Me temo que, salvo que ocurra algo muy extraño, en términos políticos, el gobierno federal ha decidido que a la fiscalía especial para delitos del pasado, que encabeza Ignacio Carrillo Prieto, se la dejará morir de muerte natural. Es verdad que falta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida sobre la prescripción o no de los hechos del 10 de junio de 1971 y por lo tanto sobre la posible consignación del ex presidente Luis Echeverría y otra decena de presuntos implicados en esos hechos, pero algo está sucediendo en la propia fiscalía y en su entorno que no son muy halagüeños para la causa de Carrillo Prieto.
Me temo que, salvo que ocurra algo muy extraño, en términos políticos, el gobierno federal ha decidido que a la fiscalía especial para delitos del pasado, que encabeza Ignacio Carrillo Prieto, se la dejará morir de muerte natural. Es verdad que falta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida sobre la prescripción o no de los hechos del 10 de junio de 1971 y por la tanto sobre la posible consignación del ex presidente Luis Echeverría y otra docena de presuntos implicados en esos hechos, pero algo está sucediendo en la propia fiscalía y en su entorno que no son muy halagüeños para la causa de Carrillo Prieto.
Lo más grave sucedió en los últimos días. En la presentación de un libro, el jueves en la noche, el fiscal Carrillo Prieto, declaró que días antes de la consignación del expediente sobre la investigación de los hechos del 10 de junio se había descubierto que las instalaciones donde se guardaban los documentos de la investigación habían sido allanadas por personajes desconocidos, se habló incluso de cerraduras forzadas y que faltaron documentos claves para demostrar que el delito de genocidio del que se acusa a Echeverría y otros implicados no había prescripto. Dijo también que se había presentado la denuncia y se había iniciado una averiguación previa al respecto. Al día siguiente, la reportera Isabel González investigó el caso y me dijo en la tercera emisión de Imagen Informativa, que no había en ninguna parte, ninguna denuncia, y por lo tanto ninguna averiguación previa sobre ese supuesto allanamiento y robo de documentos de esa indagatoria tan importante: que algo no checaba en la declaración del fiscal.
El lunes el procurador general de la república, Rafael Macedo de la Concha desmintió al fiscal Carrillo Prieto: dijo que, efectivamente, no había ninguna averiguación previa sobre ese tema e incluso aseguró en entrevista que el propio fiscal le había dicho que no había habido robo alguno y tampoco se habían violado las oficinas de la fiscalía. El procurador fue incluso cortante en el tema, como para no dejar dudas al respecto.
Ayer hablé con Ignacio Carrillo Prieto y aceptó que no había ocurrido ni el robo de documentos ni tampoco la violación del recinto de la fiscalía. Que todo se había debido a un error de foliación en los documentos de la averiguación previa que le hicieron pensar a alguien que faltaban documentos, pero que en realidad, aceptó, no era así. Por lo tanto tampoco había denuncia o averiguación previa. Pero también me dijo Carrillo Prieto que el problema no era ése sino que lo que había sido sustraído, que había desparecido, era la investigación original de los hechos del jueves de corpus, la que había iniciado el 11 de junio de 1971, el propio procurador Sánchez Vargas, y que en 1982, al finalizar el gobierno de José López Portillo se había decidido cerrar y archivar, considerando que los posibles delitos ya habían prescrito. Según me dijo Carrillo Prieto, la inexistencia de ese documento, invalidaba la prescripción y enviaba ésta hasta el año 2017, con lo que se podía reabrir la acusación actual, incluso considerando que el delito de genocidio, lo que no acepta el fiscal, pudiera prescribir.
Más tarde hablé con el abogado defensor de Luis Echeverría, con Juan Velásquez, quien me dijo que no era así. Que efectivamente el documento no existe porque por un acuerdo del propio poder judicial, numerosos casos enviados al archivo habían sido destruidos, por orden judicial, en 1997. Y que por eso no existe el documento, pero sí la constancia plena de esa resolución. Y que en todo caso, de existir ese documento, beneficiaría su causa y a sus defendidos, porque oficialmente allí se declaraba que el presunto delito ya había caducado.
