Nuevamente se realizó la revisión contractual de Petróleos Mexicanos. Estamos muy lejos de las épocas, apenas dos años atrás, en que esa revisión llegó casi al punto del estallamiento de la huelga de PEMEX, todo ello en el marco del pemexgate, una operación mediante la cual la dirección de Petróleos Mexicanos en aquella época dirigida por Rogelio Montemayor, entregó al sindicato, como parte del cumplimiento de distintos convenios previos, poco más de mil 500 millones de pesos, que terminaron, según las acusaciones oficiales, una parte de ellos en las oficinas de campaña de Francisco Labastida.
Nuevamente, como cada años, se realizó la revisión contractual de Petróleos Mexicanos. Estamos muy lejos de las épocas, apenas dos años atrás, en que esa revisión llegó casi al punto del estallamiento de la huelga en PEMEX, todo ello en el marco del llamado pemexgate, una operación mediante la cual la dirección de Petróleos Mexicanos en aquella época dirigida por Rogelio Montemayor, entregó al sindicato, como parte del cumplimiento de distintos convenios previos, poco más de mil 500 millones de pesos, que terminaron, según las acusaciones oficiales, una buena parte de ellos en las oficinas de campaña de Francisco Labastida y 43 millones de dólares en una cuenta en una casa de bolsa de Nueva Cork de la empresa Donaldson, Lufking & Jenrette Securities Corp.
El caso, muy controvertido porque se basó en el testimonio de algunos testigos protegidos como toda prueba, provocó una serie de acusaciones penales, por las cuales se ha juzgado a distintos funcionarios de PEMEX, incluyendo a Rogelio Montemayor actualmente en proceso de deportación de Houston a México, a dirigentes petroleros, como el propio secretario general del sindicato, Carlos Romero Deschamps y el secretario de finanzas, el actual senador Ricardo Aldana, ambos amparados y en libertad, y algunos dirigentes del PRI, entre ellos el entonces secretario de elecciones Carlos Almada (un hombre en muchos sentidos ejemplar en la política y la administración pública, que de ninguna forma merece el trato que se le ha dado), actualmente prófugo.
El caso se hizo famoso porque fue impulsado hasta el final por el entonces secretario de la Contraloría y actual líder de la fracción panista en la cámara de diputados, Francisco Barrio Terrazas, a pesar de la oposición de la PGR y de otras instancias del gobierno federal, que no veían que se pudiera construir ese caso con seriedad con la información disponible y preveían graves conflictos políticos con el PRI. Se llegó al límite de que esas divergencias se manifestaron públicamente cuando Barrio Terrazas y el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, se confrontaron públicamente cuando el primero dijo que no cambiaría lingotes de oro por cacahuates, en relación con la oposición de Gil Díaz a la averiguación del pemexgate, argumentando que ello impediría la reforma hacendaria que en esa época estaba acordada en principio con la fracción priista en la cámara de diputados que encabezaba Beatriz Paredes. Por supuesto, para Barrio los lingotes de oro eran los del pemexgate y los cacahuates la reforma hacendaria.
Han pasado dos años y gracias a esa acertada y visionaria estrategia, el gobierno parece haberse quedado sin una cosa y sin la otra, y ahora está tratando de reconstruir esas alianzas para sacar, hoy sí, una tímido paquete de reformas (que ya incluyó la de la ley del IMSS) en materia fiscal y estructural, con el apoyo de la fracción madracista del PRI, incluso, no se puede desligar esta renovación del contrato colectivo con la propuesta aprobada en la reunión de los diputados priistas en Guadalajara de realizar varias reformas a Pemex que incluyen desde la posibilidad de que ahora sí puedan ingresar al consejo de administración de la empresas consejeros independientes (como lo intentó el gobierno federal al inicio de esta administración) además de varios cambios importantes demandados por la actual gerencia de Petróleos Mexicanos. Pero para eso se requieren acuerdos y entonces cambia todo el escenario: los cacahuates se han convertido en lingotes de oro y viceversa.
El Pemexgate, por lo menos en sus vertientes de supuesto lavado de dinero y otros delitos graves, nos podrá parecer éticamente inaceptable pero nunca tuvo demasiado sustento legal y ahora se ha comprobado que no sólo ello, sino que además, se ha convertido en un lastre político, porque esa arma que algunos foxistas consideraban que sería clave para ganar la mayoría en el congreso en el 2003, demostró no tener eficacia alguna. ¿Qué mejor demostración de ello que el nuevo convenio que firmó PEMEX con su sindicato y que está vigente desde el primero de agosto pasado y divulgado el día de ayer? Petróleos Mexicano hizo lo que hace cada año, renovar su contrato colectivo con el sindicato de la empresa donde se incluyen numerosas cláusulas que implican el traslado de muchos recursos al sindicato.
