Fuera de lo acordado en las Convención Nacional Hacendaria, la administración Fox tiene pocas posibilidades de avanzar seriamente en reformas importantes, sobre todo si desperdicia el próximo periodo ordinario de sesiones que comenzará el primero de septiembre. Si bien existe el peligro de que el posible desafuero de López Obrador termine contaminando todo la labor legislativa también es verdad que existen algunos indicios de que podría haber avances en otros sentido.
Fuera de lo acordado en las Convención Nacional Hacendaria, la administración Fox tiene pocas posibilidades de avanzar seriamente en reformas importantes, sobre todo si desperdicia el próximo periodo ordinario de sesiones que comenzará el primero de septiembre. Si bien existe el peligro de que el posible desafuero de López Obrador termine contaminando todo la labor legislativa (y en este sentido el discurso del presidente Fox en Cuernavaca con los diputados panistas no contribuyó demasiado a distender el ambiente: ¿para qué hacer pública esa intervención?) también es verdad que existen algunos indicios de que podría haber avances en otros sentido. Por una parte, en la propia presidencia de la república se dice que no se llevarán al congreso propuestas que no tengan ya un consenso básico, una mayoría posible; en el PRI, como Roberto Madrazo ha tomado personalmente la relación con la presidencia de la república, existe ahora interés en sacar reformas que le den al presidente del tricolor otra imagen, de cara al 2006, sobre todo respecto a ciertos grupos de poder; y si bien en el PRD la gran mayoría de los legisladores estarán abocados casi por completo al tema López Obrador, existen algunos personajes y grupos que están dispuestos a trabajar sobre otros caminos.
En este sentido, el gobierno federal tendrá una oportunidad política, que no debería desaprovechar, la próxima semana. A mitad de la semana, un grupo de entre 40 y 50 legisladores (diputados y senadores) de todos los partidos políticos, presentarán una propuesta llamada "Seis reformas para que México avance", que, de tener una rápida respuesta del propio gobierno federal podría permitir comenzar a trabajar desde el mismo primero de septiembre con una agenda básica.
Esos diputados y senadores, todos ellos caracterizados por ser considerados reformistas en sus respectivos partidos, plantean seis grandes reformas desgranadas en varios puntos que podrían ser la base de esa agenda común. En el ámbito de la reforma política se plantea una reducción del costo de la democracia, disminuyendo, entre otras medidas, el financiamiento electoral de los partidos en las campañas intermedias, el fortaleciendo la capacidad de fiscalización del IFE y la regulación de las precampañas; también proponen cambios en el propio poder legislativo mediante la reelección de diputados, senadores y legisladores locales, reduciendo el número de diputados a 400 y regresando a la fórmula original en el senado, eliminando a los senadores de representación proporcional (que, además, insistimos nosotros, viola los principios del pacto federal). En el ámbito económico, la propuesta de este medio centenar de legisladores que será dada a conocer la próxima semana, incluye numerosas medidas hacendarias: como se planteó en la CNH propone reducir el IVA de 15 a 12 por ciento, pero dejándole a los estados la potestad para el 3 por ciento restante; propone un IVA a alimentos y medicinas del 4 por ciento, reducir el ISR a 25 por ciento para personas físicas y a 30 por ciento para las personas morales; modificar el régimen fiscal de PEMEX y la CFE. Proponen también diversas reformas en el ámbito presupuestal; en el energético (liberalizando en forma importante el mercado) y una sencilla reforma laboral.
Todas son reformas que pueden sacarse relativamente rápido, porque ya han sido discutidas muchísimas veces, pero para eso se requiere de método y sentido y quizás se necesita algo más que una propuesta presentada por legisladores y avalada por el propio poder ejecutivo. Por lo menos faltarían dos cosas en esta propuesta que será dada a conocer la próxima semana. Por una parte, avanzar en el cómo: se debe definir un método que permita trabajar en este sentido. Hasta ahora las mesas o el simple trabajo en comisiones del congreso ha demostrado que no es suficiente. Debe haber una agenda muy concreta, con objetivos muy específicos, con personajes decididos a alcanzar esos acuerdos y representatividad en sus respectivos partidos como para sacar adelante la agenda. En ese mismo sentido, se deberían aprovechar las experiencias del pasado, cuando en las grandes reformas del 89, del 94, del 96, se trabajó con grupo pequeños, con agendas muy específicas y con objetivos concretos y posibles.