Tengo aprecio personal por Carrillo Prieto y por la casi imposible lucha que está librando, pero ayer lo sentí inseguro y poco convincente. Se afirma que las diferencias de criterio entre distintas instancias de gobierno y particularmente de la PGR con la fiscalía se han ahondado en los últimos tiempos, en parte por errores cometidos por la fiscalía y en parte también por una visión diferente sobre el curso de las investigaciones. Y siento que si antes nunca estuvo demasiado acompañado por el gobierno federal Carrillo Prieto ahora está más solo que nunca.
Puede ser, como se ha dicho, consecuencia de los aparentemente renovados acuerdos entre el PRI madracista y el gobierno federal, pero esa sería una visión simplista de las cosas: ahí cuentan también los errores cometidos. No puedo imaginarme quién le dio la información a Carrillo Prieto de algo tan delicado como el supuesto robo de parte del expediente de la investigación de la fiscalía especial, con detalles tan precisos como las cerraduras forzadas, e incluso la información de que ya se había presentado la denuncia penal respectiva, cuando finalmente nada de eso sucedió: ni hubo robo, ni allanamiento ni por lo tanto denuncia. No puedo imaginarme quién le proporcionó al fiscal esa información pero si éste la tomó como buena sin verificarla personalmente, debe ser alguien de su primer círculo de colaboradores y también me debo imaginar que, quien sea esa persona, ya no debe estar laborando en la fiscalía. No se puede cometer ese tipo de errores. Y si se cometen es porque en la búsqueda de avanzar a como dé lugar en una investigación tan conflictiva algunos miembros de la fiscalía, con intereses propios en el tema le están fallando a Carrillo y éste, por lo tanto, debería revisar exhaustivamente a su personal de confianza para saber si aún les puede tener eso: confianza. Porque esta historia de los expedientes ha debilitado mucho la posición del fiscal.
Historias de genocidios
Por cierto, otras noticias internacionales tampoco fortalecen la posición de la fiscalía respecto a la acusación que ha presentado contra los presuntos inculpados por el jueves de corpus. Ya hemos dicho aquí que ese día hubo una terrible represión, que murieron, según la propia investigación, unas 38 personas (incluyendo algunos de los represores), que la misma es injustificable y, de ser judicialmente posible, debe ser castigada. Pero también dijimos que el delito por el que se acusa a esos implicados, incluido el propio Echeverría, el delito de genocidio, no podía ser comprobado, porque sencillamente no fue así: no hubo un genocidio salvo que se quiera malbaratar esa expresión hasta llevarla casi al ridículo.
Un ejemplo reciente: Estados Unidos ha insistido en la necesidad de sanciones a Sudán, acusando al gobierno de ese país de ejecutar un genocidio en la región de Dafur y ha logrado, incluso, una resolución favorable en el consejo de seguridad de la ONU para que acaben las matanzas y el gobierno de Sudán intervenga en Dafur. Se envió una comisión de expertos y militares de la Unión Europea a la zona para evaluar la situación y considerar si se estaba ejecutando un genocidio o no en Dafur. Pues bien, el lunes la comisión de expertos de la Unión Europea, a través de su portavoz Pieter Feith, especificó que sí, que en Dafur se estaban ejecutando atrocidades, que se ha asesinado a miles de personas y destruido aldeas completas. Según el informe de la UE, un millón 200 mil personas han sido expulsadas de sus hogares y 50 mil podrían haber muerto como consecuencia de los enfrentamientos entre los rebeldes locales contra las milicias árabes gubernamentales, los llamados janjawid. Pero a pesar de reconocer la virulencia del enfrentamiento y las atrocidades cometidas por las milicias gubernamentales ("está claro, dijo el jefe de la misión, que se han producido masacres lenta y silenciosamente y que se queman pueblos a gran escala"), la misión de la UE ha considerado que las mismas no pueden considerarse como un genocidio contra la población de Dafur. Precisamente porque esos organismos internacionales no quieren rebajar la importancia de la palabra y aplicarla sólo cuando éste realmente sea tal. Preguntémonos entonces cómo se transformará en genocidio, y será reconocido como tal por la justicia local y la comunidad internacional, la represión (salvaje y brutal, sí) de una marcha estudiantil aunque haya ocasionado 38 muertos. No simpatizó con Echeverría ni mucho menos con los hechos represivos ejecutados en aquellos años, pero tampoco ayuda a nadie buscar en una verdad histórica una verdad jurídica que, lisa y llanamente, no parece existir. Y no ayuda porque ello, finalmente, terminará debilitando, incluso, la verdad histórica.