Dentro de diez días se cumplirán dos meses de la movilización social más importante que se ha registrado en los últimos años en nuestro país: la marcha contra la inseguridad que juntó a cientos de miles de personas en el Distrito Federal y que tuvo réplicas en otras 20 ciudades del país. Decíamos entonces que el gobierno federal había reaccionado con lentitud ante la magnitud de la marcha y cuando el finalmente el presidente Fox dio una respuesta a las demandas de las organizaciones convocantes, ésta fue positiva, pero tímida e incluso el presidente se puso un plazo de dos meses para cumplir con los objetivos planteados por él mismo.
Dentro de diez días se cumplirán dos meses de la movilización social más importante que se ha registrado en los últimos años en nuestro país: la marcha contra la inseguridad que juntó a cientos de miles de personas en el Distrito Federal y que tuvo réplicas en otras 20 ciudades del país. Decíamos entonces que el gobierno federal había reaccionado con lentitud ante la magnitud de la marcha (aunque por lo menos no la ridiculizó e ignoró como hizo el jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador) y cuando finalmente el presidente Fox dio una respuesta a las demandas de las organizaciones convocantes, ésta fue positiva, pero tímida e incluso el presidente se puso un plazo de dos meses para cumplir con los objetivos planteados por él mismo.
Los compromisos asumidos no cubrían los principales reclamos de los manifestantes del 27 de junio, pero tenían algunos aspectos importantes: acordar acciones "contundentes" contra la inseguridad con todos los gobernadores del país o someter a un proceso de depuración permanente a los efectivos de la PGR y la secretaría de seguridad pública. Lo demás eran casi formalidades o compromisos administrativos (campañas de comunicación, atención de denuncias con "calidad total", asistir a reuniones con procuradores o convocar, algo que simplemente se debe hacer por ley, al consejo de seguridad pública). El martes, en la reunión del consejo de seguridad pública el presidente Fox reconoció que aún falta mucho por hacer, aceptó que el gobierno federal debía seguir trabajando en el tema, pero también cometió un error que decepcionó, en la sociedad y entre las organizaciones interesadas en el tema de la seguridad, anunciando que, con quince días de anticipación había cumplido con los compromisos asumidos el 1 de julio. "Yo ya cumplí", dijo el presidente y pareció que, ahora, le tocaba a los otros actores de la vida política nacional.
Es verdad que la intervención presidencial y de otros funcionarios no estuvo íntegramente impregnada de esa concepción pero fue un error, primero porque la verdad es que no se ha cumplido plenamente siquiera con los compromisos planteados (una cosa, por ejemplo, es someter a un proceso de "depuración permanente" a los miembros de la PGR y la PFP y otra que se publique un acuerdo mediante el cual los funcionarios de la PGR deban aprobar los procesos de evaluación de la propia entidad; una cosa es acordar acciones "contundentes" contra la inseguridad y otra presentar un programa emergente a los gobernadores a ver qué resulta de él), sino que además, pareciera que con ello el gobierno federal (cuando probablemente no es esa su intención) se quisiera deshacer de la responsabilidad en un tema clave para el futuro.
Es más desconcertante esa declaración presidencial porque la reunión de seguridad que se realizó el lunes pasado, se dio exactamente 48 horas después de que renunciara o se le pidiera la renuncia, se lo jubilara pues, al secretario de seguridad pública, Alejandro Gertz Manero y de que asumiera esa nueva responsabilidad Ramón Martín Huerta. La ocasión propiciaba que se anunciara una vuelta de tuerca en el tema de la seguridad, que se destacara lo que faltaba por hacer, que se anunciaran compromisos muy concretos en la materia, más aún porque viene un nuevo periodo ordinario de sesiones en el congreso donde pueden sacarse acuerdos que ayuden a mejorar la seguridad pública con base en las demandas de las organizaciones sociales.
