otros países que tuvieron en forma mucho más dramática que México revisar su pasado y tomar decisiones al respecto. La administración Fox a la hora de tomar decisiones políticas y orientarlas en una lógica estratégica se sigue guiando por Marx, pero no por Carlos sino por Groucho que decía que "la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". Y sigue esa receta al pie de la letra.
La fiscalía, lo dijimos aquí en su momento, debería haber sido el paso posterior, si es que se decidía darlo, a establecer la verdad, la verdad histórica de lo sucedido en el 68, el jueves de corpus y la llamada guerra sucia, sabiendo que no había instrumentos legales sólidos que pudieran permitir enjuiciar a los responsables de algunos de esos hechos e incluso asumiendo la realidad política en la que se tendría que desenvolver el gobierno de Vicente Fox. La negativa judicial para librar las órdenes de aprehensión en contra de Luis Echeverría y otros acusados de ser los autores materiales de la matanza del jueves de corpus difícilmente podrá ser revertida: la única forma que encontró la fiscalía de establecer la culpabilidad de Luis Echeverría y otros personajes es asumir que ese día de 1971 estuvimos ante un genocidio y la verdad es que no fue así. Ni en el 68, ni en el 71 ni en los episodios posteriores. Claro que hubo crímenes, que hubo graves extralimitaciones en la aplicación de la ley, que se cometieron abusos, se violaron derechos humanos, que hubo muertos y desaparecidos, pero no hubo un genocidio o vamos camino a transformar esa palabra terrible en un argumento legal más para utilizar ante cada violación de derechos humanos más o menos grave, más o menos generalizada que nos encontremos en el mundo. El jueves de corpus según los propios documentos entregados al juez hubo una treintena de muertos, incluyendo algunos de los propios halcones que encabezaron la represión, no fue un genocidio. Tampoco existen en el expediente, documentos expedidos por las más altas autoridades ordenando el exterminio de diversos grupos políticos, no estuvimos ante un golpe militar, la suspensión de las garantías individuales, la prohibición de los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones civiles, el establecimiento de un estado de excepción ni el desconocimiento de las normas constitucionales como sufrieron, en un marco de represión generalizada, las sociedades argentina, chilena o uruguaya en los 70. No hubo, pues genocidio, ni hubo un marco político y jurídico orientado hacia ello.
Hubo represión, violaciones a derechos humanos y otros crímenes que en su enorme mayoría ya prescribieron y que ya habían prescripto cuando se creó la fiscalía especial. Por eso era más útil la comisión de la verdad e incluso por eso fue tan difícil encontrar alguien que tuviera la entereza y la audacia para hacerse cargo de ella. Ignacio Carrillo Prieto en este tránsito ha trabajado contracorriente, ha cometido errores políticos (y no se puede argumentar que la posición que ocupa no es política) y jurídicos, pero su margen de maniobra era mínimo: en el caso del 68, los principales responsables potenciales estaban muertos (y el propio ex presidente Díaz Ordaz había asumido públicamente la responsabilidad de lo sucedido) y en la represión de aquella marcha del 71 los elementos para poder procesar a los autores materiales e intelectuales eran en algunos casos endebles, en otros sólidos pero legalmente inviables. Recordemos además otro punto: ni siquiera la acusación que se presentó el jueves pudo realizarse por los crímenes cometidos durante un periodo de tiempo, porque no había un principio y un final, sino se concentró en esa marcha reprimida por los halcones, no había, legalmente, para más. Se tuvo que llegar a la figura legal del genocidio para tener algo a lo que aferrarse pero esa figura no sólo resulta inviable para el caso sino que además nos llevaría a preguntarnos sobre el periodo en el cual es aplicable y quiénes serían los involucrados. Si alguien en el gobierno se hubiera dedicado a hacer ese ejercicio hubiera comprendido que ello implicaba realizar un proceso contra todo el "antiguo régimen", con el "pequeño inconveniente" de que una enorme cantidad de funcionarios o protagonistas de entonces (y que nada tuvieron que ver con los hechos represivos) aún están entre nosotros y tienen enorme influencia en la vida política actual (y no sólo en el PRI sino también en anchas franjas del perredismo). Como cálculo electoral ese enjuiciamiento del pasado global pudo resultar útil, como lógica de gobierno cuando no se tiene siquiera mayoría legislativa, es un instrumento ideal para suicidarse políticamente, para no dejar satisfecho a nadie.
Vendrá ahora un larga disputa legal a partir de lo decidido respecto a negar la orden de aprehensión contra Luis Echeverría y los otros involucrados en la represión del jueves de corpus (el juez ni siquiera decidió sobre el fondo del tema, la acusación de genocidio: se limitó a establecer que ese delito, según lo tipificado en 1971, ya había prescripto), el caso llegará hasta la Suprema Corte de Justicia y será, a largo plazo, uno más de los fracasos de esta administración. Es más, después de lo dicho por el secretario de la Defensa, el general Vega García, incluso llegando a una condena, el gobierno federal tendrá que recurrir a un indulto.
No es "políticamente correcto" establecerlo en estos momentos de fuerte confrontación pero queda una vía para salir de este atolladero político, legal y humano en el que se han metido las autoridades. Existiría la posibilidad de no tener que recorrer todo este camino: se podría rebobinar la cinta y comenzar por donde se tendría que haber comenzado: por el congreso. El congreso tiene la posibilidad de decretar, como lo hizo en el pasado para los implicados en delitos políticos o ligados a grupos armados, una amnistía que puede incluir numerosos delitos del pasado, una ley amplia y generosa que sea un instrumento, no un obstáculo, a un proceso de reconciliación nacional que nos permita mirar hacia el futuro y establecer una base para que el gobierno que emergerá de las elecciones del 2006, puede transitar por caminos que la administración Fox no ha podido recorrer por sus propios errores e incertidumbres (o si se quiere por los obstáculos que le colocaron sus adversarios). De otra forma, la apuesta de mirar siempre hacia el pasado terminará atenazando irremediablemente el futuro. Esa mirada hacia el pasado es la que hoy nos tiene ante dos opciones: la simple restauración o una forma de populismo que es parte, también, de ella.