Los resultados de la Convención Nacional Hacendaria no terminarán siendo la noticia más espectacular de la semana, pero no se los debería desechar a priori ni tampoco dejar de leer correctamente los mensajes que a partir de ella se están enviando. Es verdad que, como se ha dicho, la convención tuvo quizás un defecto de origen: la decisión de que los acuerdos tenían que adoptarse por unanimidad, no por mayoría y eso, la necesidad de tener un consenso absoluto, impidió que muchas buenas iniciativas pudieran prosperar en su seno.
Los resultados de la Convención Nacional Hacendaria no terminarán siendo la noticia más espectacular de la semana, pero no se los debería desechar a priori ni tampoco dejar de leer correctamente los mensajes que a partir de ella se están enviando. Es verdad que, como se ha dicho, la convención tuvo quizás un defecto de origen: la decisión de que los acuerdos tenían que adoptarse por unanimidad, no por mayoría (ni siquiera por mayoría calificada de dos terceras partes de los participantes) y eso, la necesidad de tener un consenso absoluto, impidió que muchas buenas iniciativas pudieran prosperar en su seno.
Pero incluso partiendo de esa base, el hecho es que la gran mayoría de los gobernadores sí pudieron establecer acuerdos, algunos de ellos importantes, como para sacar adelante varias reformas que se han estancado en los últimos años. Fuera del ambiente de cruda polarización que existe en la ciudad de México entre varios de los principales actores políticos, no deja de ser significativo que en la clausura de trabajos de la convención estuvieron todos los gobernadores del país, con excepción de dos que han sido precisamente de los más beligerantes: el jefe de gobierno López Obrador y el gobernador de Oaxaca, José Murat. En otras palabras, si se lee correctamente lo que están pensando y haciendo lo gobernadores se comprobará que existe una intención de llegar a acuerdos mucho mayor del que muestran sus propios liderazgos partidarios.
Con todo, esos acuerdos no serán sencillos: la convención adoptó un método de trabajo que impidió conciliar las diferentes posiciones que se plantearon en sus tres mesas principales y dejará en manos de los legisladores el ajustar contradicciones importantes que se registran entre las propias propuestas de la convención. Los ejemplos son muchos, por ejemplo, la propuesta para modificar el régimen fiscal de PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad, lo que les dará a estas empresas paraestatales muchos más recursos que ahora para invertir en infraestructura y exploración. ¿Quién podría oponerse a ello? El problema es otro: ¿cómo se van a compensar esos miles de millones de pesos que dejarán de ingresar al fisco a la hora de organizar el gasto público? Para compensar esos ingresos se tendrían que reformar distintas áreas fiscales y volver a analizar el tema de la recaudación. Porque con o sin reforma hacendaria, México sigue siendo uno de los países con más bajo porcentaje de ingresos fiscales con respecto al PIB (menos de la mitad que Chile, por ejemplo y bastante menos que Brasil) y sobre ese tema en la Convención se habló mucho, hubo varias propuestas, pero no se llegó a conclusiones importantes.
Eso se relaciona con otro tema que tampoco ha sido bien explicado. Se ha dicho que se llegó a un acuerdo para bajar el IVA de 15 a 12 por ciento, pero con la atribución de los estados y municipios de recaudar el 3 por ciento adicional. Debe quedar claro que no hay ninguna reducción del IVA para el consumidor: seguiremos pagando 15 por ciento, la diferencia ahora es que de ese porcentaje, efectivamente el 2 por ciento será recaudado por los estados y el uno por ciento restante por los municipios (en realidad sólo por la mitad de los municipios del país, porque la otra mitad no tiene condiciones como para realizar esa tarea y se tendrá que definir si esa parte la recaudan los estados o el gobierno federal para entregarla a esos municipios).
Tampoco nadie podría oponerse a esa decisión: es un impulso al federalismo, se involucra a los estados y municipios en el esfuerzo recaudador y se los termina haciendo parte de una cultura que les permitirá en el futuro financiar con mayor facilidad y certidumbre su propio desarrollo. Pero ¿quién controlará esos recursos extras que llegaran a los estados? Hoy vivimos una suerte de sistema político en dos tiempos, donde muchas de las realidades que se dan en el ámbito federal no se reflejan aún en los estados. Muchos gobernadores siguen gobernando como si nada hubiera pasado en la última década, sin rendir cuentas o teniendo mecanismos de control por lo menos endebles, sin ninguna participación real de la ciudadanía, de otras instancias de gobierno o de sus oposiciones.