Es lo mismo que hizo en su momento Rogelio Montemayor y si lo hecho por el ex gobernador de Coahuila es considerado un delito, se deberían estar preparando, ya, las órdenes de aprehensión contra Raúl Muñoz Leos y sus principales funcionarios, si se utiliza la lógica que aplicó Barrio Terrazas en la investigación del Pemexgate. Porque la empresa acordó el 26 de julio pasado entregarle al sindicato, además de todas las prestaciones de ley, 8 mil millones de pesos extras (una cantidad muy superior a la del pemexgate) por rubros muy similares a los que se establecieron en aquel acuerdo del 2000 que llevó a la célebre investigación.
PEMEX se comprometió a entregar al sindicato a entregar 4 mil 200 millones de pesos para el fondo de viviendas del sindicato; más de 2 mil 800 millones para servicios médicos y además, como siempre, gastos para fiestas sindicales, instalaciones y actividades deportivas y distintos gastos del sindicato. Uno de los puntos clave, por lo menos por su repercusión política, es la cláusula séptima del contrato que establece que el sindicato se compromete a realizar todas las gestiones necesarias para regresar a México los 43 millones de dólares depositados en la casa de bolsa de Nueva York que son parte del pemexgate. ¿Por qué es clave? Por la sencilla razón de que para realizar esas "gestiones" sería necesario que PEMEX y obviamente la PGR terminaran de desistir en los procesos contra Deschamps y Aldana. Incluso se asegura que habría un capítulo adicional a la renovación del contrato colectivo que no ha sido divulgado y que, de facto, concluye el conflicto legal entre la empresa y el sindicato. Incluso sin ello, si vemos el conjunto del documento, podemos comprobar que todo va en ese sentido.
El punto aquí es que no se pueden seguir manteniendo dobles o triples lecturas: si el pemexgate fue un delito electoral, si el PRI recibió ilegítimamente 500 millones del sindicato para la campaña electoral del 2000, ya está ahí la multa que le aplicó el IFE al PRI; si las prácticas que se realizaban antes en torno a los acuerdos entre la empresa y el sindicato son legítimos, como parece demostrarlo el que se continúen realizando ahora, incluso por montos mucho mayores a los de antaño, ello implica que los procesos contra los ex funcionarios de PEMEX y los dirigentes sindicales no tienen razón de ser: ¿cómo explicar que se persigue un convenio entre la empresa y el sindicato por mil 500 millones de pesos y el pasado 28 de julio se firmó uno por casi 8 mil millones?
Es una demostración más de que no existe una línea clara, definida, de la administración federal respecto a cómo abordar el pasado, ni el lejano ni el reciente, y por ende su relación con el priismo. La decisión sabemos que causó conmoción en algunos sectores del gobierno federal y ayer tiene que haberse realizado una reunión con el propio presidente Fox de todas las partes del gobierno involucradas en esta historia para tratar de establecer una línea única respecto a PEMEX, el sindicato y los rescoldos del pemexgate. Obviamente no se esperaban declaraciones públicas al término de la misma.
En todo caso, pese a la poca simpatía que generan personajes como Romero Deschamps o Aldana, a las críticas sobre la ética empresarial o sindical que lleva a destinar tamaños recursos de la empresa paraestatal al sindicato o la decisión de éstos de financiar con ellos a un partido político, no deja de ser algo a tomar en cuenta el que la administración Fox está decidida, ahora sí y aunque ello le ocasione costos altos en muchos sentidos, a tratar de comenzar a cerrar algunos de sus innumerables expedientes abiertos con el fin de garantizar los márgenes de gobernabilidad.
La oscura transparencia en el DF
Hoy habrá una junta del consejo de transparencia del DF en el que los partidarios de López Obrador buscarán ajustar cuentas y desaparecer a las dos únicas consejeras ciudadanas de ese organismo (los otros 16 trabajan para AMLO). Un personaje será clave para esos ajustes de cuentas: se trata de un oscuro funcionario del Tribunal Superior de Justicia del DF, Eduardo Brambila, quien se está encargando del trabajo sucio contra el consejo del que forma parte. No lo pierda de vista.