La verdad es que no me simpatiza en lo más mínimo el alcalde de Benito Juárez, el municipio donde se localiza Cancún, Juan Ignacio García Zalvidea, apodado el Chacho. No es personal, apenas si lo he visto una vez, pero no se puede tener menor confianza política en alguien que con un lenguaje florido, populista y vacío ha pasado en un lustro por todo el caleidoscopio político. Durante los 90 fue un amigo y beneficiario del gobierno de Mario Villanueva Madrid, incluyendo relaciones tan peligrosas que llevaron a su hermano Fernando a la cárcel, acusado de lavar dinero para el narcotráfico.
La verdad es que no me simpatiza en lo más mínimo el alcalde de Benito Juárez, el municipio donde se localiza Cancún, Juan Ignacio García Zalvidea, apodado el Chacho. No es personal, apenas si lo he visto alguna vez, pero no se puede tener la menor confianza política en alguien que con un lenguaje florido, ocurrente, populista y vacío ha pasado en apenas un lustro por todo el caleidoscopio político. Durante los 90 fue un amigo y beneficiario del tristemente célebre gobierno de Mario Villanueva Madrid, incluyendo relaciones tan peligrosas que llevaron a su hermano Fernando a la cárcel, acusado de lavar dinero para el narcotráfico.
No era una acusación plenamente infundada, en la compra de varios hoteles el hermano del ahora repuesto alcalde no podía explicar de dónde habían salido sus recursos y, sobre todo, algunos millones de dólares con los que había pagado esos inmuebles. No era una investigación realizada por los constructores de pruebas de antaño: uno de los principales investigadores del caso Villanueva fue el actual subprocurador sobre delincuencia organizada, José Luis Santiago Vasconcelos que, pese a la interesada campaña de desprestigio de algunos personajes como el publicista Santiago Pando, es, sin duda, uno de los hombres más talentosos y honestos que han pasado por esas siempre difíciles oficinas de lucha contra el narcotráfico.
Pero Fernando, el hermano del Chacho quedó en libertad, absuelto de sus delitos, luego de una intensa campaña de cabildeo que encabezó Juan Ignacio, apoyado por varias de las principales figuras del panismo, grupos clericales (la semana pasada el Opus Dei nos hizo llegar una carta donde niega terminantemente que los García Zalvidea hayan sido miembros de esa orden, la versión que algunos de sus defensores nos dieron en aquellas fechas para justificar su participación en el caso) y abogados tan destacados como el ex procurador Antonio Lozano Gracia. Por alguna razón esa campaña se centró más en Washington que en México. Pero el caso es que García Zalvidea quedó absuelto y el Chacho armó tan buenas relaciones políticas que pasó del priismo de Villanueva a ser legislador por el PAN.
Pero en el blanquiazul muy rápido se dieron cuenta que García Zalvidea no era confiable, que era un hombre con su propia agenda y sus muy personales intereses, y no lo quisieron hacer candidato en Cancún porque el panismo local tampoco lo quería. Entonces saltó al Partido Verde: los muchachos de Jorge Emilio González lo aceptaron sin problemas, era una oportunidad política de ganar una plaza tan importante como Cancún, donde la dirigencia verde pasaba tantas horas felices. Que el Chacho no haya manifestado jamás algún interés por el ecologismo y el medio ambiente era irrelevante, todos sabemos que en el partido Verde eso es lo menos importante.
Pero resultó que ya como alcalde García Zalvidea siguió con su propia agenda e ignoró a su nuevo partido. Cuando el Verde saltó de su alianza con el PAN a la actual con el PRI madracista, del que es parte el gobernador Joaquín Hendricks, la distancia entre el PVEM y el Chacho se hizo insalvable y eso debilitó seriamente su posición como alcalde de Benito Juárez. Perdió el apoyo de todos los legisladores locales salvo algunos del PRD pero más importante aún, por su mal desempeño desde tiempo atrás ha perdido el respaldo y el respeto de la poderosa industria hotelera de Cancún, que ha visto decaer la zona turística con relación a la cercana Rivera Maya, pese a los esfuerzos que realiza en la zona Fonatur: Los hoteleros han denunciado negocios oscuros de los hermanos García Zalvidea como la construcción de los hoteles Riu en una zona prohibida (precisamente violando ordenamientos ecológicos) y la proliferación de giros negros en la ciudad la mayoría de ellos relacionados con la prostitución, ideales, por cierto para actividades de lavado de dinero. Entonces a García Zalvidea no lo quieren en el PRI, ni en el PAN o el Verde, tampoco en la industria hotelera local.