Ejemplos hay muchos: el gobierno de Oaxaca se ha ido hasta la Suprema Corte con tal de no aceptar que los recursos del llamado ramo 33 del presupuesto, que son los que le envía la Federación al estado para el gasto social y que van "etiquetados" para proyectos, obras e incluso municipios específicos, puedan ser auditados por la Auditoria Superior de la Federación. Estamos hablando de miles de millones de pesos del presupuesto federal que las propias instituciones de la federación no saben a dónde fueron a parar. El argumento es que las auditorias las deben hacer las instituciones estatales, el problema es que evidentemente no existe mecanismo de control y transparencia alguno y la ciudadanía (o las oposiciones) tampoco pueden saber cómo se utilizaron esos recursos.
Vayamos a otro caso: Nayarit, allí el gobernador Antonio Echevarría (que ayer ya lanzó, él también, a su esposa como candidata a sucederlo aunque en este caso ningún partido parece dispuesto a aceptarla), no ha logrado en sus casi seis años de gobierno que el congreso local le apruebe, por las numerosas irregularidades registradas, la cuenta pública del estado. Es la única entidad de la Federación que en cinco años, no ha recibido, nunca, la aceptación de los gastos del gobierno estatal. Y no pasa nada, no existen instancias locales que permitan establecer un mecanismo de control y sanción sobre el gasto en el estado. O ahí está el caso del propio GDF, donde muchos de los gastos de las obras públicas del gobierno no pueden ser auditadas, algunas por considerarse como parte del secreto fiduciario (un recurso que utiliza también la Federación y muchos otros estados para ocultar sus finanzas) y otras porque el gobierno local, simplemente, las consideró como secretos de Estado.
Si los legisladores no crean esos mecanismos de control, una buena medida, como la federalización de parte de los ingresos fiscales, lo que terminará ocasionando es el fortalecimiento de este sistema de dos tiempos, donde las realidades políticas nacionales no se condicen con las estatales. Y nada indica que los legisladores vayan, en estos momentos, a poner condicionamiento alguno a los gobernadores.
Esas son sólo algunas de las contradicciones que se presentan en las resoluciones de la Convención, hay muchas otras. El punto es que esas contradicciones y algunas decisiones sobre las que la Convención prefirió no tomar posición, como un IVA de 3 o 4 por ciento a los alimentos, caerán, nuevamente, en el ámbito de los legisladores donde, una vez más, podrían estancarse y dejar esos acuerdos, otra vez, en letra muerta.
Cervera Pacheco: ahora fue el corazón
Hace tres meses, Víctor Cervera Pacheco había sido derrotado, por primera vez en su vida en unos comicios, por el candidato del PAN a la alcaldía de Mérida, Manuel Fuentes, en unos comicios especialmente cerrados. Ayer al ex gobernador (durante diez años) de Yucatán, lo venció el corazón y falleció prematuramente (tenía, a pesar de su muy larga carrera política, sólo 68 años) de un infarto. Nunca simpaticé con la forma de hacer y entender la política, de ejercer el poder del Cervera Pacheco. Recuerdo, en lo personal, como protegió para que, desde sus oficinas pudiera escaparse, fugarse de los judiciales que lo custodiaban, el entonces gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, buscado ya por su relación con el narcotráfico. No puedo olvidar cómo, casi al mismo tiempo que se daban esos hechos, por la descripción que hacía del tráfico de drogas en la península de Yucatán, en el cual Villanueva era figura central, el gobernador le prohibió a todos los empleados estatales ir a la presentación de mi libro Narcotráfico y Poder. Y ni uno de ellos se apareció en el salón. Pero también se debe reconocer que, para mi asombro, cuando hablaba con la gente en Yucatán, sobre todo con empresarios e inversionistas, su opinión de Cervera era buena. Decían que garantizaba la seguridad, que sí trabajaba, que realizaba una intensa política social, aunque aceptaran que se trataba de un dinosaurio político que, además, podía pasar de las posiciones más duras a algunas aparentemente muy liberales (como su posición respecto al aborto y la apertura política hacia las mujeres) en segundos. Cervera era ya un personaje del México del ayer, pero que, en ese sistema de dos tiempos que vivimos, aún tenía mucha influencia en la política de hoy.