¿Qué debe hacerse? No es ningún secreto: ahí están los 80 puntos, las 80 propuestas concretas para luchar contra la inseguridad y los secuestros que se presentaron días antes de la marcha. Cualquiera de esas propuestas podrían aplicarse si simplemente existiera voluntad política para hacerlo. Recordemos esas propuestas porque la memoria histórica a veces es muy corta: básicamente se pedía controlar a los ministerios públicos y las policías, y establecer penas ejemplares para los ministerios públicos que otorguen libertad caucional a presuntos responsables de delitos sin verificar previamente si se trata de reincidentes o habituales o si existen órdenes de aprehensión en contra de esas personas: preguntémonos, ¿se han tomado acciones en ese sentido? No en ninguno de esos sentidos. Es verdad que algunos de esos puntos están contemplados en la iniciativa presidencial sobre seguridad y justicia, pero hoy, en ese capítulo estamos igual que antes.
¿Se ha hecho algo para que se establezca que cuando se demuestre mediante juicio que en un proceso penal se hayan dado actos de corrupción que pudiera haber influido en la sentencia, ésta sea invalidada? Ni se ha hablado del tema. Entre las demandas de los manifestantes del 27 de junio se reclamaba la institucionalización y unificación de las corporaciones policiales, dignificando la actividad y estableciendo estrictos controles sobre la actuación de la policía. De esa demanda tan específica a la ratificación de que todos los elementos de la PGR y la PFP deberán pasar los exámenes que, desde tiempo atrás, ya se les aplicaban, existe una diferencia notable. En los hechos, las organizaciones demandaban, como volvieron a demandar el lunes, la creación de Instituto Nacional de Seguridad Pública que permitiera esos controles y que le diera a la sociedad una participación mucho mayor en el tema de la seguridad que trasciende, por supuesto, el de invitar a algunos ciudadanos a las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública. El Instituto es un paso en la ciudadanización del tema y en el establecimiento de controles y seguimientos de todo el proceso, desde que se comete un delito hasta que se da una sentencia, una instancia que podría ser fundamental para cambiar la orientación de la procuración e impartición de justicia en nuestro país.
En este sentido, el 27 de junio se presentaron otras demandas que tampoco, hasta ahora, han avanzado, por ejemplo, el establecimiento de mecanismos de cooperación claros que obliguen a la persecución de delincuentes que actúen en una entidad cuando se internen en otra. Tampoco se ha avanzado en algo tan sencillo como fijar normas de control para que se sepa quiénes son los verdaderos propietarios de un teléfono celular o, más sencillo aún, el colocar bloqueadores para llamadas de celular en todos los penales del país. No sería difícil tipificar como delincuencia organizada el secuestro realizado por dos o más personas, independientemente del número de secuestros anteriores que éstos hayan realizado u organizar ministerios públicos especializados en el tema de secuestros u obligar a las empresas privadas que intervienen (en muchos casos con notoria incapacidad) como intermediarias en los secuestros a informar en un máximo de 72 horas a las autoridades de los mismos u homologar muchas de las penas que más afectan a la población, precisamente como el secuestro y el secuestro express, en todos los códigos penales del país.
Es verdad que en el reciente periodo extraordinario se sacaron algunas iniciativas que son un avance en el ámbito de la seguridad. Pero no hemos tenido, no se ha dado ni se ha planteado con claridad, un verdadero debate en el gobierno federal, en los estatales, en el congreso y en los partidos sobre el tema. Es verdad, también, que en el gobierno federal y algunos estatales, parece haber por lo menos preocupación respecto a lo que sucede en el ámbito de la seguridad, mientras que en otras entidades, como por ejemplo el DF, el jefe de gobierno ni siquiera se dignó llegar a la reunión y no termina de proporcionar, aún, todos los datos de sus distintas corporaciones policiacas al sistema nacional de seguridad pública. Pero eso no puede ocultar el hecho de que nadie puede decir que "ya cumplió" con la sociedad en el desafío de la inseguridad. Ni el presidente Fox y casi ningún otro gobierno local ni el congreso nos ha cumplido plenamente en ese ámbito. Es demasiado lo que falta por hacer.