Ante ese desprecio hizo lo lógico: saltó del Verde a tratar de buscar el refugio en el PRD. En el partido del sol azteca tienen la mala costumbre de aceptar a cualquier disidente de cualquier partido que les garantice que se pagará su elección y les atraiga algunos votos: en unas pocas oportunidades han tenido suerte y han obtenido buenos resultados y militantes o aliados honestos, en la mayoría de los casos fueron por lana (literalmente) y terminaron esquilmados. Ese será el caso ahora, si apoyan, como lo quiere hacer un sector de la dirigencia nacional, para la gubernatura de Quintana Roo (pese al rechazo de la militancia local del perredismo, a García Zalvidea para gobernador. Es verdad, tiene recursos y relaciones, pero su honestidad política como gobernante deja mucho que desear.
En ese contexto, se dio la destitución y la detención de Juan Ignacio García Zalvidea, acusado, sobre todo de malversar recursos públicos y solicitar préstamos sin autorización del ayuntamiento y el congreso local. Ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de una resolución elaborada por una de sus más respetables y reconocidas ministras, Olga Sánchez Cordero, ha ordenado su reinstalación como alcalde. Al momento de escribir estas líneas, García Zalvidea ya no estaba preso pero aún no había sido reinstalado en su cargo. Decía que no me simpatizo políticamente García Zalvidea, pero si su destitución fue ilegal debe ser restituido en ese cargo: no me imaginó cómo ni con quién podrá gobernar, tampoco me imagino cómo va a librarse de la cárcel cuando deje ese cargo y pierda el fuero que lo protege y por el cual la ministra Sánchez Cordero ordenó su restitución en el cargo (la ministra no fue al fondo del asunto, simplemente consideró que no se había seguido el procedimiento legal para destituirlo de su cargo, o sea que no se había ejecutado su desafuero), pero, insisto, si la ley está de su lado, García Zalvidea, debe volver a despachar en el municipio. Apartarse de los ordenamientos legales no ayuda a resolver los conflictos, los agudiza y esa debería ser una norma inviolable para todos los políticos, se llamen García Zalvidea, José Murat, Luis Echeverría o incluso Andrés Manuel López Obrador.
La Hillary se tambalea
El gobernador de Tlaxcala, Alfonso Sánchez Anaya, una vez más ha ignorado a la dirigencia de su partido. El martes pasado, Leonel Godoy, presidente nacional del PRD, volvió a exigirle que, para darle paso a la candidatura a gobernadora de su esposa, Maricarmen Ramírez, debía solicitar licencia al cargo este mismo fin de semana. El gobernador simplemente le dijo "no" y argumentó en una entrevista con Milenio Diario sobre las condiciones "especiales" que existen en su estado. No importan la legalidad y los principios de su propio partido, argumenta que si pide licencia tendrá que entregar el gobierno a un militante del PRI porque éste tiene mayoría en el congreso. O sea, es el poder por el poder, aunque eso afecte a su propio partido, descalifique el argumento que el PRD, con o sin razón, ha esgrimido contra la hipotética candidatura de Marta Sahagún de Fox y no tenga ningún asidero ético. Algunos de sus razonamientos son para la antología del naif nacional: dice Sánchez Anaya que los perredistas "la imagen que quieren ver es la del matrimonio, pero no la imagen de los políticos…yo diría que los tiempos de la esclavitud y la sumisión quedaron atrás" (sic). O sea que su matrimonio es una "imagen" que nos hacemos cuando tendríamos que ver en realidad a una sociedad política llamada algo así como Anaya-Ramírez y asociados. Es absurdo: nadie quiere impedir la carrera política de la señora Ramírez de Anaya, tanto no se la impide que es senadora (de minoría porque no ganó en su estado en el 2000, en esa que fue su primera participación en política una vez que su esposo fue gobernador), y puede seguir siéndolo hasta el 2006. Tampoco nadie le impediría entonces buscar una posición en la política local o tratar de ganar, ahora sí, una diputación de mayoría en su estado para buscar la candidatura en el 2010, cuando ya nadie pueda argumentar que su cargo es una generosa herencia que le dejó su esposo. Los Sánchez Anaya, él y ella, insisten en que su caso nada tiene que ver con el del matrimonio Fox pero nunca aciertan a explicar porqué serían diferentes cuando todo mundo los observa como más que similares. El gobernador no renunciará, su esposa tampoco quiere dejar la candidatura, el CEN del PRD deberá tomar una decisión a más tardar el lunes y si Leonel Godoy quiere conservar alguna autoridad sólo tendrá dos opciones: hacer que el gobernador pida licencia o desconocer la candidatura de Ramírez y designar a otro candidato, aunque eso signifique un costo político. Es verdad el PRD podría perder Tlaxcala, pero habría que preguntarse no sólo si Maricarmen Ramírez puede ganar la elección contra Mariano Zarur (que ya le ganó en el 2000) sino, yendo más allá, si alguna vez esa gubernatura fue suya.