El otro punto está relacionado con la ausencia de un "gancho" para que los partidos puedan avanzar en estas propuestas. Falta quizás la reforma más importante de todas porque sin ella difícilmente se podrá avanzar en lo demás: falta establecer las reglas de una nueva gobernabilidad. Para el 2006 no tendremos mayorías absolutas, no tendremos ningún candidato que pueda contar con una mayoría propia en el congreso como para sacar su agenda legislativa en caso de ganar las elecciones. No lo tenemos desde 1997 y, sobre todo desde el 2000, esa carencia ha ocasionado una suerte de parálisis legislativa que frena todo. Desde el propio poder se ha querido responsabilizar de ello a los legisladores, y la verdad es que se trata de una suerte de responsabilidad compartida: el ejecutivo no ha sabido operar políticamente en esa realidad, los legisladores no han ayudado en casi nada para legitimar su labor, pero, sobre todo, existe un diseño institucional que no premia el acuerdo sino la oposición. Nada, en el diseño institucional de nuestra gobernabilidad, premia el acuerdo, al contrario.
Para ello se requieren varias reformas, pero una es central y en torno a ella pueden girar todas las demás: la transformación del sistema de un presidencialismo vertical, a un mecanismo semipresidencialista, en el cual exista un jefe de gabinete o primer ministro, propuesto por el presidente en funciones pero que requeriría ser ratificado por la mayoría del senado. Esa sola reforma permitiría desligar, aunque sea en parte, las funciones del jefe de Estado del jefe de gobierno, daría una mayor estabilidad y movilidad política al sistema y, también posibilitaría la existencia de una hipotética mayoría legislativa porque ese primer ministro o jefe de gabinete sería la expresión de la misma.
Esa es la reforma clave, no sólo para el futuro, para el próximo sexenio, sino también para el presente. Por la sencilla razón de que si desde ahora existe un acuerdo en ese sentido, los partidos, los precandidatos, los legisladores, tendrán que pensar, al apoyar u oponerse a cualquier iniciativa, que ello se reflejará en los acuerdos que tendrán que alcanzar para cogobernar, ganen o no las próximas elecciones. Ese, no otro, es el eslabón que permitirá jalar del resto de la cadena y que podría cambiar, aunque sea en algo, el ambiente político nacional.
Los Sánchez de Tlaxcala: la buena y la mala
Como cualquier melodrama televisivo, la trama de los Sánchez de Tlaxcala, continúa diversificándose y dándonos sorpresas. Ayer el papel protagónico lo tuvo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que les dejó con una noticia buena y otra mala. La buena es que el TEPJF decidió que ningún partido puede prohibir en sus estatutos que la esposa o los familiares en primer grado del presidente de la república (lo que se extiende por ende a cualquier cargo de elección popular) puedan competir para suceder a éste en esa responsabilidad. Con esa resolución no sólo Maricarmen Ramírez podría fortalecerse en su posición sino que también se le da luz verde a la esposa de Antonio Echevarría en Nayarit e incluso a la señora María Rubio que dice que quiere competir en Quintana Roo. Por supuesto, aunque ya no esté entre sus objetivos inmediatos, podría volver a colocar en el camino político-electoral a Marta Sahagún de Fox. Pero la mala para los Sánchez de Tlaxcala, es que el propio Tribunal decidió que no era procedente la denuncia de la señora de Sánchez Anaya porque el PRD aún no ha registrado candidato en el estado y tiene hasta el 30 de agosto para hacerlo. Ayer mismo, las dirigencias del PRD y de Convergencia ratificaron que irán juntos a las elecciones (sin Maricarmen) y, al ser ésta una alianza, el CEN perredista tiene capacidad legal para designar al candidato sin recurrir a ninguna consulta interna. Y con ello, Maricarmen Ramírez queda fuera de la contienda.